El Centro Democrático respondió al comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que aseguran que existió una “política de conteo de cuerpos” al interior del Ejército durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una carta, la colectividad, en cabeza de su director Gabriel Jaime Vallejo, expresó su “extrañeza y preocupación”.
“Con el mayor respeto por la labor investigativa que realizan, quisiera aportar elementos que considero fundamentales para enriquecer el análisis histórico y garantizar un enfoque justo y equilibrado frente a estos dolorosos episodios que han marcado nuestra Nación”, manifestó Vallejo en la misiva.
En primer lugar, el partido expresó su solidaridad y respeto con las víctimas de los falsos positivos, pero resaltan que durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se implementaron “medidas claras y consistentes para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”.
Aseguran que se hizo a través de “directrices y discursos públicos claros, normas y medidas preventivas específicas, acciones inmediatas frente a denuncias, decisiones ejemplarizantes y resultados concretos al cierre del Gobierno”.
“A partir de noviembre de 2008, no se registraron nuevas denuncias de estos crímenes. Se logró la judicialización de 1.371 miembros de la fuerza pública, con más de 370 condenas”, expresó la colectividad a la JEP.
Y afirman que, si bien durante el Gobierno del expresidente Uribe se priorizó la “desmovilización y la neutralización legítima de estructuras criminales”, pero nunca se utilizó el conteo de cuerpos como política del Ejército.
“Por el contrario, este término fue utilizado públicamente en otras administraciones posteriores. Exministros como Juan Carlos Pinzon han negado rotundamente la existencia de una política de este tipo, tanto en conversaciones públicas como privadas”, dijo Vallejo.
Agrega que las afirmaciones de la JEP en ese sentido “carecen de sustento documental y contradicen los esfuerzos del gobierno nacional por exigir resultados basados en la transparencia y la legalidad”.
“Por el contrario, los logros en materia de desmovilización y debilitamiento de estructuras criminales durante este periodo reflejan que la prioridad siempre fue la vida y los derechos humanos”, insisten.
También agregan que la JEP no puede convertirse en “un instrumento de persecución política” y que la justicia debe “sustentarse exclusivamente en pruebas y evidencias verificables”. De esa forma, el partido considera que se ha impulsado una narrativa en contra del expresidente Álvaro Uribe.
“Resulta profundamente preocupante que se promuevan narrativas que buscan desacreditar de manera sistemática el gobierno presidido por el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien lideró una política de seguridad basada en la defensa de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Cualquier insinuación de culpabilidad no sustentada en hechos comprobados vulnera el derecho a la presunción de inocencia y por ende de un debido proceso, sino también la mina confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”, indicó.
Finalmente, el partido se puso a disposición para aportar al esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de una “narrativa histórica justa y equilibrada” sobre esta etapa del conflicto armado en Colombia.