No cabe duda de que el Congreso de la República está pasando por un mal momento debido a los señalamientos que hay en contra de varios congresistas de las comisiones económicas por presunta corrupción a cambio de votos a favor del Gobierno Petro.
María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, prendió el ventilador y entregó toda la información sobre cómo se aceitó la maquinaria en el Legislativo para aprobar las iniciativas del Ejecutivo.
Uno de los salpicados es Efraín Cepeda, quien actualmente es el presidente del Senado y —curiosamente— uno de los legisladores más críticos del Gobierno Petro.
Todo quedó registrado en los audios revelados por SEMANA y un fiscal leyó la información que entregó la exasesora y que salpica directamente al curtido político del Partido Conservador.
“Cuarto, departamento de Arauca, municipio de Fortul, radicado 0021, proyecto de mejoramiento y pavimentación mediante el uso de nuevas tecnologías de tramo, conduce de Caño Flores a Sitio Nuevo, en el municipio de Fortul, departamento de Arauca, valor 12.292 millones de pesos. Congresista: Efraín Cepeda, ya salió”, explicó Benavides a la fiscal.
Para Efraín Cepeda habría otro contrato en la misma región pero con un número de radicado diferente: “Quinto, departamento de Arauca, municipio de Fortul, radicado 0074, proyecto de construcción de pavimento flexible en la vía que conduce hacia la vereda Palmarito, entre Fortul y Gaitán, Alto Jordán, y Paradiso, en el municipio de Fortún, valor 3.783 millones de pesos. Congresista Efraín Cepeda, ya salió”.
Los detalles de Benavides sorprenden porque justamente en esta semana Gustavo Petro y Efraín Cepeda han tenido una nueva diferencia pública por cuenta de la reforma tributaria. El mandatario aseguró que el legislador era el culpable de la situación económica del país y él respondió que el Congreso debía ser respetado y que no se le daría un nuevo cheque en blanco, haciendo referencia al trámite de una nueva tributaria.
De hecho, Cepeda ha sido uno de los congresistas más críticos de la agenda legislativa del Gobierno Petro y ha votado en contra varias iniciativas del Ejecutivo, pero —al parecer— sucumbió a la tentación de los llamados “cupos indicativos”.
Los señalamientos contra el senador del Partido Conservador hacen recordar que no es el único congresista en una alta dignidad del Legislativo que ha sido salpicado en este escándalo. También Iván Name y Andrés Calle están vinculados a un proceso por recibir, supuestamente, grandes sumas de dinero para votar las reformas del Gobierno Petro.
Calle, quien estuvo en la presidencia de la Cámara, fue vinculado por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, como uno de los implicados en recibir 1.000 millones de pesos que se habrían desviado del contrato de los carrotanques para La Guajira, a cambio de —supuestamente— comprar su conciencia frente a las reformas sociales del Ejecutivo.
Sneyder Pinilla ha insistido que a través de criptomonedas logró llevar, desde Bogotá hacia Montería, los 1.000 millones de pesos que le habría entregado al representante a la Cámara en su apartamento, ubicado en la capital del departamento de Córdoba.
El caso de Name, quien fue presidente del Senado, es similar, pero la cifra sería mucho mayor si se compara con la que habría recibido Calle. En el caso del congresista de la Alianza Verde, se ha dicho que todo se manejó a través de una tercera persona y fue en una extraña reunión celebrada en las residencias del emblemático Hotel Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá, donde se habría establecido el direccionamiento del contrato y el pago de la comisión para el senador, que consistía en 3.000 millones de pesos en efectivo.
Este dinero le habría sido entregado entre el 12 y 13 de octubre por Sandra Ortiz. Fecha clave para las elecciones regionales que se iban a celebrar a finales de ese mes, en medio de un periodo dramático para el Gobierno Petro, pues sus reformas presentadas ante el Congreso parecían destinadas al fracaso.
Así las cosas, ya son tres los presidentes de Senado y Cámara que están salpicados en escándalos de corrupción y el Congreso sigue perdiendo legitimidad ante los colombianos.