César Gaviria, expresidente de Colombia, le dirigió una fuerte carta a la procuradora Margarita Cabello sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud. El exmandatario hizo énfasis en las acciones del Gobierno nacional que han “desequilibrado” las finanzas de los actores del sector, “sin importarle las repercusiones sobre la atención de millones de personas”.
En la misiva, el director del Partido Liberal aseguró que “el Gobierno ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud”.
Y denunció las demoras en los pagos de presupuestos máximos y ajustes de años anteriores.
“Ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, llegando a acumular entre tres y cuatro meses sin su respectivo giro, lo que representa casi un billón de pesos; además, a corte del 29 de febrero de 2024, aún no saldaba la deuda de sus ajustes 2022 y 2023, que equivalen a 820 mil y 900 mil millones de pesos, respectivamente”, expresó Gaviria en la carta dirigida a la procuradora.
Agregó que solo gracias a la Corte Constitucional se evita el colapso del sistema, dado que ordenó que el Ministerio de Salud realice dichos pagos antes de 45 días.
A pesar de esto, aseguró: “La sostenibilidad financiera del sistema está lejos de resolverse con el oxígeno que significa los mencionados pagos por presupuestos máximo”, dado que no se giraría debidamente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con prontitud y “suficiencia que ella demanda”.
Después arremetió contra el vicecontralor encargado de funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, por sus últimos informes sobre las EPS.
“Contraviniendo su deber constitucional de velar por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que estipula la realización de giros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 en un plazo de 45 días, vuelve a centrarse en las deficiencias de las reservas técnicas de las EPS”, escribió Gaviria.
Y continuó en el documento: “Ignora por completo el fallo de la Corte Constitucional y desatiende que esta responsabilidad recae en la Superintendencia de Salud. Recién esta semana ha comunicado a la Contraloría que les proporcionará la metodología de evaluación de las EPS”.
Gaviria aseguró que Zuluaga repite el análisis de la semana pasada, lo que hace que vuelva “a incidir en las actuales reservas técnicas de las EPS, instigando al Gobierno y al ministro a no cumplir con los fallos de la Corte. Como vimos la semana pasada, argumenta que el desfinanciamiento del sistema se debe a que muchas EPS no cumplen con las reservas técnicas”.
“Ante esto, el presidente Petro respondió de inmediato afirmando que tenía razón al definir las EPS como entidades oficiales, señalando que estas son el obstáculo para que la ley en trámite en el Congreso pueda aplicarse”, agregó.
También aseguró que el contralor encargado elaboró un informe “con fallas técnicas y jurídicas tan evidentes que solo sirve al Gobierno para asumir las funciones de las EPS y llevar a cabo, de facto e ilegítimamente, la reforma que no ha podido completarse en el Congreso, a pesar de su intensa campaña para socavar la representatividad democrática de la unidad de los partidos políticos”.
Y sugirió que el interés del contralor con sus pronunciamientos sobre el Gobierno es permanecer en el cargo.
“Pareciera ser una coincidencia de intereses entre el Gobierno, deseoso de destruir el sistema de salud a toda costa, y el contralor en funciones, buscando permanecer en su cargo a la espera de un fallo de la Corte Constitucional sobre una tutela presentada por el anterior contralor general”, manifestó.
Y al final le dirigió un mensaje a Cabello, pidiéndole que “en su sensatez y sentido democrático y obligación de hacer cumplir las sentencias que emite la Corte Constitucional, se oponga a la destrucción del Sistema de Salud colombiano, en contravía del ordenamiento legal, ahora respaldado por el contralor general en funciones”.
El expresidente concluyó reiterando los problemas del sistema, a los que se suma la escasez de medicamentos.
“Las consecuencias de estas decisiones son que el país está enfrentando una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes”, finalizó en la carta.