Definitivamente, el expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, no le caminará a la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho. El exmandatario ya dio a conocer su postura públicamente y en las últimas horas se reunió con todos los congresistas de la colectividad para socializar su postura y explicarles que con la salud de los colombianos no se puede jugar.
En el encuentro quedó claro que el liberalismo es un partido de gobierno, pero que eso no significa que “votarán a ciegas” las reformas sociales que se presenten en el Congreso de la República.
Por esa razón, Gaviria explicó a todos los legisladores que el sistema de salud colombiano está sujeto a mejoras, pero que con lo que se conoce de la reforma de Carolina Corcho significaría arrasar con todo lo que se ha construido.
“Somos un Partido Liberal reformista, no arrasar, reformar para fortalecer. No queremos que el presidente Petro fracase, pero las reformas deben fortalecer, no arrasar”, les dijo Gaviria a los representantes y senadores del liberalismo.
Durante la reunión, el expresidente Gaviria entregó unas carpetas a los legisladores donde hay observaciones sobre la reforma pensional, laboral y la de salud.
Varios congresistas dijeron que después de la reunión, la bancada está “firme con César Gaviria” para mejorar los problemas sociales de Colombia sin acabar en lo que se ha avanzado.
El pasado 5 de febrero, el expresidente Gaviria publicó un documento para sentar su posición frente a la reforma a la salud que está alistando el Gobierno nacional.
El texto de 49 páginas también está firmado por Germán Escobar, quien ocupó el cargo de viceministro de Salud durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
“Actualmente, en un contexto político de debate de una nueva reforma al sistema, es más importante que nunca la deliberación ponderada e informada, pues peligra la continuación y consolidación de grandes avances sociales en salud y en la garantía de un derecho constitucional fundamental”, reza uno de los apartes del texto.
Para alimentar el debate de la reforma a la salud, tanto el expresidente como el exviceministro pusieron sobre la mesa 17 propuestas.
Entre las más destacadas advierten que las EPS deberían mantenerse, pero deben tener ciertas restricciones, como la limitación de la integración vertical, que se da cuando contratan IPS que son de su propiedad.
De acuerdo con la propuesta de Gaviria y Escobar, lo mejor sería limitar esta integración vertical al 10 % cada año, para garantizar condiciones justas dentro del sistema.
De otro lado, argumentaron que se deben poner en práctica las normas que plantea la Ley estatutaria del derecho fundamental a la salud (Ley 1751 de 2015), que recibió el aval de la Corte Constitucional.
Según sostuvieron, hasta el sol de hoy ese marco legal no se ha implementado debidamente y es clave para proteger “el goce efectivo del derecho a la salud en condiciones equitativas y sostenibles, así como a promover políticas de prevención y promoción de la salud”.
Eso sí, advirtieron que, contrario a lo que ha dicho la ministra de Salud, Carolina Corcho, ni la Ley estatutaria, ni las decisiones de la Corte Constitucional plantean un “cambio extremo” del sistema de salud.
En segunda medida, manifestaron que es cierto, como ha señalado el superintendente Ulahí Beltrán, que la Superintendencia de Salud necesita fortalecerse para hacerle un mejor seguimiento al funcionamiento del sistema.
Esto será clave, pues podría atender oportunamente cualquier “abuso” que se cometa contra los pacientes en las EPS o las IPS. “Se trata de aprovechar mejor algo característico de la justicia administrativa en Colombia, que es mucho más eficiente que la justicia judicial”, puntualizaron.
A su vez, propusieron crear una herramienta para solucionar conflictos dentro del sistema de salud que debería ser administrada tanto por el Ministerio como por la Superintendencia. Esto estaría encaminado a descongestionar el sistema judicial, que recibe una gran carga debido a las quejas de los pacientes por la falta de acceso a la salud.
Así mismo, proponen que se enfoquen los esfuerzos en crear rutas integrales de acceso a servicios de salud y eliminar lo que denominaron barreras administrativas innecesarias.
Indicaron que debería protegerse la libertad de escoger al prestador de servicios de salud y, en esa medida, garantizar que los pacientes tengan información suficiente sobre las opciones que tienen con relación a ejes fundamentales de la salud como prevención, diagnóstico, atención y curación.