El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, plasmó en cinco páginas lo que estima son las preocupaciones generadas con los últimos acontecimientos de la agenda legislativa y la Presidencia.
El exmandatario manifestó su preocupación ante los “graves acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas”.
Es decir, los pronunciamientos, decisiones y acciones de Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa, el exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefe de gabinete, Laura Sarabia.
“Hemos también observado las declaraciones y el accionar de otros funcionarios políticos y policiales que han estado involucrados en actividades presuntamente delictivas, las cuales deben ser analizadas con el mayor rigor. Ya se han iniciado varios procesos judiciales por parte de la Fiscalía, cuyos procederes consideramos apropiados y no sesgados en contra de los partidos que conforman el gobierno”.
En este contexto, según Gaviria, “consideramos fundamental proteger las instituciones democráticas y buscar soluciones que estén en consonancia con la ley y la Constitución. No podemos permitir el retorno de expresiones beligerantes e insensatas en la política, especialmente cuando se utilizan argumentos populistas que van en disonancia con nuestra Constitución, que estamos obligados a defender y proteger, mucho menos las reacciones a las críticas en medios de comunicación, esenciales a la protección de la libertad de expresión como parte de los derechos fundamentales”.
Recomendó, según se lee en el documento, “mantener un marco de respeto a las instituciones democráticas y trabajar en conjunto para encontrar soluciones que promuevan el bienestar de todos los ciudadanos, basadas en el Estado de Derecho y el respeto a los principios democráticos y en el apoyo a los más vulnerables”.
Gaviria dijo que a él y al Partido Liberal les preocupa “el lenguaje beligerante contra nosotros los liberales frente a hechos que han surgido dentro de su gobierno. Estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad, no para regaños, ni respuestas agresivas, ni amenazas sobre hechos a los que somos totalmente ajenos. Si bien es importante investigar y ejercer la fiscalización, también es necesario que lo hagan de manera responsable y considerando las consecuencias legales y constitucionales”.
Y agregó Gaviria: ”El Partido Liberal ha operado dentro de los límites establecidos por el presidente Gustavo Petro, quien ha designado a personas cercanas a los partidos y que han sido afines a su campaña. Se ha formado una coalición compuesta por ciudadanos que votaron por él, una coalición de sus amigos políticos.
Todos los miembros de su gabinete votaron por el candidato Petro y el Ministro del Interior (Luis Fernando Velasco) propone ahora poner de un lado la Constitución y borrar lo que ella dice sobre cómo se toman las decisiones de los partidos en bancada, después de que los proyectos se discuten en las comisiones constitucionales y las plenarias. Y hacen el tránsito legal correspondiente”.
Recordó que muchos de los artículos de las reformas que se están discutiendo actualmente se han analizado por varias horas, con la colaboración de los parlamentarios y técnicos de primer nivel de los partidos.
“La discusión del proyecto de salud se ha hecho de manera exhaustiva, como pocas veces hemos visto en el debate parlamentario. Queremos dejar claro que actuaremos con la mayor libertad e independencia posible, siempre tomando decisiones pensando en el bienestar de Colombia y en la democracia, cumpliéndose los principios establecidos en la Constitución de 1991″.
De otro lado, Gaviria dijo que “nos preocupa que puedan surgir elementos que pongan en duda la transparencia y legalidad de los recursos de la campaña del presidente Petro, incluso si los presuntos implicados rectifican su relación con las diferentes actividades delictivas. Esto nos lleva a exigir a las autoridades que investiguen exhaustivamente los hechos mencionados, sin comprometer las instituciones democráticas”.
El expresidente afirmó que, en varias ocasiones, “el presidente Petro me ha excluido tanto en el ámbito político como personal, ante mi supuesto incumplimiento en compromisos políticos pasados, transmitiendo este mensaje que carece de fundamento, a varios líderes parlamentarios de diferentes partidos.
Lo que sucede es que él piensa que todo el conjunto de normas expedidas después de la ley 100, que abrieron muchas opciones para la participación del sector privado como complemento de las acciones públicas, son la causa de nuestros males sin que para ello proporcione mayor evidencia, de lo cual fui informado por el señor presidente en Florencia (Italia)”.
Dijo, además, que de la última reunión de gobernadores aplazada surge una preocupación urgente: la política de la ‘paz total’ que, según él, está generando graves riesgos para la seguridad personal y pública en amplias zonas de nuestro país.
“Esta preocupación se intensifica debido a la confusión que existe al tratar de distinguir entre aquellos individuos que reciben un trato preferencial para ciertos grupos al margen de la ley, quienes son liberados y exonerados de acciones penales, sin cumplir las reglas de sometimiento aprobadas por el Congreso y aquellos que lideran actividades delictivas según las autoridades.
Además, se ha observado cómo la fuerza pública ha sido sometida a vejámenes y se ha dado prioridad a un trato benevolente a diferentes actores criminales, por medio de reuniones con líderes de grupos delictivos en diversas cárceles, tal como lo han mencionado algunos gobernadores durante la reciente y fallida cumbre de gobernadores”.
El expresidente no dejó escapar la insistencia del Pacto Histórico y el gobierno de acudir a la CIDH.
“Ante las repetidas solicitudes del Gobierno para que la CIDH intervenga, recordamos que su mandato está diseñado para actuar en relación con los agentes estatales y no sobre particulares. El presidente Petro debe tener en cuenta que la función de la CIDH es supervisar a los funcionarios de su gobierno y no a imponer acciones sobre particulares o partidos políticos.
Asimismo, si el presidente planea promover marchas para presionar al Congreso, queremos resaltar los riesgos involucrados en dicha acción. El Comisionado de Derechos Humanos no se encuentra en Colombia para impulsar el programa de la Colombia Humana o el Pacto Histórico, es importante que esto no sea olvidado y lo digo por el equívoco que pudo surgir de su presencia en la reunión convocada por el presidente Petro para apoyar su agenda legislativa”.
Por último, César Gaviria le dijo: “Presidente, estamos preparados para respaldar y defender su legitimidad, especialmente en momentos como los que estamos enfrentando. Nunca seríamos partícipes de un enfoque que promueva la polarización, ya que entendemos que esto solo conduciría a un aumento de la violencia y a un debilitamiento de nuestra democracia. En este sentido, enfatizamos en que somos sus aliados y no un obstáculo.
Estamos comprometidos en trabajar juntos para buscar soluciones que promuevan la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los ciudadanos, y condenamos sin reticencias los llamados golpes blandos”.