Una gran polémica despertó una denuncia que hizo en las últimas horas la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en contra del Departamento de Prosperidad Social (DPS) que dirige Cielo Rusinque. Dijo que supuestamente desde la campaña se hizo una alianza con SuperGiros y que a través de esa entidad se están girando los recursos de los subsidios del Gobierno, entre otros detalles de esa denuncia.
Cielo Rusinque le salió al paso a esos reclamos y le contestó a la senadora uribista. “Señora Paloma Valencia, ante la cadena de conjeturas y mentiras contra nuestra administración y el Gobierno nacional, sin ningún sustento ni argumento real, voy a aclararle a usted y a toda la ciudadanía lo siguiente”, aseguró Rusinque.
Dijo que el contrato que citó al senadora para hacer los pagos del programa Colombia Mayor a través de SuperGiros es una orden de compra creado a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente (CCE) y que no fue escogida a dedo como denunció Valencia.
“En el evento participaron 3 de las 5 empresas y quien presentó la mejor oferta en seguridad, eficiencia, calidad, cobertura y costo fue SuperGiros. Todos los documentos del proceso se encuentran publicados de acceso a toda la ciudadanía en la página de CCE”, aseguró Rusinque.
Otro de los puntos denunciados por la senadora del Centro Democrático es que durante dos meses se retrasó el pago del subsidio, por lo que dijo que había sido para hacer el contrato con SuperGiros. Rusinque negó que ese haya sido el motivo de las demoras.
“La supuesta ‘demora intencional’ del inicio de pagos en Colombia Mayor no es cierta. El último pago de 2022 finalizó el 10 de enero de 2023. Además, en un ejercicio riguroso de revisión de los programas en línea con lo previsto en el PND se evaluó cómo ejecutarlo para 2023″, dijo la directora del DPS. Y que se cumplió con el cronograma establecido.
“SuperGiros ha sido aliado para pagos de Colombia Mayor y de otros programas desde el año 2020 en pandemia (desde el anterior gobierno). Su capacidad y cobertura le han permitido participar en el IAD de servicios postales. No lo trajo este Gobierno”, afirmó Rusinque.
Sobre una publicidad a través de los canales oficiales del Gobierno, la alta funcionaria del Gobierno dijo que ese argumento “carece de contexto” y que es necesario informar de los beneficios de dónde, cómo y cuándo pueden los ciudadanos reclamar los pagos de los subsidios.
En el caso del Banco Agrario, que también fue denunciado por Valencia, Rusinque señaló que la entidad fue elegida para el pago de la renta en el marco de un trabajo “riguroso” sobre las ventajas de esta entidad sobre otros servicios financieros que se venían utilizando.
“Toda la documentación y justificación (empezando por el estudio previo) están publicados en Secop al cual tiene acceso toda la ciudadanía y en donde se podrá observar con detalle cada aspecto que se tuvo en cuenta para esta contratación”, aseguró la directora del DPS.
Rusinque dijo que la selección del Banco Agrario está argumentadas por la contratación estatal, que daría “sustento jurídico y transparencia” a ese proceso. Y que la tarifa de la entidad, también denunciada por Valencia, no solo incluye el valor de la transferencia sino educación financiera y un portafolio de servicios adicionales para los beneficiarios.
“El proceso cumple con lo señalado en los arts. 209 y 355 de la Constitución Política, y normas concordantes, lo cual faculta a la entidad para realizar contratos interadministrativos para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado en las condiciones más favorables”, afirmó la directora del DPS.
Sobre las largas filas que se han presentado y las quejas de los usuarios, Rusinque explicó que “históricamente” se generan los primeros días de pago y que para ello están diseñadas estrategias para que haya orden.
En el caso de los cuestionamientos del Fondo para la Paz respondió: “Su reflexión sobre el Fondo también me lleva a una pregunta: ¿por qué los anteriores gobiernos no se preocuparon por lo mismo? ¿Acaso esto ahora sí es un problema pero antes no? Recuerde que la superación de la pobreza es parte fundamental de la construcción de la paz”, dijo Rusinque.
También señaló que la acusación por detrimento patrimonial que le hizo la congresista “no tiene sustento” y que las contrataciones adelantadas cumplen con lo establecido por la Constitución y la ley. “Somos una entidad de puertas abiertas, cumpliendo con los lineamientos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Continuaremos atendiendo los requerimientos de las autoridades, organismos de control, entidades y ciudadanía en general”, aseguró la directora del DPS.
La denuncia de Paloma Valencia
La congresista evidenció, con pruebas, que la entidad financiera habría hecho aportes a la campaña del mandatario. Y que ahora, a través de la entidad que lidera Cielo Rusinque, se habría contratado para que haga los pagos de los subsidios del Estado.
“Descubrimos el camino de la corrupción con SuperGiros para pagarle los favores políticos al Pacto Histórico”, aseguró la congresista uribista.
Según Valencia, una de las primeras pruebas que recopiló fueron los ‘petrovideos’ publicados en exclusiva por SEMANA. En uno de ellos, el exsenador Roy Barreras asegura que SuperGiros ayudó a la campaña de Petro en la primera vuelta y que podrían hacer un aporte adicional de 500 a 1.000 millones de pesos para la segunda.
Según Barreras, la junta directiva de esa empresa quería “explicar” cómo ellos podían ayudar en un “sistema cooperativo financiero” y ayudarle a Petro para acabar con el “monopolio financiero”, y que por eso están dispuestos a hacer el aporte.
La senadora del Centro Democrático reclama que, según una sentencia de la Corte Constitucional, está prohibido el aporte de empresas (personas jurídicas) a campañas presidenciales y que esos apoyos financieros no estarían registrados en los reportes del mandatario.
La denuncia de Valencia radica en que ese pacto mencionado por Barreras se habría cumplido a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS) a cargo de Cielo Rusinque, ya que se le dio a SuperGiros el contrato para las transferencias monetarias de todo el programa de Colombia Mayor por 20.000 millones de pesos. La congresista presentó los documentos como pruebas.
Además, la senadora dice que para lograr que SuperGiros hiciera esas transferencias, el DPS retrasó la entrega de esos subsidios, demorando la entrega de recursos, ya que en enero y febrero no fueron dados a tiempo. El DPS en un comunicado reconoció el retraso.
Valencia también reclama que, de parte del Gobierno, se le ha hecho publicidad gratuita a SuperGiros a través de sus canales oficiales.
“Pero esto no acaba aquí. El CNE abrió investigación preliminar a la campaña presidencial de Petro. Según la denuncia, Ricardo Roa, el nuevo presidente de Ecopetrol, no reportó donaciones en efectivo que se recibieron en la sede de la campaña”, aseguró la senadora del Centro Democrático.
En el entramado, Valencia también señala a Xavier Vendrell, uno de los dos asesores catalanes que contrató Petro para la campaña presidencial y a quien se le otorgó la nacionalidad colombiana en medio de cuestionamientos por su cercanía con el mandatario. Vendrell ha tenido escándalos a nivel internacional, ya que fue un exterrorista catalán. Según Valencia, Vendrell lideró testigos electorales a los que se les habría pagado a través de SuperGiros, esa información fue revelada también por La Silla Vacía.
En el caso también estaría involucrado el Banco Agrario, puesto que ―según Valencia― desde el pasado 14 de mayo se le entregó a través de contratación directa a esa entidad financiera el programa de Familias en Acción. Y que uno de los propósitos de esa jugada sería mejorar la posición negociadora del Estado colombiano y ahorrarle costos a las entidades. La senadora dice que eso no se ha cumplido.
“El contrato con el Banco Agrario se realizó con una tarifa de 3.200 pesos por cada familia a la que se le gira su recurso”, afirmó. Y que hay otras entidades financieras con tarifas más bajas, como por ejemplo Davivienda que es a 2.576 pesos.
Valencia reclama que tampoco es cierto que el Banco Agrario garantice el 100 % de cobertura, como se ha anunciado desde el DPS. La senadora dice que cuenta con el 70 % y que gracias a otras entidades privadas aliadas logra el 96,5 %, entre ellas SuperGiros.
La senadora aseguró que la eficiencia del Banco Agrario no es la mejor y que se han presentado largas filas para el programa de renta ciudadana y Familias en Acción, en Boyacá y otras partes del país. Esto lo evidenció con videos ciudadanos que así lo denuncian.
“Prosperidad Social no tenía que realizar contratación directa. Necesitaba hacer un acuerdo marco real para revelar que otras entidades privadas podrían ofrecer costos de comisión más bajos. La doctora Cielo Rusinque podría estar incurriendo en detrimento patrimonial”, aseguró Valencia.
La congresista uribista dijo que la directora del DPS deberá responder cuál es la razón por la que los subsidios del Estado se muevan a través del Fondo de Inversión para la Paz y qué relación tiene con Familias en Acción.
“Los recursos sociales del Estado están en peligro. Demandaremos las actuaciones de Cielo Rusinque. Y ojo a esto. En la adición presupuestal del gobierno que se encuentra en el Congreso, el DPS será la entidad que más recursos recibirá: cinco billones de pesos adicionales”, afirmó la congresista del Centro Democrático.