En medio de su visita a Barranquilla, en el marco de un foro regional denominado ‘Las regiones vuelven al centro’, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y la congresista María Fernanda Cabal criticaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por las recientes sanciones que recomendaron establecer respecto a los casos de secuestro.

Cabe recordar que ese tribunal concluyó que seis excabecillas de las antiguas FARC reconocieron su responsabilidad por los por crímenes de guerra y lesa humanidad. Los comparecientes fueron Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

En ese sentido, la sala sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción que permite la norma, de 8 años, y de 5 años para Rodrigo Granda, considerando que no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía, y como tal no tenía responsabilidad.

Aunque aún no se han definido las sanciones que se aplicarían, el Centro Democrático rechazó este tipo de penalidades.

“Es una sanción simbólica e inadecuada. Estaba en el acuerdo de paz y nosotros pedimos que hubiera alguna modificación. Yo creo que eso no ayuda a la paz, pero fue lo que aprobaron”, dijo el fundador del partido, Álvaro Uribe Vélez.

Cabe precisar que la consigna de la JEP radica en una justicia restaurativa donde la cárcel no se contempla entre las medidas establecidas. Por lo contrario, se sugieren penalidades relacionadas con trabajo comunitarios, proyectos beneficiarios, entre otro tipo de sanciones afines.

La senadora María Fernanda Cabal también dio a conocer su desacuerdo con la resolución emitida. “¿Cinco a ocho años de qué?, ¿sembrando lechugas? , ¿o cantando canciones ? Son sinvergüenzas. Desaparezcan esos tribunales”, expresó.

Y agregó: “siempre he dicho que la JEP es un tribunal hecho a la medida de las FARC. Es una vergüenza. El mismo Santrich participó en el diseño de la JEP como lo dijo timochenko. Es la única vez en la historia de la humanidad en que los victimarios diseñan su propio tribunal”.

Ahora, lo que falta es que las sanciones deben ser verificadas y monitoreadas por las Naciones Unidas. Además, se deberá evaluar qué se le impondrá a los siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC y definir tanto su contenido reparador y restaurador como su contenido de restricción no carcelaria de libertades y derechos.

La Sala aprobó los proyectos restaurativos-reparadores presentados por los comparecientes a saber: trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas.

“Estas propuestas responden tanto a lo que dispone la ley (artículo 141 de la Ley Estatutaria) como al traslado que ha hecho la Sala de las solicitudes e intervenciones sobre el tema de sanciones hechas por las víctimas a lo largo del proceso”, explicó la Jurisdicción.