La alcaldesa de la capital, Claudia López, volvió a criticar la medida del presidente Gustavo Petro con respecto al nombramiento de integrantes de la primera línea como voceros de paz. En una entrevista con Noticias Caracol, López se refirió a esta decisión. Recientemente, ya había manifestado su perspectiva en SEMANA.
La Alianza Indepaz - Temblores mostró en su informe ‘Cifras de la violencia en el marco del Paro Nacional 2021′ que en el estallido social del año pasado hubo 75 asesinatos, de los cuales 44 correspondían a la auditoría de la fuerza pública. También expresó que hubo 83 casos de violencia acular, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones, 1.468 casos de violencia física. Todo esto dando un total de 3.486 casos de agresiones.
En primer lugar, la alcaldesa considera que, para el caso de Bogotá, no cree que hayan puesto en detención a personas inocentes durante el Paro Nacional, por eso, según afirma, los sujetos liberados por el Gobierno no hacían parte de la primera línea.
“Hay una narrativa que es incorrecta. Yo no sé en el resto del país, pero en Bogotá nadie está en una cárcel por haber participado en una protesta”, señaló, al agregar que los detenidos fueron delincuentes que emplearon armas, secuestraron y torturaron a la gente, siendo acciones que no tenían nada que ver con la protesta ciudadana.
Después trajo el recuerdo de las manifestaciones durante 2020, señalando que Bogotá vivió en septiembre momentos de tensión entre la ciudadanía y la Policía. “El 9 de septiembre de 2020, algunos policías masacraron a 13 jóvenes de Bogotá, los mataron e hirieron a bala a otros 20″, le comentó al noticiero.
Asimismo, recordó en que los Centros de Atención Inmediata (CAI) hubo supuestos homicidios del cuerpo policial.
Acto seguido, señaló cuál fue el plan que su administración para mitigar las consecuencias de esta alteración del orden público, el cual fue la ejecución del programa ‘Parceros’. Esta medida constó en otorgarle la posibilidad a varios jóvenes de estudiar y trabajar. Además, comentó que también se judicializó a los miembros de la fuerza pública y población civil responsables de supuestos delitos de derechos humanos.
López reiteró que, en el marco de ese programa, no considera que hayan sido detenidos personas inocentes, por lo que no está de acuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro en liberar a siete detenidos y hacerlos voceros de paz.
Días antes, concretamente el 17 de diciembre, la alcaldesa estuvo en entrevista exclusiva en SEMANA, en la cual, dentro de la variedad de temas que conversó, también estuvo el asunto de los gestores de paz de la primera línea.
Inicialmente, sostuvo que las personas que delinquen tienen una obligación con la justicia. De no ser así, cree que se acaba el modelo de Estado de Derecho. En ese orden de ideas, sentenció que lo de los voceros de paz es una forma de ir en contra de esto, lo que implica darle beneficios a los delincuentes.
“Cuando el que delinque y daña termina siendo premiado o cuando el que atraca termina siendo liberado, el mensaje es brutal para la sociedad.”, manifestó López al considerar que otras personas sí merecen estos beneficios, “el 99,9 % de los jóvenes ni delinque, ni vandaliza, ni rompe nada. ¿Por qué no hay nada para ellos? Tengo una visión distinta”.
La figura de gestores de paz
La decisión del Gobierno radica en la liberación de ciertas personas partícipes durante las manifestaciones y que hayan sido detenidas. Sus perfiles serán analizados por la creada Comisión Interseccional para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana para evaluar si cumplen con las condiciones para ser gestores de paz. Hasta el momento, se han puesto en libertad siete individuos.
La Comisión es un órgano ligado a esto. Fue creado mediante el decreto 2422 de 2022, en el cual se define que la integran el ministro del Interior, el ministro de Justicia y del Derecho, el ministro de Defensa Nacional y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entre las funciones que tendrán, una será ser los encargados de admitir o no a los posibles gestores de paz.
El ministro de Defensa, Iván Velázquez, señaló que los parámetros que tendrán en cuenta serán: no estar condenados, hacer parte de organizaciones sociales, estar excluidos de delitos de lesa humanidad o tortura, y ser aptos para promover convivencia en las comunidades.
Asimismo, señaló que “los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia”. Alfonso Prada, ministro del Interior, también afirmó que esta figura está presente hace más de 20 años y es vital para la participación en los procesos de paz: “Los gestores de convivencia hacen parte de un proyecto del sistema de convivencia y pacificación que organizó hace cuatro meses el ministerio del Interior”.