Al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó una demanda del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, en contra de cinco partidos políticos que supuestamente habrían recibido financiación de la empresa Keralty, dueña de la EPS Sanitas.

SEMANA conoció que por ahora se trata simplemente del recibido de la queja. Al despacho de cinco magistrados llegó cada una de las cinco quejas presentadas por Arias en contra de distintos partidos que supuestamente habrían recibido dineros de empresas relacionadas con las EPS, por lo que Sanitas no sería la única.

Al despacho del magistrado Benjamín Ortiz llegó la queja en contra del Partido Liberal. Al magistrado César Lorduy le tocó evaluar la demanda en contra del Partido de la U. La magistrada Maritza Martínez, recién posesionada como presidenta de esa corporación, estudiará la queja en contra del Centro Democrático. El magistrado Christian Ricardo Quiroz tiene que evaluar la del Partido Conservador. Y Alfonso Campo la de la Alianza Social Independiente (ASI).

El magistrado César Lorduy posesionó como presidenta del CNE a Maritza Martínez. | Foto: CNE

Uno de los argumentos de Arias, que ya había denunciado en el Senado, es que supuestamente congresistas de esas bancadas habrían recibido dineros de la empresa relacionada con la aseguradora de salud. Según el senador de izquierda, se habría tratado de una financiación “prohibida”. Otras de las compañías mencionadas en la demanda de Arias sería el Grupo Bolívar, entre otras empresas del país. El CNE ahora deberá solicitar pruebas y determinar si la denuncia de Arias tiene relevancia para ser estudiada a fondo.

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje en las últimas horas criticando a esta multinacional de origen español. “En la Comisión Séptima de Senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros, nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley”, dijo el mandatario.

Las cinco quejas fueron radicadas por el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico.

Petro agregó que: “Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”. Y que algunos de esos congresistas, de esos partidos “ya han negado en el Congreso que hayan recibido dineros de la multinacional”.

Algunos políticos de oposición le respondieron al mandatario. “Esta es la prueba reina de que la intervención de Sanitas, Keralty es una venganza por la derrota de la reforma a la salud. Culpa directamente a Keralty. La reforma de hundió por mala, porque no es ni siquiera un sistema. Colombia no puede estar sometida a estos abusos”, le dijo la senadora Paloma Valencia al presidente Gustavo Petro.

Incluso, el presidente del Senado, Iván Name, le contestó fuertemente al presidente por las declaraciones que ha hecho en contra de los senadores de la Comisión Séptima del Senado que hundieron la reforma a la salud.

“Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Parece olvidar que esta misma comisión fue la que aprobó en primer debate la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria, y dos veces ha negado su archivo”, le dijo Name a Petro.

La queja fue presentada en momentos en que se hundía la reforma a la salud. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Además, afirmó que seguir subiendo el tono en contra de los congresistas y de la institución del Congreso “solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público”.

“El Congreso de la República seguirá ejerciendo su labor de legislar, abierto al entendimiento y el consenso en beneficio y defensa de los colombianos”, aseguró Name.

Desde Keralty también se han pronunciado en contra de la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir Sanitas. Dijeron que se trataría de una decisión “improvisada, ilegal y desproporcionada”.