El gobierno del Pacto Histórico, luego de la lluvia de críticas que recibió porque se ausentó de la sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se condenaron las violaciones en Nicaragua, firmó la declaración en la que se rechaza la situación que se está registrando en el país centroamericano.

La firma fue plasmada en el desarrollo de una sesión especial que se está llevando a cabo en Ginebra (Suiza), en la cual se abordó el grave panorama político y humanitario en Nicaragua, en el que, según organizaciones sociales, Daniel Ortega avanza en una persecución en contra de la oposición y de la iglesia.

El documento fue suscrito por más de 40 países, entre ellos Perú, España, Costa Rica, Francia, Brasil, Panamá y Paraguay. Todas las naciones mostraron su preocupación por los hechos que se han registrado en Nicaragua: “Reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación, y de religión; solo este año, han cancelado la personalidad jurídica de 1.112 organizaciones de Derechos Humanos, desarrollo y otras”.

Uno de los temas que también criticaron abiertamente los países, incluyendo a Colombia, tiene que ver con la cancelación de la personería jurídica de más de diez universidades en Nicaragua: “Situación que está impactando el derecho a la educación. También empeoró el disfrute de la libertad de opinión y expresión, con más periodistas obligados a exiliarse, y por el reciente cierre de 12 medios de radio y televisión de la Iglesia Católica, especialmente en Matagalpa”.

Declaración ONU Nicaragua | Foto: Declaración ONU Nicaragua

No pasaron por alto una nueva petición a Ortega para que libere a los presos políticos: “Instamos una vez más a las autoridades de Nicaragua a colaborar abiertamente con los mecanismos de derechos humanos, restaurar el espacio cívico, liberar a todos los presos políticos, garantizar la independencia judicial, poner fin a las detenciones por motivos políticos y la represión de los medios independientes, así como de las minorías”.

Sorpresivo llamado de Petro a Venezuela y Nicaragua

Esta semana y en medio de las denuncias que se han conocido sobre violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela y en Nicaragua, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió formalmente al Gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, de Nicaragua que regresen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El jefe de Estado, en medio de su discurso sobre la posesión de varios embajadores, entre los cuales está León Fredy Muñoz –quien representará a Colombia en Nicaragua–, aseguró Petro que debe protegerse y prevalecer la constitución democrática de América.

“Miles y miles de latinoamericanos le piden al presidente Maduro que reingresara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay que pedirle a Nicaragua que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; son decisiones de ellos, obvio, y no las podemos imponer”, indicó Gustavo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “La constitución democrática debe prevalecer porque al final –ganen derechas o izquierdas– en el nuevo espectro político debe prevalecer la protección”.

Las violaciones en Nicaragua

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció las “graves” violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua, un país donde la situación “continúa deteriorándose” a pesar de los reiterados llamados internacionales para que cese la represión de la disidencia.

El alto comisionado de Naciones Unidas divulgó un informe en el que reclama la excarcelación “urgente” de las personas detenidas de manera arbitraria, ya que la oficina que encabezó hasta finales de agosto Michelle Bachelet está particularmente preocupada por la situación de ellas.

Daniel Ortega y Rosario Murillo la han emprendido contra la Iglesia católica, pues es el único lugar en el que aún se hace resistencia a su gobierno.

La ONU tiene reportados al menos 195 casos, de los cuales medio centenar corresponden a personas encarceladas en los meses previos a las elecciones de 2021 y que han recibido ya condenas de hasta 13 años de cárcel “sin un debido proceso”. Al menos 29 de estas personas continúan detenidas en un centro policial “en condiciones presuntamente inhumanas”.

Entre estos presos figuran siete excandidatos presidenciales en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo no reconocido por numerosos países.

Finalmente, en la 51.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado presentó un crítico informe contra el gobierno de Daniel Ortega, al que acusa de no cooperar y de incumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina.