El canciller Álvaro Leyva, quien delegó funciones para este proceso de licitación, tuvo que suspender el proceso que se estaba adelantando ante la cantidad de críticas y supuestas irregularidades que fueron evidenciadas por quienes participan como oferentes y señalaron que las condiciones que puso el Ministerio de Relaciones Exteriores beneficiaban directamente a la empresa Thomas Greg & Sons para la elaboración y producción de pasaportes en Colombia.
Como el proceso ha tenido tantas críticas y la lupa puesta por tratarse de una adjudicación de unos 600 mil millones de pesos, la Cancillería no tuvo más camino que suspender el proceso.
“Suspender temporalmente los términos del proceso mediante la modalidad de Licitación Pública No. LP-001-2023, cuyo objeto es ′Suministrar, Formalizar y Prestar el Servicio de Personalización, Custodia y Distribución de Libretas de Pasaportes, así como el Servicio de Impresión, Almacenamiento y entrega de Etiquetas de Visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores’”, dice una acto administrativo de la Cancillería.
Aunque este proceso de licitación ha generado polémica desde hace varias semanas, hasta ahora la Cancillería prestó atención a las observaciones de la Procuraduría General y de los oferentes que han evidenciado las presuntas irregularidades.
Por esa razón, se afirma que la suspensión se da “con la finalidad de dar aplicación de los principios inherentes a al contratación estatal, se considera necesaria la suspensión de los términos del presente proceso de selección, con la finalidad de analizar el conjunto de observaciones allegadas en contraste con las condiciones previamente conocidas por la Entidad, de manera que se posibilite el término suficiente para realizar las indagaciones técnicas especializadas a que haya lugar, así como la socialización de las mismas con distintos entes estatales que resultan competentes, conforme la complejidad y relevancia del proceso, así como el impacto en la seguridad nacional”.
El problema de fondo es que el contrato actual está vigente hasta el 31 de agosto y no podrá ser prorrogado ya que en ocasiones anteriores se hizo la extensión del mismo, justamente, por estar en marcha esta licitación.
Esto significa que Colombia podría sufrir un desabastecimiento de pasaportes porque no habría una empresa encargada de dicho proceso que se adelantó bajo una lluvia de críticas y sobre el tiempo, a pesar de que el cambio de Gobierno se dio el pasado 7 de agosto de 2022.
Los oferentes dijeron que es positivo que se haya suspendido el proceso para dar garantías a todos, pero aclararon que si no se hacen modificaciones de fondo, igual todos los caminos conducirán a una adjudicación para Thomas Greg & Sons.
Varios de los oferentes dijeron a SEMANA que debe haber condiciones de contratación incluyentes y justas “especialmente aquellas relacionadas con las condiciones técnicas (presentación de muestras, evaluación de muestras y factores ponderables) y los tiempos otorgados para la preparación de la propuesta y los plazos de implementación”.
Además, insisten en que la Cancillería debe acoger las observaciones que se han hecho alrededor de:
1. No solicitar muestras específicas del pasaporte colombiano.
2. Realizar evaluaciones técnicas apoyadas por entidades especializadas internacionales.
3. Considerar un plazo para la implementación del proyecto de entre cuatro y seis meses.
4. No solicitar requisitos ponderables que beneficien a un único oferente.
Como el canciller está fuera del país, se desconoce el cronograma con el que se reactivará el proceso de adjudicación, pero las alarmas están encendidas por el posible desabastecimiento de pasaportes que se podría presentar en Colombia.
Thomas Greg & Sons (TGS) es una multinacional de origen británico que en el país lleva 17 años con el contrato para el suministro e impresión de pasaportes. Sin embargo, podría llegar a 20 porque está abierta otra licitación y todo apunta a que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores le adjudicará nuevamente la responsabilidad de “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión”.
Dicha compañía ha sido adjudicataria en 17 procesos de selección, de los cuales en 14 ha sido oferente único porque, según otras empresas, siempre hacen un pliego sastre para beneficiar a Thomas Greg. Aunque el contrato vigente, que fue demandando y extrañamente duerme el sueño de los justos, venció en junio de 2022, se tomó la decisión de hacer una prórroga por el cambio de inquilino en la Casa de Nariño.
Todas las empresas interesadas en participar de la licitación estuvieron de acuerdo en que era mejor esperar a que Gustavo Petro tomara posesión para adelantar un proceso con garantías, ya que en campaña el ahora presidente de Colombia dijo cosas como que Thomas Greg era “una empresa privada con edificios clandestinos” y que dicha multinacional era “la dueña del software de cómputo de datos de la Registraduría. Un software permeable al fraude. Thomas Greg & Sons pone los presidentes de Colombia”.
Las críticas del supuesto amaño de las licitaciones a favor de TGS no solo han sido de Petro, también del Pacto Histórico, desde donde ahora guardan total silencio. El 31 de agosto de 2021, David Racero dijo en Twitter: “El contrato de la Registraduría es un contrato amañado. Para empezar, piden experiencia previa en elecciones… Pero desde 2009 Thomas Greg obtuvo TODOS los contratos, ¿cómo puede otra empresa acreditar experiencia electoral? ¡Es imposible!”.
Como si fuera una premonición de Racero, dos años después de su trino ocurrirá exactamente lo mismo en la Cancillería. Seguro se entregará de nuevo el contrato a TGS porque justamente los demás oferentes quedarán por fuera del camino, ya que ninguno tiene experiencia en elaborar pasaportes porque la multinacional tiene esa adjudicación desde 2006. Es decir, el Gobierno Petro trabajará con la empresa que tanto criticó. De las 11 empresas que se postularon en la licitación, diez han presentado observaciones por “la existencia de barreras de entrada que benefician al proveedor histórico y el desconocimiento de los estándares internacionales para las licitaciones de este tipo de negocios”.
Aunque las otras empresas son líderes en el ámbito internacional en el mercado de identificación, la Cancillería se escuda en que el pliego de condiciones es claro, se debe acreditar la experiencia y habrá unos puntajes que definirán el tema, es decir, los caminos conducen a TGS. Solo hubo una modificación y se eliminó el requisito de tener una planta en Bogotá (TGS era la única que cumplía esa exigencia) y se dejó el asunto a nivel nacional.
Sin embargo, se mantienen ítems calificables como los 48 días para prepararse y presentarse, así como 60 más para iniciar la operación con los pasaportes. Algo imposible a tan poco tiempo de la adjudicación (7 de julio).
Además, se exigen unas pruebas de implementación en dos meses que resultan imposibles por el abastecimiento de materiales y producción con la que ya cuenta TGS. Para el 9 de junio está programada la entrega de muestras y seguramente las diez empresas inconformes no las tendrán. Fueron más de 400 observaciones hechas y la Cancillería solo tuvo en cuenta unas pocas, y mantuvo las condiciones críticas. Todos los oferentes tienen problemas para participar, menos Thomas Greg.
La Procuraduría tiene la lupa puesta sobre este asunto porque como la Cancillería dejó todo para último momento, podría presentarse un desabastecimiento de libretas. “Cualquier modificación del cronograma que fue establecido y se encuentra en desarrollo, pone al Estado en alto riesgo de afrontar un desabastecimiento en el suministro, formalización y personalización de pasaportes, por cuanto el contrato vigente termina el 31 de agosto próximo”, dijo el Ministerio Público.
Aunque la licitación está vestida de transparencia, lo cierto es que está cantado que TGS se quedará con el millonario contrato. Eso sí, no se descarta que pueda conformarse una unión temporal y que otro oferente se junte con la multinacional, que seguramente también estará a cargo de las elecciones de octubre, pese a las críticas del Pacto Histórico y del presidente Petro, que parecen haber olvidado.