Colpensiones firmó un millonario contrato de arrendamiento para trasladar una de sus sedes, argumentando motivos de orden público en la zona en la que estaba ubicado ese edificio, desde el que operaban los administrativos del nivel central de la entidad.
Sin embargo, terminó mudando esa oficina a tan solo dos cuadras del lugar inicial en el que estaba antes, quedando exactamente en el mismo sector del que se alejó por una supuesta mala locación.
Ese cambio llevó a la firma de un contrato de arrendamiento a cinco años avaluado en 39.017 millones de pesos, monto dentro del que incluyeron un rubro por adecuación de las instalaciones por 17.399 millones de pesos.
La entidad, en lugar de tener como activos fijos los muebles para necesarios para la operación, terminó subarrendando el mobiliario por lo que año a año la compañía de pensiones del Estado estará pagando por un moblaje que no le pertenece.
La entidad rentó los pisos 1, 3, 4, 5, 7 y 10 y parqueaderos del Edificio Seguros Aurora ubicado en la Carrera 7 con 74 en Bogotá con un acuerdo contractual que estará vigente hasta el 21 de diciembre de 2028. Con esa decisión se trasladaron el despacho que estaba antes ubicado en la Sede Palma, situada en la Calle 73 a apenas dos cuadras del nuevo centro de operación.
Lo particular es que en el estudio para justificar la necesidad de la locación argumentaron que la vieja sede era cercana a la zona de manifestaciones de la Universidad Pedagógica, pese a que la entidad siguió siendo vecina de esa institución educativa. Si bien es habitual que en la zona se presenten disturbios, en administraciones anteriores las oficinas centrales operaron desde allí sin inconvenientes.
En ese análisis también argumentaron que tenían parqueaderos insuficientes, pocas baterías de baños por cada piso, que solo había una cafetería en la edificación y que esa infraestructura presentaba filtraciones de aguas lluvias en época de inverno.
“Debido a las constantes manifestaciones y alteraciones al orden público que se suscitan en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, los más afectados son los funcionarios que laboran en la sede calle 73, por tal motivo se hace necesario mitigar este tipo se situaciones de seguridad de los funcionarios e igualmente previendo futuras afectaciones por daños materiales o de salud, provocadas por los constantes ruidos producidos por los petardos y explosivos, así mismo las afectaciones respiratorias generadas por gases lacrimógenos”, argumentó Colpensiones.
La decisión del traslado terminó unificando la Presidencia, Vicepresidencia de Gestión Corporativa y la Vicepresidencia de Planeación y Tecnologías de la Información en un mismo punto de operaciones, con lo que el actual presidente de la entidad, Jaime Dussán, terminó eligiendo la oficina desde la que trabajaría.
Fue así como Colpensiones terminó rentando 2.955 metros cuadrados y 75 celdas de parqueadero al oferente identificado como Moderline para efectuar un traslado de las instalaciones de la entidad de unos cuantos metros con el que terminó situándose en la misma zona de la que pretendía alejarse: un entorno de protestas frecuentes.
Ese contrato tiene una vigencia de 1.793 días y se suma a otros acuerdos suscritos por la administración de Dussán que terminaron en medio de cuestionamientos como los contratos de misionales y del contact center, ambos con alertas por sobrecostos y la convocatoria pública revocada para la prestación de servicios de seguridad en la entidad. Esta última fue suspendida pese a que uno de los proponentes cumplía con todos los requisitos que pedía el pliego publicado en el Secop II.
SEMANA envió un cuestionario a Colpensiones y llamó al presidente Jaime Dussán para preguntar sobre este contrato, pero no obtuvo respuesta de la entidad.