La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene 16 miembros. Parte de su labor es investigar las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado. Son seis, el presidente de la República o quien haga sus veces, el fiscal general de la Nación, los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Consejo de Estado y los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Su labor, por lo tanto, es tan delicada como importante y los casos que resuelven son de un elevado nivel. Por eso mismo, la periodista de CM&, Lina María Sandoval, envió once preguntas a través de un derecho de petición. Las respuestas, más que aclarar lo que está sucediendo, generaron nuevos cuestionamientos.
“En el período mencionado (20 de julio al 16 de diciembre de 2022) se realizaron dos (2) sesiones, teniendo en cuenta que los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación tomaron posesión el 30 de agosto de 2022″, respondieron a la primera duda planteada. En este punto les cuestionan qué pasó en los demás meses de legislatura.
No respondieron nada sobre los casos que están llevando en la Comisión y sobre los casos que se repartieron en los últimos 6 meses; en vez de mencionarlos, respondieron con parte de sus deberes y aseguraron que repartieron los expedientes con quejas, denuncias o compulsas de copias.
Respecto al cuarto interrogante, relacionado con los avances en los procesos, se limitaron a generalizar la respuesta.
“Una vez se realizó el reparto de los expedientes a cada uno de los Representantes Investigadores, se ha procedido, por cada despacho, a realizar los autos de avocamiento, o a rechazar la denuncia o queja, según el caso. Asimismo, se han programado diligencias de ratificación y ampliación de denuncia y, posterior a ello, se realizan las diligencias de que trata la Ley 5 de 1992, en concordancia con la Ley 600 de 2000, Leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, así como la Ley 610 de 2000″, afirmaron en el documento.
En la quinta pregunta, que corresponde a la cantidad de procesos archivados, el presidente de la Comisión no dio una cifra exacta y más bien aseguró que los procesos archivados en el último periodo corresponden a aquellos que los Honorables Representantes Investigadores proyectaron y pasaron a discusión.
“Una vez se citó a comisión y se discutieron los proyectos de archivo, con base en las normas jurídicas que le son inherentes a dicho instituto, se procedió con la votación y la aprobación respectiva”, dijo.
En la sexta y séptima preguntas, vinculadas a las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, aseveraron que en algunas denuncias y quejas ya hubo diligencia de ratificación y ampliación, mientras en otras se está en estudio preliminar.
“No es posible entregar una cifra exacta sobre los procesos que se han remitido por competencia, dado que aquel tomó posesión el 7 de agosto y permanentemente se allegan expedientes para reparto”, agregaron.
Sobre si todos los casos han sido asignados, expresaron que “se ha repartido la mayoría de los asuntos, faltando por repartir algunos que han llegado en los últimos días”.
De las preguntas ocho a la once, que fueron respondidas entre una y dos líneas, se argumenta que se han repartido la mayoría de los asuntos recibidos, que han adelantado diligencias de ratificación y ampliación de las denuncias y que sesionarán como comisión el próximo 12 de abril.
“Respuestas a muchas preguntas fueron burlescas y como quien dice… “pareciera que algo esconden”, si bien entendemos que los procesos judiciales se llevan con reserva, una cosa es eso y otra que no entreguen ninguna información y respondan con cosas que suenan hasta irónicas y a burla”, afirmaron desde el equipo periodístico que integra Sandoval.
Más dudas sobre la Comisión
Cabe señalar que el representante Wilmer Carrillo, quien firmó la respuesta al derecho de petición, es el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación y está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia.
La acusación, que fue revelada por SEMANA en diciembre de 2022, señala que los hechos por los cuales fue llamado a juicio se dieron cuando Carrillo Mendoza fue secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander, cargo en el cual firmó y ejecutó un contrato de obra pública con la unión temporal Arboledas 2010, cuyo objeto era el mejoramiento y mantenimiento de la vía Salazar-Arboledas en ese departamento.
La Sala Especial de Instrucción dejó en firme la resolución de acusación el 13 de febrero de este año por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Otra de las razones por las que se pone en duda lo que está sucediendo con la Comisión.
A continuación, la versión original de la respuesta al derecho de petición presentado por la periodista Lina Sandoval.