La Comisión de Paz del Congreso envió un fuerte mensaje a los grupos armados en Colombia que están alborotados con su accionar en gran parte del país. Lo hicieron a través de una carta que firmaron varios senadores y representantes, entre ellos Alirio Uribe del Pacto Histórico.
“Ya son múltiples los hechos de violencia que están viviendo las comunidades por la reactivación de las violencias por parte de grupos armados de toda índole en los territorios”, encabezan la misiva.
Expresaron su preocupación por lo que llaman una grave situación de desplazamiento forzado que están sufriendo personas en proceso de reincorporación de la antigua guerrilla de las Farc en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR).
Relataron los más recientes hechos que se presentaron en el centro poblado Mariana Páez de Mesetas, Meta, donde más de 200 familias, 86 mujeres, en su mayoría madre cabeza de hogar y alrededor de 80 niños, han sido obligados a abandonar estas instalaciones y asumir la pérdida total de la infraestructura y proyectos productivos desarrollados en los últimos seis años.
“El desplazamiento y confinamiento silencioso responde a las amenazas y hechos victimizantes que suman a la fecha, según Indepaz, 351 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo y miles de desplazados a las principales ciudades y municipios, situación que se reporta en distintas zonas de Colombia”, se lee en la misiva.
Hablan de hechos ocurridos en Carrizal, en Remedios, Antioquia; Arauca, en la vía que de Florencia conduce hacia Cartagena del Chairá, entre otras.
Precisamente, en la última zona, se refieren a un retén ilegal que duró más de dos horas por parte de las disidencias de las Farc.
“Los alcaldes de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, Caquetá, están despachando desde Florencia por falta de garantías de seguridad. Además, la situación del Bajo Cauca no es la mejor”, agregaron.
Expresaron que “la ‘paz total’ no puede significar el desconocimiento de lo alcanzado, ni el abuso, control territorial y hostigamiento a las comunidades por parte de los interesados en que los diálogos sean de orden político o estructuras criminales de alto impacto”.
Les dijeron que “urge el acatamiento del cese al fuego y el respeto de los derechos de las comunidades. En este momento histórico que vive Colombia, la ‘paz total’ necesita de todas las voluntades y acciones reales que den confianza a todos los actores sociales y políticos que garanticen la vida digna, sin miedo y con políticas públicas que fortalezcan el buen vivir de los colombianos”, escribieron.
Por último, hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa, Iván Velásquez; al alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, entre otros, para que atiendan de inmediato esta situación que, según ellos, afecta gravemente la consecución y el desarrollo de la ‘paz total’ y la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Desde Quindío, donde la mayoría de los 32 gobernadores del país desnudan sus preocupaciones frente a la compleja inseguridad del país y hablan de lo alborotados que están los grupos armados en Colombia, el presidente del Senado, Roy Barreras, le envió un mensaje al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“No hay paz sin control del territorio. A la mano noble, tendida del presidente Petro de la ‘paz total’, hay que acompañarla con el pulso firme y una gran política de seguridad que recupere el control del territorio”, dijo.
Agregó: “La Fuerza Pública no puede ser ni reemplazada, ni congelada ni acuartelada. Tiene que estar en el territorio persiguiendo a quienes no escojan la ‘paz total’”.