No son frecuentes las noticias sobre la muerte política de un congresista. De hecho, desde que la Constitución del 91 amplió las causales para la pérdida de investidura, no pasan de un par de docenas el número de senadores o representantes que se han visto obligados a sepultar su carrera política por la vía judicial.
Por eso, no son muchos los ciudadanos que han demandado a algún parlamentario y pueden decir que lo han podido tumbar. En el Consejo de Estado, donde estos procesos tienen su trámite, es frecuente que los congresistas salgan victoriosos, eso sí, tras invertir millonarias sumas de dinero en su defensa.
El pasado martes, sin embargo, uno de los dirigentes políticos que en la reciente década escaló posiciones y se hizo poderoso, tanto que llegó a ser vicepresidente del Senado, el barranquillero Eduardo Pulgar Daza, pasó a integrar la lista de congresistas a los que la justicia colombiana le declaró la muerte política.
Pulgar Daza, que en el 2018 fue reelegido para ocupar una curul en el Senado con el respaldo de 81.698 votos, la sexta votación más alta del Partido de la U, cayó por una demanda que interpuso, el pasado mes de marzo, el abogado caleño Camilo Araque Blanco, quien consideró que el congresista habría incurrido en una de las cinco causales que la Constitución establece para que un dirigente sea despojado de su investidura: haber incurrido, presuntamente, en tráfico de influencias.
Seis meses después, el Consejo de Estado le dio la razón al abogado Araque al encontrar justificadas sus pretensiones. El caso que sepultó la carrera de Pulgar Daza se relaciona con el intento de soborno al juez municipal de Usiacurí (Atlántico), Andrés Rodríguez Cáez, para favorecer al excónsul Luis Fernando Acosta Ossío en un pleito en el que buscaba asumir el control de la Universidad Metropolitana, el Hospital Universitario Metropolitano y la Fundación Acosta Bedek de Barranquilla. Por este hecho, el hoy exsenador fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a cuatro años y diez meses de prisión.
Más allá del impacto que la pérdida de investidura de Pulgar Daza genera, especialmente en la U, que con esta decisión suma un nuevo escándalo político en su historia de apenas tres lustros, el abogado Camilo Araque se alzó con una victoria jurídica que tiene un antecedente particular.
Araque es hijo del también abogado bogotano César Araque, quien en septiembre de 1994 se hizo célebre porque una demanda suya concluyó en la pérdida de investidura de uno de los congresistas más poderosos en aquel entonces, el liberal Ricaurte Losada Valderrama.
César Araque fue oficial de la Policía, alcanzó el grado de mayor, pero fue retirado por “facultad discrecional” cuando prestaba sus servicios en Medellín. Al salir de la institución estudió derecho, en 1995 ingresó a trabajar en la Fiscalía General, de donde se pensionó como fiscal.
Pero fue siendo estudiante cuando se aventuró a poner en jaque al senador Losada Valderrama. Presentó una demanda de pérdida de investidura al considerar que había violado el régimen de incompatibilidades al actuar, simultáneamente con su condición de congresista, como representante legal de una fundación que administró recursos del Estado. César Araque denunció que el dirigente liberal había actuado como representante legal de la Fundación Jorge Eliécer Gaitán hasta noviembre de 1992, coincidiendo con su periodo de parlamentario. Nadie creyó que la demanda prosperaría.
En su momento, el caso de Ricaurte Losada, padre del actual representante a la Cámara Juan Carlos Losada, tuvo bastante resonancia. Entre otras porque fue el primer congresista, después de la Constitución del 91, al que se le decretó la pérdida de investidura, decisión que el Consejo de Estado adoptó después de una auténtica batalla que contó con un cambio de ponente de sala plena, un recurso extraordinario de revisión, dos tutelas seleccionadas por la Corte Constitucional y un incidente de nulidad, pero que el estudiante Araque logró derrotar a pesar de que el congresista tenía una poderosa defensa, encabezada por Antonio Barrera Carbonell, expresidente de la Corte Constitucional.
Casi treinta año después, esta historia de “David contra Goliat” volvió a repetirse, esta vez con su hijo de protagonista.
Camilo Araque se dio a conocer gracias a que una demanda suya puso en cintura al gobierno al fijar el precio de los combustibles; otra, obligó a incluir a una mujer en las ternas para la elección de Defensor del Pueblo; también fue el abogado del movimiento que logró la prohibición del asbesto en el país; y recientemente intentó tumbar las millonarias primas de los secretarios del Congreso, aunque fracasó en su intento (la decisión del Consejo de Estado no estuvo exenta de controversia).
Tal como hizo su padre en los años 90, Camilo desafió a quien llegó a ser uno de los más influyentes congresistas de la Costa Caribe. Su demanda culminó este martes con la muerte política de Eduardo Pulgar Daza.