Ante la alarma que expresaron 20 expresidentes, incluido el exmandatario Iván Duque, ante la inminente libertad de los integrantes de la primera línea que protagonizaron desmanes en el Paro Nacional de 2021, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a la polémica.
El jefe de Estado respondió a la preocupación por medio de su cuenta de Twitter cuestionando a la extrema derecha ¿por qué existe fobia por la libertad de los jóvenes?; el presidente Petro avanza en los pasos para que los miembros de la primera línea salgan de prisión al ser nombrados gestores de paz.
De la misma manera, en el mensaje el mandatario colombiano indicó que la democracia que quiere construir en su gobierno del Pacto Histórico está basada en que la protesta no sea criminalizada ni signifique muerte.
“¿Por qué será que a la extrema derecha iberoamericana le da tanta fobia el que los jóvenes puedan ser libres? Nosotros construimos una democracia donde protestar no signifique ni la muerte ni la cárcel”, trinó Petro.
A esto respondió la senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “Como todo izquierdista, manipula la realidad al no contar que no se trata de simples jóvenes perseguidos, sino de personas investigadas y procesadas por cometer delitos como secuestro, tortura, homicidio, daño en bien ajeno y agresión a servidor público”.
Bajo el nombre de Idea (Iniciativa Democrática de España y Latinoamérica) varios expresidentes de América Latina y España firmaron una declaración conjunta en la que se oponen a que se otorguen indultos a miembros de la llamada primera línea en Colombia.
Aseguran que les preocupa que el gobierno de Gustavo Petro pretenda facilitar que las personas con graves evidencias en su contra en la comisión de delitos comunes, pretendan eludir sus responsabilidades ante la justicia.
“Para conseguir ese objetivo, (Petro) planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que solo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz”, expresaron los exmandatarios.
Y enfatizan en que si se lleva a cabo el anuncio del presidente Petro, en el sentido de liberar a estos detenidos, se estaría presentando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en el país y de la autonomía de la justicia. “Elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente”, reclamaron.
Aunque respaldan las preocupaciones de las autoridades judiciales del país, que a través de medios de comunicación han expresado su inconformidad, los exmandatarios hacen “un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia”.
Además, hacen referencia a un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos y La Cantuta contra Perú, en 2018, en el que se estableció que “un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”, citaron.
Otras críticas
Desde distintos sectores del país también se han opuesto a la posibilidad de que los judicializados de la primera línea queden libres. En diálogo con SEMANA, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal general, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtieron los riesgos de esa idea.
“Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz”, aseguró el fiscal general Francisco Barbosa, quien reclamó que el Ejecutivo no puede incidir en decisiones de la rama judicial.
Por su parte, la procuradora Margarita Cabello dijo que la reserva judicial y la potestad sobre la libertad de esos detenidos la tienen los jueces de la República. “El Gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica, en particular, de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar derechos y garantías”, le dijo Cabello a esta revista.
Finalmente, el defensor del Pueblo Carlos Camargo se puso del lado de las víctimas. “Toda vez que no se advierte que esta decisión política esté acompañada de las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la protección a las víctimas y a la sociedad”, afirmó.