El presidente Gustavo Petro ha dejado claro que la reforma rural integral es una de sus principales banderas de gobierno. Sin embargo, solucionar el problema de la tierra en Colombia es un propósito que va mucho más allá de su gobierno.
Así lo dejó ver la ministra de Agricultura, Cecilia López, durante un debate de control político en el Congreso, al que fue citada para explicar el acuerdo al que se llegó con Fedegán para que los ganaderos le vendan tres millones de hectáreas productivas al Estado.
A pesar de que la reforma rural se impulsará a partir de múltiples mecanismos, como la formalización y titulación de predios, la adjudicación de baldíos y la recuperación de bienes en poder de la ilegalidad, el acuerdo al que llegaron el Gobierno y Fedegán es considerado como el verdadero ‘pacto histórico’ en estos dos meses que lleva el Gobierno.
Es un ‘pacto histórico’ porque llevó a que Petro y Lafaurie, dos líderes que representan visiones de país radicalmente distintas y que hasta hace poco se lanzaban todo tipo de improperios, se sentaran a plantear soluciones para redistribuir la tierra, el elemento sobre el cual han cabalgado décadas de conflicto.
Sin embargo, más allá de lo icónico de este pacto, la ministra fue clara en que en cuatro años no alcanzarán a adelantar el proceso para comprar las tres millones de hectáreas.
“Comprar tres millones de hectáreas en cuatro es imposible, yo en eso soy muy realista. Si logramos comprar 500.000 al año, si en total compramos un millón y medio o un millón de hectáreas somos unos magos”, apuntó la ministra durante el debate.
A pesar de que el acuerdo con los ganaderos será clave para la reforma agraria, el proceso es complejo. El propio presidente Petro reconoce que su principal reto es conseguir al menos 60 billones de pesos, casi tres veces lo que busca recaudar con la reforma tributaria, para comprar tierra. Y, hasta el momento, según indagó SEMANA con el Ministerio de Agricultura, no está clara la fuente de financiación.
Inicialmente, el documento del acuerdo firmado detalla que el pago se efectuará con bonos de deuda pública “u otra forma que determine el Gobierno”. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo públicamente que no está autorizado a comprar tierras con títulos de deuda pública, un aspecto en el que difiere la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien manifestó en SEMANA: “No descarto lo de deuda, sé que meter al país en más endeudamiento ahora con estas tasas de interés que se están manejando no es tan fácil, pero estamos ante una oportunidad histórica, pero iremos viendo qué otros recursos tenemos”.
Además, como la filosofía del acuerdo plantea que serán procesos de compraventa voluntarios, el Gobierno depende del ofrecimiento que le hagan los ganaderos para poder determinar el precio al cual comprará la tierra. No es lo mismo un predio con pocas rutas de acceso, que un terreno con conexión a vías principales.
El proceso de compra de predios a los ganaderos, si bien se ha demostrado puede ser más rápido que los demás mecanismos que tiene el Estado para la reforma rural, va a tardar bastante tiempo.
El acuerdo establece que los predios adquiridos deben ser acreditados como propiedad privada conforme a la ley, no deben “estar emproblemados” y deben ser productivos. Esto será revisado por el Ministerio de Agricultura.
Luego de la oferta y la revisión, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) fijará precios mínimos y máximos de la compra de la tierra y se tratará de hacer un piloto del catastro multipropósito. Ese conjunto de elementos dará el precio de la tierra que será a precio de mercado.