El partido Comunes, integrado por los firmantes del Acuerdo de Paz, tiene previsto adelantar un debate de control político al Gobierno del presidente Gustavo Petro, por las denuncias de violaciones en el Guaviare.
El senador Pablo Catatumbo aseguró que todo lo que ha ocurrido en esa zona del país debe aclararse y, por esa razón, pidió a la mesa directiva del Senado que se apruebe su solicitud para adelantar el control político.
En sus redes sociales indicó que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deben contarle al país lo que está ocurriendo y las medidas para evitar que sigan presentándose este tipo de hechos.
“Son extremadamente escandalosos y dolorosos los casos revelados sobre 4 abusos a la semana de menores indígenas de las comunidades nukak y jiw en el Guaviare. Es urgente conocer los resultados de la investigación profunda a los militares de la zona y de cualquier parte del país. Porque es funesto que no existan condenas por estos casos”, dijo el congresista.
Así las cosas, este debate de control político sería el primero que haga la plenaria del Senado en 2023, pero será el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien defina la fecha en la que se adelantará.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación adelanta nuevas actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con posibles actos de abuso y/o violencia sexual, por parte de miembros del Ejército Nacional contra menores de edad indígenas en el Guaviare.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare abrió investigación disciplinaria contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ese departamento, Joaquín Mendieta Silguero, quien, al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y pese a ello, no habría desplegado las medidas de protección necesarias.
El proceso se originó a raíz de una nota periodística en la que señala la existencia de estos abusos y deja ver que, en entrevista dada por Mendieta Silguero, “al parecer conoció de dichos hechos y omitió sus deberes funcionales que le imponen tomar medidas urgentes frente al restablecimiento de los derechos de dichos menores y presentar la respectiva denuncias”.
El director del ICBF regional Guaviare será escuchado por el Procurador Regional de Instrucción de ese departamento el 23 de enero de 2023 a las 9:00 a. m. para que rinda de manera libre y espontánea su versión respecto de los hechos materia de investigación.
Por otra parte, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la fuerza pública inició una indagación previa contra militares por establecer, que busca identificar otros hechos de abuso y/o violencia sexual contra niñas indígenas de Guaviare.
El ente disciplinario trabaja para establecer el nombre y ubicación exacta de todas las unidades militares asentadas en el Guaviare y los nombres y datos de quienes las comandaron entre 2019 y 2023.
Dentro de esta indagación previa, la Procuraduría solicitó a la Inspección General del Ejército Nacional y el Batallón de Infantería de Selva No. 18 “José Joaquín París” información sobre quejas contra militares por este tipo de conductas, recibidas en los últimos cuatro años.
El sábado, 14 de enero, el presidente Gustavo Petro calificó como “etnocidio” los casos de violación sistemática de niños y niñas indígenas ocurridos en regiones de la selva amazónica, como el departamento del Guaviare.
Las declaraciones se dieron en un encuentro con líderes y lideresas del Suroeste Antioqueño, que se realizó en el municipio de Jericó, en Antioquia.
El camino de prostituir los hijos
El Mandatario aseguró que en muchos casos estos abusos y violación sistemática de menores, no se han dado de manera clandestina, sino con la complicidad de las propias comunidades.
Esta “no es una actividad clandestina hecha contra la misma familia, la misma comunidad, sino que se han alcanzado, de ahí, la sistematicidad del problema, niveles de complicidad de la misma comunidad, que no ve otro camino que prostituir a sus propios niños para obtener comida”, aseguró.
¿Por qué etnocidio?
El etnocidio se define como una forma de destrucción de la cultura de un pueblo, particularmente se habla de etnocidio para referirse a la liquidación de las culturas indígenas.
De acuerdo con Petro estos actos no corresponden solo a un delito que el Código Penal establece, refiriéndose al abuso y la violación de niños y niñas, sino que es también un etnocidio que está acabando con culturas como la de los nukak makú, el último pueblo andante de la selva amazónica.
Además, Petro habló de que esta realidad produciría una eventual destrucción periódica de las propias culturas indígenas. “Colombia ha visto imposiciones sobre lo territorial, sobre lo local, destrucciones reales que no solamente pasan por las cosas físicas, sino que pasan por la destrucción de las culturas”.
Y añadió: “Cuando muere una cultura, se habla de un etnocidio. El etnocidio no tiene que ver con muertes de personas. Tiene que ver con la muerte de las culturas”.