La Procuraduría General envío un documento al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en 2023, para advertirle sobre una posible inhabilidad de la actual viceministra de Defensa Ana Catalina Cano Londoño, para que tomara posesión de dicho cargo por haber figurado como empleada de una empresa privada que sería contratista de la cartera.
En el documento que conoció SEMANA, queda claro que se podría configurar un posible conflicto de interés, pero al parecer, Velásquez no tuvo en cuenta esa advertencia y posesionó a Cano en el cargo en junio de 2023.
El documento del Ministerio Público lo firmó el procurador delegado para la vigilancia preventiva de la Función Pública, Fernando Grillo, y advierte que tras una revisión se emitieron las observaciones para que se tuvieran en cuenta.
“Con base en las observaciones, solicito que la aspiración de la abogada Ana Catalina Cano Londoño al cargo de Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa GSED, no finalice en nombramiento, en aras de evitar una nulidad del mismo”, dice en el oficio enviado.
La advertencia del Ministerio Público obedecía a que la viceministra podría incurrir en conflicto de intereses porque podría tomar decisiones contractuales que favorecerían a la empresa donde trabajó. “Comedidamente, solicito ordenar lo pertinente, a fin de adelantar el estudio del caso, tomar las decisiones de acuerdo a su competencia legal y funcional…”, le dice el procurador delegado al ministro Velásquez.
La empresa en la que trabajó la viceministra “es proveedor y distribuidor de productos químicos, servicios y tecnología para los mercados de tratamiento de aguas, químicos, para la industria minera y químicos industriales”.
Fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que la funcionaria mantiene una estrecha amistad con la representante legal de la empresa donde trabajó, por lo que ahora están determinando si hay relaciones contractuales.
Lo cierto es que Indumil, dependiente del Ministerio de Defensa, suscribió un contrato con dicha empresa cuyo objeto es la “adquisición de nitrato de amonio perlado de alta densidad para emulsión para operaciones de Indumil en la mina la Loma”, por un valor de más de 6 millones de dólares, con una vigencia hasta 2026.
Por esa razón, la Procuraduría indaga si dentro de las funciones y competencias del despacho de la actual viceministra, se puede intervenir en las decisiones de Indumil.
Según el Ministerio Público, la viceministra no habría declarado este posible conflicto de intereses en los formatos que el Estado tiene previstos para que se informe esa novedad.