Con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, la izquierda conquista oficialmente las dos máximas instancias del poder político: la Presidencia y el Congreso de la República.
Petro llega al poder con una imagen favorable superior al 60 por ciento; una coalición que, por ahora, le permitiría buen margen de maniobra en el Legislativo; un ambicioso paquete de reformas, y la esperanza de millones de ciudadanos que le dieron un contundente apoyo en las urnas. Pero la pregunta que muchos se hacen hoy es si será el cambio o más de lo mismo.
Una de las primeras apuestas con las que llega el nuevo gobierno, que causa esperanza, pero a la vez muchos interrogantes, es la llamada “paz total”, que no es otra cosa que el sometimiento a la justicia de la totalidad de los grupos armados ilegales. Para ello, muy seguramente, habrá que tramitar una nueva y polémica ley hecha a la medida de esta nueva negociación.
Lograr la llamada “paz total” implicaría nada menos que librar al país del terror que han buscado sembrar estos grupos criminales en muchas regiones.
SEMANA conoció que Petro, tan pronto se posesione, hará oficial la reanudación de los diálogos con el ELN, algo que prometió en campaña. Lo novedoso es que podría decretar un cese bilateral al fuego como un gesto de paz. La noticia resulta atractiva, tratándose de la guerrilla más grande en armas, con 6.000 hombres, pero el escenario no es tan sencillo.
Al frente está un grupo que en el pasado se ha burlado de los diálogos y sigue dedicado a los asesinatos, secuestros, extorsiones, a la minería ilegal y al narcotráfico, entre otras rentas ilícitas, y con Venezuela como refugio.
Ligada a esta ambiciosa, compleja, pero esperanzadora apuesta, el nuevo gobierno llega con una agenda de reformas sociales que implican cambios en materia laboral, pensional y económica, con la que el nuevo mandatario busca la equidad social y el crecimiento económico sostenible, así como proteger los derechos humanos y el medioambiente.
Entre este paquete resaltan la reforma rural integral, la agenda de protección de ambiente, la transición energética, el aumento de las transferencias monetarias a la población vulnerable y la reforma pensional.
Para apalancar esta ambiciosa agenda, en tiempo récord, Petro logró el apoyo de las mayorías del Congreso: el Partido Liberal y La U se declararon de gobierno y los conservadores, junto a Cambio Radical, anunciaron que no le harán oposición.
El Pacto Histórico tendrá al tiempo la presidencia de Cámara y Senado. Hay quienes ya hablan de la ‘aplanadora’ petrista.
Sin embargo, lo que es para Petro su mayor virtud, tener de su lado a los partidos tradicionales, se convierte a la vez en su mayor defecto: para lograr el cambio necesitará a los mismos de siempre.
Para llegar a la Presidencia, desde la misma campaña, Petro se tuvo que rodear de la clase política tradicional. Líderes como Roy Barreras, Alfonso Prada, entre otros, que antes eran criticados por el petrismo, se convirtieron en fichas claves de su campaña y ahora del gobierno. De hecho, tanto Barreras como Prada han asumido en buena medida la vocería ante el silencio que ha mantenido Petro en los medios de comunicación.
Está claro que los partidos que ahora buscaron cobijo en la coalición petrista lo hacen más por cuotas de representación burocrática en el gabinete y las entidades del Estado que por afinidad con el programa de gobierno de Petro. Es decir, el nuevo jefe de Estado tendrá que gobernar junto a ellos, si no quiere poner en peligro sus promesas de cambio.
Cualquier incumplimiento a los acuerdos de parte de Petro implicará recibir la presión de los partidos tradicionales. Y así lo hicieron saber esta semana, en medio del proceso de elección del nuevo contralor, en el que le pegaron un susto al nuevo gobierno al cerrar filas en torno a la candidatura de María Fernanda Rangel, mientras que las fuerzas del petrismo, incluido el gobierno, según se dijo, estaban buscando impulsar a Julio César Cárdenas.
Esta decisión de los partidos de armar tolda aparte desató una crisis y llevó al petrismo a moverse para tratar de desbaratar el acuerdo de apoyo a Rangel. Prada tuvo que llamar a algunos congresistas liberales, conservadores y de La U para tratar de echar para atrás el apoyo a la candidata.
De esta manera, las fuerzas políticas tradicionales le hicieron saber a Petro que no estaban contentos con el escaso juego burocrático que les había dado en el gabinete. Sin duda, se trata de un primer llamado.
Curiosamente, quienes tuvieron que salir a apagar el incendio, en defensa de los intereses del nuevo gobierno, fueron Prada y Barreras. Es decir, los de siempre negociando con los mismos de siempre.
Resistentes al cambio
Esta resistencia frente al cambio, ahora que están en el poder, parecen tenerla también en los sectores de centro izquierda, que son la base de la fuerza política del presidente Petro.
Congresistas del Pacto Histórico y la Alianza Verde llegaron al Capitolio con la promesa de disminuir los amplios privilegios de los que gozan hoy los congresistas, como la disminución de sus salarios, el recorte de sus vacaciones y el endurecimiento del régimen de pérdida de investidura por inasistencia.
Sin embargo, ahora que tienen las mayorías y el gobierno de su lado, anunciaron que sí se bajarían el sueldo vía reforma constitucional pero que esta modificación solo aplicará a partir de 2026, es decir, no les afectará a ellos.
El argumento para este anuncio, que generó desazón en la ciudadanía, es de tipo jurídico: se deben respetar los derechos adquiridos de los parlamentarios que ya fueron electos, quienes, además, se podrían declarar impedidos porque estarían legislando sobre su propio salario. Este mismo argumento, no se puede olvidar, fue usado por el anterior Congreso, cuando rechazó en varias oportunidades los proyectos relacionados con la reducción de su salario.
Además, para el Pacto Histórico, la fuerza política del nuevo presidente, el ser gobierno, parece estarse convirtiendo en una ‘papa caliente’ y ha empezado a entrar en rencillas internas por el poder, tal como lo hacen los partidos tradicionales.
La conformación de las mesas directivas, la elección de contralor y la puja por el gabinete han provocado que en el Pacto Histórico se empiecen a sacar públicamente los trapitos al sol.
Además, en el petrismo duro también hay malestar por las fotos que se ha tomado Petro con el establecimiento político y las concesiones que ha empezado a hacer, y que tendría que seguir haciéndoles, a los partidos tradicionales.
En voz baja, le critican que haya atendido más a sus opositores –se ha reunido con el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el expresidente César Gaviria– que a quienes estuvieron con él durante toda la campaña y lo llevaron al poder. Incluso, influenciadores petristas aseguran que ya no les contestan el teléfono.
Y les molesta que el nuevo presidente, por pedido de partidos como el liberal y el conservador, haya tenido que empezar a recular en propuestas centrales de su campaña, como la de eliminar las EPS. Una reforma en este sentido parecía inminente, pero el tema, al menos por ahora, se aplazó.
Lo mismo ocurrió con la reforma a la Procuraduría y la eliminación del Esmad, asuntos que, también por ahora, según los anuncios, tendrán que esperar.
A esto se suma la posición del ministro de Hacienda designado por Petro, José Antonio Ocampo, quien dijo que la reforma pensional “no es una prioridad en el corto plazo”.
Un asunto en el que sí hay expectativa, pues el nuevo jefe de Estado no ha dado claridad, es el anuncio de cortar de tajo la exploración petrolera. Expertos han advertido de la inconveniencia de tomar una decisión de este calado en este momento, cuando el país enfrenta un gran hueco fiscal y se necesita de la entrada de inversión extranjera para apaciguar la disparada del dólar.
Por ahora, las prioridades legislativas del nuevo gobierno serán la reforma tributaria, la reforma política y la reforma rural, temas que generalmente son planteados por los gobiernos tan pronto llegan al poder. Así lo hicieron Juan Manuel Santos e Iván Duque, aunque no obtuvieron mucho éxito en materia de tierras. En este aspecto, no habría mayor cambio.
En lo que sí parece que habrá un gran cambio es en el papel de las Fuerzas Militares. Por ahora, el designado ministro de Defensa, Iván Velásquez, no ha entrado en mayores detalles, pero se esperan mayores reformas. Sectores militares y de la Policía están a la expectativa debido a las fuertes críticas de Velásquez en el pasado y su respaldo al informe de la Comisión de la Verdad, que muchos entre las fuerzas consideran injusto y sesgado.
Gustavo Petro arranca su gobierno no solo con la responsabilidad sobre su gestión sino sobre el futuro de la izquierda misma. Una mala gestión hará que en cuatro años el péndulo vuelva nuevamente hacia el otro lado del espectro político. Para lograr el cambio se necesita a los mismos de siempre. ¿Hasta dónde cederá el presidente?