El lunes primero de mayo, cuando el presidente Gustavo Petro lanzaba su poderoso y agresivo discurso desde el balcón, hubo una frase que pasó inadvertida. El primer mandatario, que había dicho que el intento de coartar las reformas podría llevar al país a una revolución, agregó lacónico: “Y nos dejaron subir a este balcón. Quizás pensaron: ‘Petro en la Presidencia tiene tantos obstáculos internos entre el gobierno, externos frente al Congreso, las Cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas”.
Aseguró que su destino era otro al ser un gobierno de los mismos y comparó el momento que vive con los tiempos del general Melo, de Simón Bolívar o del gran reformador Alfonso López Pumarejo. Que el presidente hubiera incluido a las cortes entre quienes pueden acorralar su intención de hacer reformas llamó la atención en los círculos judiciales y en el Palacio de Justicia.
Se trataba de un mensaje sutil en un país en que el choque de trenes entre el poder ejecutivo y el poder judicial se ha dado de frente y con inquina. Pero no dejaba de ser un mensaje.
Hasta el momento, el Palacio de Justicia no se ha visto del lado del Gobierno, pero tampoco en contra. Sin embargo, las decisiones que se han promulgado en las tres corporaciones sí han dejado claro que los magistrados harán el trabajo que tienen que hacer cuando lleguen sus temas a sus despachos.
Lo último fue el fallo que deja por fuera a Roy Barreras del Congreso. El Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia a quien se ha convertido en su principal escudero. Se podría decir que el presidente del Congreso era en la política el polo a tierra, algo similar a lo que José Antonio Ocampo significaba en los mercados. Las razones son técnicas, pues incumplió, a juicio del alto tribunal, su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para elecciones de Congreso, periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad.
Barreras, con su pragmatismo, había logrado armar coaliciones en medio de un ambiente turbulento y unas reformas polémicas. Y ni siquiera el cáncer de colón, que le fue descubierto en octubre del año pasado, había logrado detener su ímpetu político. Al senador se le atribuye la aplanadora legislativa que le aprobó todos los proyectos durante los primeros seis meses de Gobierno.
Sacó adelante la reforma tributaria, una hazaña que no había logrado ni siquiera Juan Manuel Santos en los mejores tiempos de la aplanadora de la Unidad Nacional. Y cumplida esta misión, Barreras logró aprobar en menos de dos meses otras dos iniciativas clave: el presupuesto general y la llamada ley de ‘paz total’, un proyecto que le dio facultades a Petro para poder negociar con los grupos al margen de la ley.
A partir de enero de 2023, un año electoral, Barreras empezó a tomar distancia del Gobierno. No solo lanzó críticas en público a reformas sociales claves para Petro (como la de salud), sino que también lanzó reparos a políticas centrales del Gobierno, como la decisión de no dar más contratos de exploración de petróleo y de levantar las órdenes de captura a miembros de grupos criminales para negociar con ellos la ‘paz total’.
Aunque la decisión es eminentemente jurídica, genera un golpe político enorme para el Gobierno. Y no ha sido la única.
El Consejo de Estado tomó ya una decisión en un tema álgido. Hace apenas un mes, esa corporación le tumbó el decreto con el que el presidente iba a bajar las tarifas del servicio de energía. En la decisión, los magistrados le recordaron al presidente que “la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislador” y que él no podía desbordar esa competencia.
El Consejo de Estado llegó al caso por una demanda de la firma DLA Piper al decreto mediante el cual el Gobierno buscaba asumir las funciones de control en las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos.
En la Corte Constitucional también hay decisiones de mucho fondo. La primera fue muy simbólica. En el fallo de la Corte Interamericana que condenó a Colombia por la decisión de la Procuraduría de sacar a Petro de la Alcaldía de Bogotá había unas disposiciones que el país debía cumplir en el futuro. Una de ellas era garantizar que la Procuraduría no podía quitarle de esa forma los derechos políticos a un elegido popularmente.
La entidad reformó el procedimiento pero no se quitó esa competencia y el caso llegó a revisión de la corte, que le dio la razón a la Procuraduría. El presidente, al conocer el fallo, expresó públicamente su molestia.
“Como lo hemos defendido, Procuraduría, por ser autoridad administrativa, no puede quitar derechos políticos, como lo prohíbe el art. 23 de la Convención Americana que es parte de la Constitución Lástima que Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Una segunda decisión también tiene un enorme significado a futuro para el Gobierno. En marzo, en un fallo histórico, la Corte Constitucional determinó que puede suspender leyes vigentes en casos excepcionales. De acuerdo con el alto tribunal, este recurso se activará con normas abiertas o manifiestamente incompatibles con la Constitución.
“En casos excepcionales, frente a una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución que pueda producir efectos irremediables o que lleven a eludir el control de constitucionalidad, es necesario que la Corte adopte medidas, también excepcionales, orientadas a impedir la producción de efectos del acto objeto de control”, dijo la Corte en su providencia.
Con esto, la Corte Constitucional queda con un enorme poder a futuro, pues le permitiría suspender cualquier ley vigente del Gobierno. El caso, además, tiene una particularidad y es que esa determinación se tomó en una de las demandas de la ‘paz total’ que pedía la suspensión de ese articulado.
A esa corporación, además, llegarán todos los temas gruesos aprobados en la primera legislatura, como la reforma tributaria y los más recientes, como el Plan de Desarrollo.
Pero, quizás, en donde se vive un malestar con el Gobierno es en la Corte Suprema. Allí no hay decisiones emblemáticas pero sí comunicados muy sentidos. El punto máximo de la molestia estuvo en la propuesta que rodó de crear una corte anticorrupción, similar a la que lideró Iván Velásquez en Guatemala.
El proyecto iba a ser radicado en el Congreso y planteaba 27 magistrados más en una nueva sala, con lo cual los magistrados actuales no solo perderían competencia sobre los temas más gruesos sino además la mayoría en las decisiones clave, que quedarían en manos de los nombrados en el nuevo gobierno.
Fue tal el rechazo y la indignación que esa idea generó en las cortes que se produjo un comunicado en el que compararon esa salida con el holocausto del Palacio de Justicia, en el que murieron sus magistrados por la toma del M-19 de esas instalaciones.
“El alto tribunal advirtió que se opone a ‘cualquier tentativa’ de modificar las instituciones y que ‘ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años han defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados’”.
“A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños. Cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción, dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”, agregaba el comunicado.
Aunque ese proyecto nunca tuvo su origen ni la vocería en el Gobierno Petro, muchos magistrados lo atribuyeron como un intento de tomarse esa corte.
El tema fue olvidado, pero nació otro: la creación de una jurisdicción agraria que denota los mismos problemas. El Gobierno sí presentó ese proyecto y la Corte también le contestó enérgica asegurando que “desde siempre las ha ejercido de manera imparcial e independiente la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Civil y Agraria, en tratándose de conflictos particulares, y el Consejo de Estado cuando la controversia involucra actos administrativos”.
Antes de que todo esto pasara, había un hecho menos jurídico pero de enorme trascendencia en la relación entre ambos poderes. Al llegar a la Casa de Nariño, el presidente dejó varias veces metidos a los magistrados. Es tradición que sea el primer mandatario el que en Palacio posesiona a los nuevos miembros de esas corporaciones. Suelen ser ceremonias muy discretas pero muy sentidas en las que se reúnen no solo los nuevos sino todos los altos miembros de la rama judicial.
El primer mandatario decidió al comienzo de su mandato no asistir y dejar a los togados esperando por horas, para al final no presentarse. Eso produjo tal caos que el presidente decidió cortar de la manera más agresiva posible ese problema: emitió un decreto en el cual la función de posesionar a los magistrados quedó a cargo del secretario jurídico de la Presidencia, de tal manera que él ya no tuviera que asistir.
La salida de Roy Barreras no es de ninguna manera una retaliación a esas salidas del Gobierno, pero sí deja ver muy bien que no la tendrá fácil ni tiene nada ganado en ese frente. Y que los magistrados harán su trabajo conforme a las leyes.