El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le aseguró a SEMANA que, sin permiso o no, seguirá verificando la ‘paz total’ del Gobierno y los ceses al fuego que se han pactado con distintos grupos armados en distintas zonas del país con el objetivo de proteger a las comunidades.
“Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos adelantando nuestra labor constitucional de verificación de la situación de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco de los diferentes ceses al fuego decretados por el Gobierno nacional con varios grupos armados ilegales”, afirmó el defensor del Pueblo.
Camargo agregó que seguirá verificando los protocolos establecidos con grupos como el ELN y otras organizaciones. “Con el fin de hacer un seguimiento más preciso y estricto. Sin embargo, con o sin protocolos, seguiremos verificando las afectaciones, presencia o tránsito de los grupos armados ilegales sobre el territorio”, dijo.
El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno pactara el cese al fuego con algunas de estas estructuras armadas, a pesar de que en lo establecido con esos grupos, en el monitoreo no fue incluido el papel de la Defensoría. Camargo aclaró que seguirán verificando ese proceso a través de sus oficinas y funcionarios en todas las regiones así no tengan ese aval del Gobierno y de las negociaciones.
Camargo le pidió al Gobierno nacional que se conozcan en detalle los protocolos que se han establecido con el ELN y las demás organizaciones armadas, con el fin de hacer un seguimiento más preciso.
El defensor del Pueblo señaló que en los 6 informes que han presentado durante este año han advertido de las diferentes acciones de vulneración a los derechos de las comunidades por cuenta de amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades, reclutamiento de menores de edad, entre otras situaciones generadas por los grupos armados ilegales.
Camargo le confirmó a esta revista que seguirán presentando resultados periódicos sobre las vulneraciones a los derechos humanos en medio de la denominada ‘paz total’ del Gobierno. “Les recordamos a los grupos armados ilegales la importancia de cumplir con lo acordado y de no burlar el anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, manifestó el defensor del Pueblo.
Precisamente, en uno de los últimos reportes presentados, se registró que en el departamento de Córdoba se han incrementado los homicidios por cuenta del Clan del Golfo. En lo corrido del año 130 personas han sido asesinadas por esas estructuras.
“El asesinato de 126 personas en los primeros seis meses del 2023 en el departamento, de las cuales 44 ocurrieron en los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro y San Carlos, evidencia la materialización de lo que hemos advertido a través de nuestras Alertas Tempranas”, afirmó Camargo.
Igualmente, la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo tiene a 27 de los 31 municipios de Chocó en riesgo, lo que ha generado, entre otras, que aumenten los desplazamientos.
“¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos los esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”, cuestionó Camargo.
El defensor del Pueblo afirmó que durante los últimos años ha habido un incremento en las violaciones a los derechos humanos y en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los homicidios, las amenazas, los señalamientos, las desapariciones forzadas y la estigmatización contra líderes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas han aumentado de manera preocupante, alertó.