La tensa relación entre Enrique Vargas Lleras y el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene un nuevo capítulo en los estrados judiciales.
El hermano del exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, interpuso una nueva acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro, con el propósito de que se protejan y garanticen sus derechos a la honra y al buen nombre y los de su familia, con relación a la publicación realizada por el mandatario en la red social X, el pasado 8 de octubre de 2024, donde afirmó:
“Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública.
Desde aquí juegan al golpe de estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos.
La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para dirimir sus pleitos”.
De acuerdo con Enrique Vargas Lleras, las anteriores manifestaciones carecen de todo tipo de sustento fáctico y jurídico y tampoco obedecen a un criterio de razonabilidad, debido a que: 1) el proceso de sorteo se encuentra reglado y definido de manera previa; 2) Enrique Vargas Lleras, ni ningún miembro de la Corte Arbitral tiene facultades para intervenir o afectar el desarrollo de dicho proceso; y 3) Germán Vargas Lleras no ha recibido ningún pago por concepto de honorarios desde que ingresó a la lista de árbitros nacionales de la Cámara de Comercio.
Razones por las cuales radicó, el 10 de octubre, una solicitud de rectificación. No obstante, la respuesta fue negativa y el pasado 1ro de noviembre de 2024, la coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República señaló que las declaraciones del presidente de la República están amparadas constitucionalmente, al enmarcarse en la faceta de opinión del derecho a la libertad de expresión y no, en el de difusión de información.
“Es importante indicar que en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia, se estableció que todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos respete el buen nombre y la honra y que el Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar esos derechos. Las afirmaciones hechas por parte del señor Petro Urrego han afectado mi imagen y prestigio, socavando la confianza que en mí se tiene. Y por ello me encuentro legitimado para interponer la acción de tutela, como mecanismo transitorio, para evitar que los efectos de las difamaciones, que el señor Petro Urrego ha venido realizando, se expandan y prolonguen en el tiempo en perjuicio de los derechos fundamentales a mi honra y buen nombre”, expresó.
Enrique Vargas Lleras espera que en el fallo de la tutela se le ordene al presidente Gustavo Petro retractarse, una vez más, de las afirmaciones que hizo en contra de él y su familia, en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que las efectuó.
Petro ya debe rectificar señalamientos
Es de mencionar que el presidente, Gustavo Petro, deberá retractarse de los señalamientos que hizo en contra de Enrique Vargas Lleras y la familia Vargas Lleras, sobre supuestos malos manejos de facturación en la Nueva EPS.
Así lo determinó la Sección Quinta del Consejo de Estado al confirmar, en segunda instancia, el fallo de tutela del 27 de agosto de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que ya le había ordenado la retracción al presidente Petro.
El pasado 31 de mayo, el presidente Petro, a través de su cuenta de X, salió a atacar a la familia Vargas Lleras, argumentando que estaban dentro de los interesados en defender los sistemas de salud “mercantil”, mientras atacaban el modelo que su gobierno proponía.
En la confirmación del fallo el Consejo de Estado señala que: “para la Sala resulta claro que, las opiniones realizadas por el señor presidente de la República no se enmarcan en un debate político acerca de cómo ha sido manejado el sistema de salud en forma general, sino que se trata de imputaciones realizadas de manera concreta y específica a personas determinadas, sin que dentro del plenario obre prueba siquiera sumaria que permita acreditar que tal circunstancia se hubiese verificado de manera previa a su divulgación”.