Este miércoles 1 de marzo, a las 8:00 a.m., el conejal de Bogotá por la Colombia Humana, José Cuesta Novoa, interpondrá una demanda de nulidad en contra del Proyecto de Acuerdo No. 462 de 2022 “Por medio del cual se autoriza el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y se dictan otras disposiciones” porque según el cabildante, se cometieron irregularidades en su trámite y aprobación.
En primer lugar, de acuerdo con Cuesta, no se tuvo en cuenta la participación ciudadana durante el trámite del Acuerdo 858 de 2022. Algo que se evidenció, de manera especial, durante la audiencia celebrada los días 28 y 29 de septiembre de 2022.
En segundo lugar, el acuerdo inició su trámite en una comisión incompetente, con el fin de favorecer la aprobación del proyecto; puesto que el mismo debía ser presentada ante la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial.
Por otro lado, el concejal de la Colombia Humana explicó que la expedición del proyecto fue irregular, pues careció de un estudio de impacto fiscal y no se respetaron los términos entre los debates para evitar el control ciudadano.
Son varios los reparos que el concejal Cuesta ha tenido frente a la Región Metropolitana desde su trámite en el Concejo de Bogotá. “Este proyecto no incorporó para nada un componente importante de participación ciudadana, que a nuestro juicio es exactamente la realización de una consulta popular”, dijo recientemente Cuesta a SEMANA.
Desde la bancada de la Colombia Humana también se oponen a este proyecto, porque “crea un gobierno corporativo con democracia restringida”.
“La Ley 2199 establece que el consejo regional de gobierno estará conformado por los alcaldes de los municipios y adicionalmente estará el gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá, todos se suponen que son copartícipes del proyecto de asociatividad, pero en términos democráticos, los alcaldes de los municipios tendrán una menor calidad democrática en sus decisiones porque la alcaldesa de Bogotá y el gobernador tienen derecho al veto”, explicó Cuesta.
De igual modo, el concejal cuestionó que ninguna organización social, ni étnica, ni de mujeres, ni de ambientalista hace presencia en el consejo regional de gobierno.
Así mismo, Cuesta se ha opuesto a este modelo de Región Metropolitana, por los efectos que traería en materia ambiental.
“Es verdaderamente un despropósito, adelantar lo que yo llamo, un mega proyecto de expansión urbana sobre la sabana, sin tener en cuenta la emergencia climática”, dijo Cuesta en su momento, quien advirtió que “en esos suelos rurales que hoy son de vocación agrícola, protectores del agua, se van a construir un millón de nuevas viviendas, es decir, que allí perfectamente van a caber 4 millones de personas más”.
Para el concejal, “en tiempos de cambio climático, eso es un pecado mortal”, pues este proyecto de renovación urbana “va a generar un suicidio colectivo”.
“Entre otras cosas, este proyecto de expansión urbana va acompañado de un proyecto de conectividad vial, y desde la Secretaría de Planeación ya están pensando que se necesita construir un carril para TransMilenio que vaya desde Bogotá a Facatativá, esto va a ser mortal, porque hoy los constructores tienen las tierras, y lo que les falta es la conectividad vial y en el momento en que se construya un tramo de solo bus, entre Bogotá y Facatativá, lo único que va a generar es una avalancha masiva de urbanización que no va a tener ninguna contemplación en tiempos de cambio climático”, dijo Cuesta a SEMANA en medio del trámite del proyecto.
De otro lado, una cuarta observación crítica que ha hecho Cuesta, es que la Región Metropolitana va a generar una cascada de impuestos para los bogotanos y los cundinamarqueses. “¿Tiene sentido aumentar la tasa y los gravámenes tributarios, sobre todo cuando ya estamos sintiendo el rigor de los efectos de la recesión económica?”, precisó.
Frente a este último tema, vale mencionar que el presidente Gustavo Petro, incluyó en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que se radicó en el Congreso de la República, el artículo 139 numeral 5, que contempla la posibilidad de que la Región Metropolitana, que fue creada recientemente entre Bogotá y Cundinamarca, tenga un pico y placa solidario ampliado en todo el departamento y que los recursos que se recauden vayan dirigidos a un Fondo de Estabilización Tarifaria Regional, es decir, a la financiación de los sistemas de transporte masivo, en este caso, TransMilenio.
La polémica por el artículo del Plan Nacional de Desarrollo no solo se detiene en la posibilidad de establecer un pico y placa solidario en la región para obtener recursos para TransMilenio, sino que va más allá y abre la puerta a que se cobre mucho más por el impuesto predial con el objetivo de recaudar más dinero para lograr una mayor financiación del sistema de transporte masivo.
El proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo también autoriza a los municipios y a las áreas o regiones metropolitanas, para establecer una sobretasa en el impuesto predial unificado.
“Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán aportar recursos propios, y recursos de capital para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público. Para estos efectos, las entidades territoriales podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial unificado liquidado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”, dice el proyecto de ley.
Basta esperar ahora qué decisión tomará el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a la demanda de nulidad de Cuesta Novoa y si el modelo de asociatividad entre la capital del país, el departamento y los municipios estaría en riesgo o no.