Este lunes 15 de mayo, durante la dirección nacional del partido Alianza Verde, encuentro al que asistieron congresistas y delegados de todo el país, se eligieron al exsenador y líder del sector educativo, Rodrigo Romero Hernández, y al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, como nuevos copresidentes de la colectividad.
La elección de Amaya no cayó nada bien en algunos concejales de Bogotá, del partido Alianza Verde, quienes calificaron lo ocurrido como una “decisión infame”, producto incluso de “la mermelada”.
El concejal Diego Cancino recordó que él ha venido denunciando a Amaya por posibles irregularidades cometidas en la Gobernación de Boyacá, por lo que no se explica por qué el partido Alianza Verde lo designó como copresidente.
“¡Infame! La dirección Nacional de la Alianza Verde acaba de elegir a Carlos Amaya copresidente del partido. A él lo he denunciado con evidencia y no ha podido tumbar, ni siquiera ante jueces, nuestras denuncias”, escribió Cancino en su cuenta de Twitter.
El cabildante acompañó el mensaje con un video en el que de forma categórica afirma: “Infame la elección de Carlos Amaya después de las denuncias que nosotros hemos hecho, después de las investigaciones que ha hecho la Contraloría, la Procuraduría, después de que no hemos recibido ni una sola respuesta ante los presuntos carruseles, ante los presuntos atajos que pone la Contraloría, ante los presuntos atajos que pone la Procuraduría”.
El concejal Diego Cancino contextualizó que Carlos Amaya lo entuteló para que él se retractara de sus denuncias, “pero un juez la semana pasada, de manera clara y contundente, dice que yo tenía la razón y no tenía que retractarme, ante esa tutela le dice a Amaya que mis argumentos eran válidos”.
Por su parte, la concejal Lucía Bastidas, también cuestionó la designación de Amaya como copresidente del Partido Verde.
“La mermelada da frutos”, sentenció Bastidas de manera categórica, al advertir que fue “una pésima decisión” del partido y al mismo tiempo, la concejal solicitó que se aclaren cuanto antes las investigaciones que tiene Amaya en la Procuraduría General de la Nación.
¿Cuáles son las denuncias del concejal Diego Cancino en contra de Carlos Amaya?
Diego Cancino, concejal de Bogotá, denunció que el ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya habría favorecido a un círculo íntimo con millonarios contratos que terminaron en hallazgos fiscales, detrimento patrimonial e investigaciones disciplinarias.
El cabildante explicó que los beneficiarios de más de 167 mil millones serían son los hermanos José Antonio y David Felipe Peña Villalobos, oriundos de Villavicencio, “quienes organizaron una especie de carrusel muy usado para este tipo de contratación y que resultaron ganadores de tres jugosas licitaciones para obras viales en Boyacá, con sobre costos, retrasos y múltiples irregularidades”.
De acuerdo con Cancino, “los hermanos Peña y sus socios configuraron un esquema de contratación en el que cinco empresas distintas – de los mismos dueños- de Villavicencio y Bogotá - participaron en por lo menos tres procesos licitatorios en los que resultaron ganadores”
“Encontramos que la empresa que hizo la interventoría es la misma para dos de los tres contratos que ganaron los hermanos Peña”, dijo Cancino
Cancino detalló que el primer contrato de los Peña se firmó en 2017 (selección abreviada), a través del Consorcio Mirapaez 2017, por $39 mil millones, para el mejoramiento de una vía entre Miraflores y Páez, con Luis Fernando Ramírez Duarte como representante legal.
El cabildante señaló que “Mirapaez 2017 fue conformado por dos empresas: I) Constructora y pavimentos de Colombia Copacol (que tiene el 66% de la participación del consorcio), con José Antonio Peña Villalobos como representante legal. Y II) Constructora Esparta con Jairo Emiliano Omaña García como representante legal y Luis Fernando Ramírez, como suplente (Ramírez es representante legal del Consorcio)”.
“Llama la atención que de acuerdo con los certificados de existencia de las cámaras de comercio la dirección comercial de las dos empresas que conforman el Consorcio es la misma, (Carrera 7ma con calle 156, Oficina 2401), registradas actualmente en la ciudad de Bogotá”, anotó el concejal.
Este año, - detalló Cancino-, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Carlos Amaya por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual de este contrato firmado con el Consorcio Mirapaez 2017.
Adicionalmente, Cancino precisó que la Contraloría abrió dos hallazgos administrativos (el primero con presunta incidencia disciplinaria) en el marco de este contrato de obra: uno por sobrecostos y retrasos en la ejecución de la obra y otro por cargue irregular de información financiera en la plataforma pública de registro de información.
Por otro lado, Cancino expuso que “en 2018 la Gobernación de Boyacá firma el segundo contrato de obra pública con los Peña, esta vez a través del Consorcio Corredor Vial del Oriente, contrato que inicialmente se firmó por $93 mil millones (con un plazo de 14 meses), pero que debido a retrasos y prórrogas tiene un valor actual de $124 mil millones y supuestamente finaliza en julio de 2023″.
El concejal de la Alianza Verde especificó que el Consorcio Corredor Vial del Oriente lo conforman: Colombiana de Ingeniería y Pavimento COIPAV SAS (90 % de la participación) con José Antonio Peña Villalobos como representante legal y Constructora Esparta con la representación legal de Jairo Emiliano Omaña García.
“La primera alerta sobre este proceso contractual la realizó el Instituto Nacional de Vías (Invias), que en 2018 le hizo un requerimiento a la Gobernación de Boyacá, señalándoles que los pliegos de contratación para este y otros procesos de contratación podrían limitar la competencia justa en las licitaciones”, dijo Cancino.
De igual modo, Cancino comentó que “en 2019 se firma el tercer contrato con la familia Peña por $4 mil millones. Esta vez a través del municipio San Eduardo (Boyacá) que suscribe contrato con el Consorcio Vías San Eduardo 2019. El representante legal de este Consorcio fue (de nuevo) Luis Fernando Ramírez Duarte”.
El Consorcio Vías San Eduardo 2019 está conformado por Constructora El Alcázar SAS (99% de la participación) e Ingenieros Contratistas de Colombia SAS (con el 1% de participación restante). “De acuerdo con el Registro Único Empresarial (Rues), el representante legal suplente de Constructora El Alcázar SAS es David Felipe Peña Villalobos, hermano de José Antonio. Mientras que los representantes legales de la empresa Ingenieros Contratistas de Colombia SAS son Luis Fernando Ramírez Duarte y Jairo Emiliano Omaña”, señaló el concejal.
Y puntualizó Cancino: “El interventor de dos de los tres contratos coincide: LR Proyectos Ltda. hizo la interventoría tanto del contrato Mirapaez 2017 (mejoramiento de la vía entre Miraflores y Páez), como del contrato con el Municipio de San Eduardo. Rodolfo Daza Rodríguez, representante legal de LR Proyectos”.
“La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal (PRF-2020-37107) en agosto de 2021 contra la secretaria de Hacienda de la Gobernación de Carlos Amaya y contra Rodolfo Daza, como representante legal del interventor LR Proyectos Ltda. por el contrato Mirapaez 2017″, precisó Cancino.
“La lista de asociaciones es larga, los contratos numerosos en Boyacá y Meta, los personajes se repiten”, sentenció el concejal de Bogotá.