Este lunes 16 de diciembre, la plenaria del Concejo de Bogotá adelantó un debate de control político a la administración distrital por la seguridad en la capital del país. Se trató de un debate citado por la bancada del Centro Democrático.
En su intervención, el concejal Andrés Barrios fue claro al indicar que el panorama no puede analizarse sin mirar las problemáticas heredadas, en referencia a la alcaldía de Claudia López.
“Durante el 2022, los delitos de alto impacto, como el hurto a personas y el secuestro, aumentaron de forma desmedida en un 26,1 % y 87,5 %, respectivamente. La administración anterior redujo el presupuesto del sector seguridad por casi 110 mil millones de pesos en 2023, justo cuando la ciudad más necesitaba recursos para combatir la delincuencia”, dijo el concejal.
Para el cabildante, esta serie de decisiones ha tenido incidencia en la actualidad, pues los delitos de alto impacto presentan cifras elevadas.
“La encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos lo confirma: la gente no se siente segura. En 2022, el 37 % de la ciudadanía decía sentirse insegura. Hoy, en 2024, ese porcentaje subió al 48 %. A un año de gestión del alcalde Carlos Fernando Galán, los resultados en materia de seguridad reflejan una dolorosa realidad y es que uno de cada dos ciudadanos se siente inseguro”, aseveró Barrios.
Barrios presentó un resumen detallado del comportamiento que ha tenido el sistema de videovigilancia de la ciudad en este primer año de administración Galán.
“La realidad es que el sistema actual presenta graves deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y limitan la capacidad de respuesta de las autoridades. El sistema de videovigilancia se rajó en este primer año”, dijo.
El concejal evidenció cómo, mes a mes, el número de cámaras fuera de servicio aumentó. Actualmente, de acuerdo con las cifras expuestas por el cabildante, hay 5.824 cámaras, de las cuales 1.843 se encuentran sin funcionamiento, lo que corresponde al 32 % del total del sistema de videovigilancia.
“Muy preocupante resulta la situación en inmediaciones de las instituciones educativas. De acuerdo con la información que nos suministró la Secretaría de Seguridad, actualmente está fuera de servicio el 63 % del total de cámaras, es decir, de 235 cámaras solo funcionan 86. Y algo que también preocupa tiene que ver con que no se ha realizado un solo mantenimiento preventivo ni correctivo a estas cámaras”, enfatizó Barrios.
Cámaras LPR
Por su parte, la concejala Diana Diago alertó que está en veremos la instalación de 200 cámaras de videovigilancia LPR.
Diago explicó que la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2023, suscribió contrato con Consorcio LPR SCC 2024 para adquirir 200 cámaras para el reconocimiento de placas de vehículos, las cuales sirven para recolectar material probatorio para fines policiales y judiciales.
El contrato SCJ-1904-2023, por un valor inicial de 14.000 millones de pesos, tiene por objeto “el suministro e instalación de equipos, sistemas y componentes para el fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia de Bogotá D.C.”.
En medio de su intervención en el debate, Diago denunció que el contrato ha sido suspendido y prorrogado dos veces y ya van casi cinco meses de retraso para la instalación de estas cámaras.
Las cámaras LPR son herramientas de alta tecnología que sirven para capturar imágenes o videos de vehículos en movimiento y que mediante algoritmos pueden organizar la información en tiempo real y contrastar con la información judicial que reposa en los archivos de la Policía.
“En pocas palabras, cuando un ciudadano denuncie que fue víctima de un delito y se logre identificar la placa del vehículo utilizado a través de estas cámaras, esto quedará en un registro, y con gran inmediatez se podrán reconocer las coordenadas exactas de los delincuentes. Por ejemplo, si un delincuente transita por una vía principal y la placa ya está identificada, las cámaras facilitan en tiempo real la captura del delincuente. Es inconcebible que la ciudad ya pagó casi 7.000 millones de pesos, tal y como consta en el informe del contratista al interventor desde el año pasado, y aún no se han instalado”, mencionó la concejala Diago.
La cabildante solicitó información del contrato a la Secretaría de Seguridad a través de un derecho de petición. En la respuesta de este, Diago encontró que las 200 cámaras debieron quedar instaladas el 5 de agosto de 2024, pero el contratista aún no las ha instalado, a pesar de que las cámaras se las entregaron el 16 de julio de 2024, de acuerdo con los informes de ejecución del contrato y se encuentran en una bodega desde julio de este año.
Desde agosto, el contratista solicitó una adición al contrato, pero la Secretaría de Seguridad la negó. En este proceso administrativo pasaron tres meses, dos suspensiones y dos prórrogas. “La ciudad necesita soluciones urgentes en materia de seguridad para combatir a los criminales, y es increíble que en el gobierno Galán no hay agilidad en la gestión contractual; mientras tanto, los delincuentes, que sí son ágiles para cometer delitos, están tranquilos” señaló Diago.
Diago alertó además que la Secretaría de Seguridad justifica la no instalación porque “las evaluaciones de factibilidad para la energización han revelado que las distancias necesarias para instalar las acometidas eléctricas son mayores de lo previsto”; es decir, según la cabildante, no hubo una correcta planeación del contrato, ya que la instalación de las cámaras requiere una infraestructura adecuada en términos de conectividad y al parecer no se cuenta con lo requerido.
“Hicieron un contrato para la instalación de cámaras, pero no tuvieron en cuenta lo más importante: la infraestructura de la ciudad”, mencionó Diago.
Baja ejecución
De otro lado, el concejal Óscar Ramírez Vahos alertó de una baja ejecución presupuestal en la Secretaría de Seguridad.
“Es hora de ejecutar las acciones y pasar de los planes piloto a la acción. Bogotá afronta una grave crisis de seguridad y los recursos no se están invirtiendo”, indicó Ramírez Vahos.
El cabildante enfatizó: “Al déficit de más de diez mil policías, se suma la necesidad urgente de recuperar el control territorial que las bandas delincuenciales han venido ganando, y solo realizando importantes inversiones en materia tecnológica es que se logrará avanzar en mejorar la interoperabilidad de los sistemas para gestionar de una mejor manera la data y la reacción de las autoridades en tiempo real”.
Contratación de policías
Finalmente, el concejal Julián Uscátegui enfatizó que actualmente Bogotá tiene la cifra más baja de uniformados de las últimas cuatro administraciones distritales, con 15.865 efectivos.
Los estándares internacionales sugieren tener un policía por cada 300 habitantes; en el caso de la capital, hay uno para cada 506 habitantes, teniendo un déficit de pie de fuerza de 10.917 uniformados.
El concejal subrayó que en el Plan de Desarrollo del alcalde Galán, Bogotá Camina Segura, la Secretaría Distrital de Seguridad anunció que contrataría dos mil nuevos policías; no obstante, según Uscátegui, el secretario de dicha cartera señaló recientemente que, si bien la administración cuenta con los recursos, aún no existe un modelo definido para contratarlo, pues se requiere un nuevo marco normativo, que debería expedirse y avalarse desde el Ministerio de Defensa Nacional.
“El alcalde Galán le pidió al Concejo de Bogotá 321 mil millones de pesos para contratar dos mil policías y ahora resulta que no se puede porque depende de un nuevo marco normativo que debería ser avalado e implementado por el Ministerio de Defensa Nacional. El alcalde tiene los recursos para actuar. No debería seguir dependiendo del presidente Petro, que ya ha dejado claro su intención de sabotear a la ciudad”, aseguró Uscátegui.
El cabildante instó a la administración a poner en marcha las propuestas y compromisos adquiridos, como la dotación con herramientas a la Policía Metropolitana de Bogotá, la eliminación de beneficios para los vándalos, la construcción de una megacárcel para descongestionar las URI, el fortalecimiento de los frentes de seguridad, la celebración de un convenio interadministrativo con la Fiscalía para la realización de allanamientos exprés, así como la integración de veteranos y guardas de seguridad a la estrategia contra el crimen.