El ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que la Ley de sometimiento está lista y que se radicará en el Congreso de la República para que inicie su trámite lo más pronto posible.
El funcionario confirmó que ya el articulado está listo y solo resta un concepto para que se pueda entregar en el Legislativo a consideración de los congresistas. “Sí, esa ley terminó de ser redactada el pasado sábado. Nos queda una instancia, que es el concepto del Consejo de Política Criminal, una vez lo tengamos iremos inmediatamente al Congreso de la República”.
Dicho concepto estaría listo este miércoles y de inmediato se llevaría la iniciativa al Congreso de la República para que inicie la discusión sobre este asunto que será fundamental en la ejecución de la denominada ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.
Prada aseguró que en el articulado quedará clara la forma en la que se abordarán las negociaciones de paz con diferentes grupos armados y en qué casos se aplicarán beneficios a través del sometimiento a la justicia ordinaria.
El pasado 9 de febrero el presidente Gustavo Petro envió un fuerte mensaje a los narcotraficantes, señalando que su gobierno del Pacto Histórico no negociará el poder, al aclarar que con ese tipo de fenómenos criminales se deben aplicar vías jurídicas.
“Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones, porque se trata de un acogimiento a la justicia, y vamos a presentar la ley el 15 de febrero”, sostuvo el presidente Petro.
Y agregó el mandatario colombiano en su intervención: “Esa ley nos puede mostrar caminos, salidas para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo”.
“Nuestro gobierno ha propuesto los dos caminos y va a proponer las medidas adecuadas para que se puedan volver realidad desde el campo jurídico, ofrece la mano esperando que Colombia pueda tener una posibilidad de salida pacífica de las diferentes violencias; algunas cosas pueden ayudar en eso, otras no”, sostuvo Petro.
El proyecto que creará la Ley de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales, la cual completaría una parte del rompecabezas de la política de paz del presidente Gustavo Petro y despejaría dudas sobre, por ejemplo, qué tratamiento tendrán las disidencias de Farc.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que existirán las rebajas de penas, pero en la justicia ordinaria. “Las bases que ya hemos convenido y que se le presentarán así al Congreso, efectivamente son justicia ordinaria, es decir, Fiscalía General de la Nación, poder judicial ordinario; no hay justicia transicional. Rebaja de penas, sí, ¿cuántos años?, aún estamos puliendo la propuesta”, indicó.
Osuna aclaró que el proyecto de ley buscará que los grupos ilegales se acojan a la iniciativa que servirá para el desmantelamiento de las bandas criminales, entrega de información sobre las rutas del narcotráfico y entrega de bienes para obtener beneficios jurídicos.
El senador Ariel Ávila le dijo a SEMANA que está totalmente descartado que se vaya a crear otro tribunal de paz como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como lo afirman sectores de la oposición. “Solo diré que es una ley que respeta la justicia ordinaria y no habrá impunidad. Se trata de someter a las organizaciones criminales”, dijo el congresista.
Antes de la radicación, el presidente Gustavo Petro haría una socialización con los colombianos para entregar detalles del articulado de esta iniciativa que será fundamental para los propósitos de paz que tiene el Gobierno Petro.
Fiscal Barbosa logró que el Gobierno pensara en la Ley de sometimiento
Tras la reunión que sostuvieron hace varios días, el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, se dieron algunas conclusiones del encuentro de parte del fiscal en las que dijo que le pidió al mandatario que para el sometimiento de las bandas criminales es necesaria la tramitación de una ley que establezca el marco jurídico para ese proceso.
“Le señalé que no existe marco jurídico y que se requiere una ley de sometimiento frente a esas organizaciones criminales”, dijo el fiscal Barbosa a la salida del encuentro. La cabeza del ente judicial afirmó que la Fiscalía tendrá voz en esa iniciativa para aportar a la reforma en la discusión que se adelante en el Congreso.
Barbosa aclaró que acompañará todos los propósitos de paz del Gobierno, pero que debe haber normas claras con apego a la ley para no cometer errores del pasado ni brindar beneficios a los criminales.
Por ejemplo, habló de que se deberá contemplar una justicia restaurativa que establezca penas intramurales con sanciones diferenciadas, pero aclaró que no se le podrá dar un tratamiento de proceso de paz para que los delincuentes eviten someterse a la justicia.
En ese sentido, el fiscal general también confirmó que se mantendrá firme en su posición de no levantar órdenes de captura de delincuentes pedidos en extradición hasta que se discuta esa ley. “No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, afirmó Barbosa.
El fiscal volvió a insistir que negociar de esa manera con los narcotraficantes sería como haber pactado acuerdos con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes”, indicó.
Barbosa también le solicitó al mandatario que más allá de los capos de las bandas criminales y de narcotraficantes, haya un artículo en el proyecto para que se conozca quiénes están detrás de esos negocios ilícitos.
El fiscal fue claro en decir que no se podrá pactar que haya algún tipo de acuerdo político con los delincuentes y que puedan llegar a tener representatividad como ha sucedido en otras ocasiones. Según Barbosa, el mandatario se comprometió a no adelantar negociaciones políticas con narcos ni a solicitar levantamiento de órdenes de captura hasta que no se adelante la discusión de ese proyecto en el Congreso.
Luego del encuentro entre ambos, Barbosa aseguró que se trató de una “reunión amable”. Se sabe que el tono fue cordial, luego de las diferencias que se habían presentado hace algunas semanas.
El fiscal insistió en que los operativos contra los narcotraficantes han arrojado resultados favorables en términos de incautación de cocaína y destrucción de cultivos ilícitos. “Tenemos hoy 2.260 órdenes de captura sin ejecutar en el territorio nacional y en zona rural, de las cuales 349 al día de hoy corresponden a órdenes de captura contra personas que asesinaron a defensores de DD. HH.”, afirmó.