A pesar de que su partido se declaró en independencia y ha hecho duros reparos a la reforma laboral, el representante Jorge Alexander Quevedo decidió firmar la ponencia de esta iniciativa, que fue radicada este miércoles 17 de mayo ante la Comisión Séptima de la Cámara.
Quevedo fue el único de los ponentes de los partidos tradicionales que firmó el texto que tenía el aval del Gobierno, pues los otros, los ponentes Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, y Héctor David Chaparro, del Partido Liberal, decidieron no firmar este texto por respeto a la posición de sus colectividades.
Esta decisión del representante Quevedo generó malestar en el Partido Conservador. El presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, aseguró que esta actuación no representa la postura de la colectividad frente al proyecto del Gobierno.
“Quiero anunciar que la firma de la ponencia de la reforma laboral por parte de un representante no representa la posición oficial del partido”, dijo Cepeda.
Y agregó que la decisión oficial sobre este proyecto será tomada en reunión de bancada el próximo martes 23 de mayo.
Pero, la realidad es que Quevedo está lejos de ser un conservador furibundo que agite con fervor la bandera azul de la colectividad.
De hecho, este psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, fue elegido diputado del Guaviare por el Partido de La U y en 2015 fue reelegido para el siguiente periodo con las banderas de esa misma colectividad.
En 2019, se lanzó a la alcaldía de San José del Guaviare, también por el Partido de la U, y quedó de segundo. Pero no aceptó ser concejal por estatuto de oposición, pues el gobernador del departamento, Haydeer Palacio, de origen conservador, de quien es cercano, lo nombró secretario de Educación.
En este cargo estuvo hasta 2021, cuando renunció a su cargo para lanzarse a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.
Justamente esta militancia en el Partido de la U es la que lo tiene hoy envuelto en una polémica, pues algunos sectores aseguran que habría incurrido en doble militancia al supuestamente presentarse a nombre del Partido Conservador sin haber renunciado a la U.
SEMANA conoció un certificado emitido por el secretario del Partido de la U, Jorge Luis Jaraba, en la que asegura que Quevedo es “miembro activo” de la colectividad, desde abril de 2014.
Frente a estos señalamientos, Quevedo aseguró que presentó la renuncia a la U “ante el directorio departamental del partido, en el Guaviare, eso debió tramitarse”
“Después de que salí de ser diputado, dure dos años por fuera de cualquier representatividad, no tengo la fecha exacta de la renuncia, pero fue como en el año de la pandemia”, explicó el congresista.
Igualmente, aseguró que todos estos señalamientos que le hacen se deben a “temas políticos”, especialmente en el departamento del Guaviare de “gente que tiene aspiraciones en el Guaviare”.
“Están buscando todos los escenarios para maltratarnos y para ponernos en el escarnio público, pero mientras nosotros estamos haciendo la cosas a la luz el día, otras personas la están haciendo de manera oscura”, apuntó el representante conservador, quien recordó que en este momento no le han notificado sobre demandas por doble militancia.
La propuesta de la U
En medio de la discusión de la reforma laboral, el Partido de la U demostró que, por ahora, no acompaña al Gobierno, por lo que radicó su propia ponencia.
El documento contiene varios puntos coincidentes con el proyecto oficial, pero también incluye ajustes de hondo calado que, seguramente, aliviarían la carga que los empresarios están viendo venir con el articulado oficial.
Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara, ponente de la reforma e integrante del Partido de la U, dijo en SEMANA que, pese a haber participado en diez reuniones para construir el texto, fueron sorprendidos con la decisión de que el lunes se radicaría la ponencia, lo que no les pareció correcto, pues ellos no habían formado parte del proceso que implica tener ya el documento a la mano.
Uno de los cambios frente a lo propuesto por el Gobierno es lo que se refiere a las plataformas digitales de reparto (domicilios).
Mientras que el Gobierno dice que los domiciliarios deben ser vinculados bajo un contrato de trabajo, la U plantea que “las aplicaciones tecnológicas de reparto protejan a sus afiliados asumiendo el costo de seguridad social en pensiones, riesgos laborales y salud. Esta es una alternativa que consideramos equilibrada y que protege la fuente de empleo de miles de personas. Imponerles las obligaciones de un contrato de trabajo puede significar altos costos que impulsen a que se empiecen a reducir los empleos, como ya lo advirtió el Banco de la República”.