Los representantes a la Cámara Juan Espinal y Óscar Villamizar presentaron una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, aprobado recientemente por el Congreso.
Se trata de los artículos 233 y 372 del PND. Según Espinal, el recurso fue presentado porque los congresistas consideran que se habría viciado el trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Reclaman que faltó una amplia discusión sobre esos artículos y que fueron aprobados en bloque. Y que se negó la solicitud para reabrir y ampliar la discusión y que no fue sometida a consideración, lo que habría vulnerando la Ley 5 de 1992, que rige al Congreso.
Según los congresistas, estos artículos serían claves para el cumplimiento de la transición energética, que, según ellos, estaría en riesgo. Por ejemplo, señalan que el 233 incrementaría las transferencias del sector eléctrico del 1 al 6%, lo que podría generar inseguridad jurídica a los proyectos de energía renovable no convencionales. Ponen de ejemplo lo sucedido con la empresa Enel, que tuvo que suspender la construcción del proyecto del Parque Eólico Windpeshi en La Guajira.
Por otro lado, aseguran que el artículo 372 permitiría la integración vertical de todas las actividades de la cadena del sector eléctrico, lo que causaría problemas como el aumento en la concentración de poder de mercado, conflictos de interés y riesgos sistémicos.
“En últimas, terminarían afectando al mercado y a los usuarios. Además, este mismo artículo derogó la obligatoriedad de renovar el 30% de las flotas en los municipios, que tenía como objetivo principal incentivar el uso de vehículos a gas, lo que contribuye a retroceder en el propósito de la transición energética planteada por el Gobierno Nacional”, argumentaron los congresistas.
“El Plan Nacional de Desarrollo parece enemigo del país. Primero, el artículo 233, que permite el aumento en las transferencias del 1 al 6% para los proyectos de energías renovables no convencionales. Un artículo completamente inconveniente que lo único que genera es inseguridad jurídica”, aseguró el representante Espinal.
Por otro lado, dijo que el 372, de las derogatorias, elimina completamente la exigencia de que los municipios sustituyan los vehículos hasta en un 30% a gas. “Esta derogatoria permitió la integración vertical del sector eléctrico”, reclamó Espinal.
“Esperamos que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de estos dos artículos que son completamente perversos y que van en contravía del cumplimiento de la transición energética en Colombia”, aseguró el congresista del Centro Democrático.
No se trata de la primera demanda en contra del proyecto por parte del uribismo. En los últimos días, la senadora Paloma Valencia, de esa misma bancada, ya había presentado un recurso similar en contra del proyecto del presidente Gustavo Petro.
“El informe de conciliación del PND no se publicó y la plenaria del Senado votó a ciegas, sin conocer el texto. La plenaria votó a la 1:20 a m. y el informe fue publicado en internet a la 1:54 a. m. Además, la página de la imprenta, donde se publica la Gaceta, se cayó por dos horas”, reclamó la senadora.
Igualmente, el senador Miguel Uribe, también del partido del uribismo, presentó otra demanda también por vicios de trámite en medio de la discusión del proyecto en el Congreso. “Si bien el Gobierno tiene las mayorías en el Congreso, confiamos en las Cortes para que en el marco de la independencia de poderes, le exijan al gobierno cumplir con la Constitución”, dijo.
Según Uribe, la aprobación del proyecto fue a ‘pupitrazo’ y por eso se habrían vulnerado los principios constitucionales contemplados en los artículos 157, 160, 161 y 228 de la Constitución Política. Además de otras disposiciones legales de la Ley 5.
“Lo que determina que en el proceso legislativo del Senado y la Cámara no se cumplió el principio democrático de publicidad, participación política parlamentaria, consecutividad e instrumentalidad de las formas”, afirmó Uribe.