Horas después de que el país conociera que el gobierno del presidente Gustavo Petro contempla quitarle a la Registraduría el 70 % de los recursos de su presupuesto para el 2025, un grupo de congresistas independientes y cercanos a la Casa de Nariño radicaron dos proposiciones con la que pretenden enderezar las intenciones del Ministerio de Hacienda que, sin duda, ponen en riesgo las elecciones presidenciales del 2026.
SEMANA conoció que una de las proposiciones busca devolverle los dineros a la Registraduría y dice textualmente: “Restitúyase en la sección 2801. Registraduría Nacional del Estado Civil, artículo 2 del Proyecto de Ley 090 de 2025, Cámara por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2025, la suma de 2.514.613.335.476 billones de pesos”.
Otra proposición pretende, además, devolverles los dineros a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, un tribunal electoral que investiga actualmente la campaña presidencial de Gustavo Petro y que será víctima del recorte de presupuesto por encima del 54 %, según la ponencia del proyecto.
En la mañana de este martes 24 de septiembre, las proposiciones ruedan por todos los escritorios y el número de representantes de casi todos los partidos políticos la respaldan.
El listado de parlamentarios es largo. Aparecen firmando, entre otros, los representantes Katherine Miranda, Christian Garcés, Jorge Méndez, Hernán Cadavid, Juan Espinal, Carolina Arbeláez, y algunos congresistas cercanos al Pacto Histórico como Karen Manrique, quien hace parte de las curules de paz en Arauca.
También los senadores Efraín Cepeda, Carlos Julio González, Antonio Zabaraín, Juan Carlos Garcés, entre otros.
Los senadores y representantes se están moviendo luego que la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, le contara al país cómo en la ponencia del proyecto de presupuesto de 2025 el gobierno de Gustavo Petro le quitaba el 70 % de los recursos a la Registraduría, es decir, una cifra superior a los 2 billones de pesos.
A su juicio, las elecciones de 2026, donde se escogerá al nuevo presidente y Congreso, quedarían en riesgo si se aprueba el texto tal y como aparece en la ponencia.
“El Gobierno le da un golpe nada blando a la Registraduría. Lo que está en riesgo no es poco: aunque las elecciones son en 2026, la logística empieza en 2025. Sin recursos y sin autonomía, ¿cómo garantizar la transparencia de las elecciones?”, dijo.
Y añadió: “Destruyen la autonomía y capacidad de la Registraduría. Las elecciones empiezan el 8 de marzo de 2026, al quitarle los recursos, ¿quién va a organizar las elecciones?, ¿el Pacto Histórico?”, preguntó.
SEMANA conoció que si la ponencia es aprobada por el Congreso tal y como está, el recorte impactará varias registradurías en el país.
En Antioquia, por ejemplo, la propuesta, según la ponencia del proyecto de presupuesto, es que se reduzcan sus ingresos por encima del 25,46 %; en Cundinamarca, la reducción será del 26,57 %.
Entre tanto, la Registraduría de Córdoba enfrentaría una reducción del 36,88 % en sus ingresos en 2025, mientras que la de Atlántico será del 32,58 %.