Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera del Senado, convocó a una conferencia de prensa para explicar y aclarar los cambios que tendrá la reforma a la justicia en su sexto debate. En frente de las cámaras de los medios de televisión, y rodeado de micrófonos y grabadoras de todas las cadenas, Velasco le hizo una recomendación a los periodistas. "Los temas centrales de la reforma no los han debatido en los medios. Esta reforma se hace es para descongestionar cuatro millones de procesos represados, y para que 45 millones de colombianos tengan justicia pronta y eficaz". Una causa idealista y que no genera controversia. Nadie se atreve a estar en contra de ese propósito. Una causa cuyo compromiso reafirmaron los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) el pasado jueves en la llamada Cumbre de Poderes, que destrabó la rueda de la reforma a la justicia. Pero en contra del propósito de Velasco, esa causa -que el gobierno llama "el corazón de la reforma"- quedó relegada a un segundo plano. Más aún cuando los senadores ponentes, Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya y Juan Carlos Vélez Uribe, al explicar la formula como se juzgarían a los funcionarios aforados, los cambios a la sanción de la perdida de investidura, los juicios políticos, y hasta como operarían el reemplazo de la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, daban la sensación de que el Congreso, habría aprovechado la ponencia para sexto debate, para fortalecerse frente a los otros poderes del Estado. Por eso, el senador Velasco parecía extrañado que los periodistas no preguntaran sobre la descongestión judicial. El interés se concentraba en las nuevas piezas de una armadura que el Congreso diseña para, sin llegar a ella, tener un importante grado de inmunidad. Dos instancias que parecen cuatro Los tres poderes acordaron establecer la doble instancia para el juzgamiento de congresistas siempre y cuando lo hiciera la Corte Suprema de Justicia. Pero la fórmula que encontró el Congreso para su juzgamiento puede tener más instancias que las de cualquier proceso penal. La reforma a la justicia crea una nueva Sala de Investigación y Calificación, integrada por seis magistrados (designados por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado). Tres de ellos "adelantarán la investigación penal en primera instancia". Los tres restantes "“conocerán la segunda instancia" en la investigación. Luego, esta nueva Comisión, tras esas dos instancias de investigación, acusaría, de ser el caso, a los congresistas. Y solo hasta ese momento, los congresistas podrán ser detenidos. Hoy pueden ser detenidos desde el llamado a indagatoria. El juicio a los congresistas lo adelantará, en primera instancia, una subsala de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por cinco magistrados. La segunda instancia la adelantará la Sala plena de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de los cinco primeros magistrados que conocieron el proceso en la primera instancia. La fórmula se lee compleja, pero los congresistas, al garantizar su derecho a la doble instancia en los juicios penales (eran los únicos ciudadanos colombianos que no lo tenían), crearon dos instancias para la investigación y pusieron la protección de que no serán capturados sino hasta que los investigadores los acusen. El escudo contra la pérdida de investidura Si hay algo a lo que los congresistas le temen son a los procesos de pérdida de investidura. Como hombres públicos, están expuestos a que los denuncien, por cualquier motivo. Pero un proceso de pérdida de investidura, no sólo es millonario (avaluado por los abogados expertos en casi 300 millones de pesos), podría significar la muerte política del congresista. Los tres poderes acordaron que los congresistas podrían defenderse, también, en dos instancias. Pero según la ponencia de la reforma incluyeron cuatro modificaciones que los haría cada vez menos vulnerables a este tipo de sanciones que parecerían lapidarias. Además de consagrar la doble instancia para este tipo de procesos, el Congreso decidió proponer la ampliación de los términos de estos casos que son conocidos por el Consejo de Estado. Si al momento de admitir la demanda, hoy el Consejo de Estado tenía 20 días para resolverla, ahora tendrán 40 en cada instancia. Es decir, en la práctica, las pérdidas de investidura ya no serán resueltas en 20 días sino en 80 días hábiles. El Congreso insiste en que la perdida de investidura no sea la única sanción, sino que se module. Por eso incluyeron que se contemple la suspensión por un año, antes de la temida pérdida de investidura. Pero en las modificaciones de la ponencia, los congresistas incluyeron que las demandas en su contra, tienen que ser "con alta dosis de tecnicismo jurídico", según explicó Eduardo Enríquez Maya. En esencia lo que busca el Congreso es que no se presenten denuncias temerarias, y para ello, consignaron en la ponencia una disposición que indica que si el demandante pierde el proceso, tendrá que asumir todos los gastos del mismo. Muchos se preguntarán, ¿quién se atreve ahora a demandar a un congresista? Estaría expuesto a acarrear todos los gastos del proceso si decide hacerlo. Legislar sin impedimentos Y por si fuera poco, los congresistas los congresistas investigados (parapolítica, pérdidas de investidura, estupefacientes, entre otros) podrían participar en la elaboración de los proyectos de ley con los que se reglamentará las disposiciones de esta reforma. El artículo 30 de la ponencia, que se incluyó como transitorio, indica que "no existirá conflicto de intereses cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo".Esto significa que los procesados por escándalos como la parapolítica, el de la Dirección Nacional de Estupefacientes o quienes estén investigados por pérdidas de investidura, entre otros, podrán votar y hacer proposiciones sobre los proyectos de ley necesarios para desarrollar la reforma de la Justicia.Eso lo denunció el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo), quien como si se tratara de un periodista más, decidió conocer los cambios de la ponencia de boca de sus colegas. Por eso calificó esta ponencia como "la reforma de la inmoralidad", porque "no habrá lugar a impedimentos y, en consecuencia, la gente podrá votar proyectos de ley, así vaya a votar para beneficio propio".Avellaneda dice que si algo no queda bien en la reforma, los congresistas la pueden complementar en esos proyectos de ley reglamentarios. Una de las preguntas que más inquietaron a los periodistas es si estos cambios los conocía los presidentes de las altas Cortes. Luis Fernando Velasco, quien oficiaba como moderador de la rueda de prensa, respondió sin ambages: "el acuerdo de poderes fue sobre temas, pero esta es la propuesta del Congreso. Pedimos que se respete la autonomía del poder legislativo". Los senadores ponentes se defendían de las preguntas, y en algunas respuestas consideraban que en la ponencia sólo se incluyeron las garantías de sus derechos. Eduardo Enríquez Maya dice que con todo y estas propuestas, el congresista colombiano sigue siendo el único ciudadano en el mundo a quien lo juzgan dos veces por el mismo hecho. Enumeró que están expuestos ante la Corte Suprema, ante la Procuraduría, ante el Consejo de Estado, ante la Contraloría. Velasco dio por concluida la rueda de prensa con un nuevo dardo. "No hicieron una pregunta sobre la descongestión judicial". Pero fue el propio Enríquez Maya quien concluyó la conferencia para decir que "reiteramos el llamado para que los presidentes de las Cortes nos acompañen en los próximos debates del proyecto con sus calificadas opiniones". No se sabe si las Cortes, después de conocer la ponencia, consideren que el acuerdo de poderes se cumplió.