Al Congreso de la República está por llegar una difícil discusión sobre los niños, niñas y adolescentes del país. En la agenda ya está un proyecto de ley sobre los tratamientos de reasignación de género y las terapias de reconversión a este tipo de pacientes que fue presentado por la bancada cristiana del Legislativo.
La senadora Lorena Ríos Cuéllar, del partido Colombia Justa Libres, presentó un texto sobre los tratamientos de reasignación de género, el uso de bloqueadores de pubertad, el tratamiento hormonal cruzado y la cirugía de afirmación de género.
Ese articulado pretende trazar principios para el manejo de estos temas con los pacientes menores de 18 años y prohibiría que se apliquen tratamientos de cambio de sexo para esta población, bajo el argumento de que aún no hay evidencia científica suficiente sobre este asunto.
El proyecto busca prohibir lo que determinan como “tratamientos para la disforia de género en menores de 18 años” y establecería la creación de un equipo de atención con profesionales de diferentes áreas de la medicina y de la psicología para que acompañen a los pacientes que no han superado la barrera de los 18 años de edad y que manifiesten su intención de cambiar su sexo.
“En el desarrollo del principio de la primacía de los derechos de los menores sobre los demás y teniendo en cuenta la ausencia de evidencia científica que respalde los beneficios que tratan de procedimientos experimentales, irreversibles y/o que causen grave detrimento en la salud de los menores, se prohíbe la utilización en menores de 18 años de: bloqueadores de pubertad, terapias hormonales de afirmación de género, bloqueadores hormonales y cirugías de afirmación de género para tratar la disforia de género”, se lee en el texto.
En ese articulado también se prohíbe la asignación de recursos públicos para financiar los servicios de reasignación de género para niños, niñas y adolescentes.
Es más, contempla que se limite la destinación de fondos del Estado para las personas naturales y jurídicas que se dediquen a ese tipo de tratamientos en la infancia, descartando que estos puedan realizarse a través de las entidades prestadoras del servicio de salud de carácter público.
“Dichos tratamientos son experimentales, por lo que no se encuentran respaldados por la comunidad médica, de manera que no puede ser susceptible de financiación con cargo a los recursos del Sistema, de conformidad a lo establecido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015″, se lee en el texto.
El proyecto de ley va más allá y le pone al Ministerio de Salud la tarea de otorgar “instrumentos especiales de protección y de atención preferencial” para los menores de edad que ya hayan recibido ese tipo de tratamientos con los que se reviertan los impactos que estos tuvieron.
Asimismo, crea redes de apoyo para los pacientes y les da tareas a las EPS e instituciones educativas a las que están adscritas quienes han pasado por ese tipo de situaciones.
“Las instituciones educativas deben proporcionar orientación integral y científica sobre la disforia de género, incluyendo información sobre los riesgos de los procedimientos de reasignación, priorizando el bienestar integral de los menores con disforia de género”, detalla el articulado que está pendiente de la firma de los congresistas que lo respaldarán.
La senadora Ríos Cuéllar puntualizó: “Buscamos prohibir tratamientos irreversibles en términos de sexualidad en menores de 18 años. La evidencia científica sobre estos procedimientos es limitada y los riesgos son altos para el futuro físico, psicológico y emocional de los niños, niñas y adolescentes”.
La disforia de género, según la organización Mayo Clinic, es la “sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo”. Este asunto ha marcado las discusiones de la comunidad LGTBIQ+ y de sectores religiosos en el mundo.