Las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron este jueves 3 de noviembre el informe de conciliación del proyecto que modifica y prorroga la Ley de Orden Público, con el cual se otorgan las herramientas para los diálogos que ha planteado el presidente Gustavo Petro con los grupos armados ilegales.

A partir de la aprobación del informe de conciliación por las dos cámaras, la iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.

Como informó SEMANA, el proyecto, en esencia, entrega facultades al presidente para adelantar diálogos, en búsqueda de lo que él ha llamado la paz total, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.

“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, indica la norma.

Además de las facultades para que el Gobierno pueda adelantar negociaciones con los armados grupos ilegales, la iniciativa abre la puerta a la posibilidad de volver a negociar con personas que formaron parte de otros procesos de paz y no cumplieron con sus compromisos.

La polémica está contenida en el artículo 5 del proyecto, en el que no se hace mención explícita a la posibilidad de renegociar con disidentes, pero tampoco se cierra esa puerta.

En dicho artículo se señala que los representantes autorizados por el presidente de la República podrán realizar “todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho”.

En el fondo, uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con esa medida es que el Estado podrá volver a sentarse a negociar con Iván Márquez y los integrantes de la Segunda Marquetalia.

Sobre ese punto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, reconoció: “Queda habilitada la posibilidad de comenzar un proceso de diálogo, será el comisionado de Paz el que defina las condiciones en que se negociará con cada uno de los actores”.

Otros puntos

Otro de los componentes de la norma es la modificación del servicio militar obligatorio para generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz, que es una alternativa para que ellos se consagren en la construcción de paz y la implementación de los acuerdos.

El texto señala que el servicio social para la paz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en las siguientes modalidades:

  • Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
  • Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
  • Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
  • Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
  • Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Adicionalmente, la norma establece que el presidente podrá crear unas denominadas “regiones de paz”, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz.

“Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como Zomac, territorios étnicos, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado, así como aquellos municipios que tengan la condición de ser epicentro económico, comercial, cultural y social de una región donde estén focalizados municipios PDET”, señala el texto.

En un parágrafo se aclara que estas regiones de paz “no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la Fuerza Pública”.

Igualmente, el texto establece la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas por un plazo de 12 meses.

En el marco de dicho programa se les otorgarán unos beneficios a las personas que entreguen las armas, entre ellos, anonimato en la entrega e incentivos económicos.