La sala plena del Consejo Nacional Electoral estudiará este miércoles, 22 de mayo, una ponencia del magistrado César Lorduy, que podría suspender el trámite de la reforma pensional que está dándose en la Comisión Séptima del Senado.
La ponencia se elaboró como respuesta a una petición que hizo el representante legal de Cambio Radical Germán Córdoba, quien considera que existió una vulneración al derecho fundamental de la oposición.
El asunto de fondo y que sirvió de argumento para Córdoba, es que los representantes Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo no pudieron presentar la ponencia de archivo del proyecto porque la Mesa Directiva dio siete días de tiempo. Aunque los congresistas pidieron más tiempo para elaborar dicha ponencia, esa solicitud fue negada argumentando que “lamentablemente no es viable; esto por cuanto dicho proyecto es de interés nocional, y además esto próximo a cumplir sus dos legislaturas”.
Además, se argumenta que siempre en los trámites legislativos se conceden 15 días, por lo menos, para rendir los informes de ponencia y que la Mesa Directiva conoce estos plazos que son una garantía para que pueda hacerse una discusión de fondo. Incluso, se pone como ejemplo que en el Senado pasaron dos meses entre la designación de ponentes y la elaboración de las ponencias, algo que no pasó en la Cámara.
“Solicitaremos como medida provisional, sin/a ordenar a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes, la suspensión del debate del Proyecto de Ley No. 433 de 2024 Cámara - 293 de 2023 Senado, ‘Por medio del cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez’, hasta el momento en que nosotros como ponentes de la oposición, hayamos rendido nuestro informe de ponencia en un término razonable como lo consagra el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992)”, dice un fragmento del documento que radicó Córdoba.
Para el representante de Cambio Radical, la decisión que se tomó puede configurarse como una vulneración al derecho fundamental a la participación efectiva en política y ejercer la oposición.
“Con la finalidad de evitar transgresiones a los derechos fundamentales de oposición, particularmente la garantía del libre ejercicio de los derechos políticos, se decreta medida cautelar así: suspender el debate del Proyecto de ley (…), por medio del cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, hasta que esta Corporación resuelva de fondo la presente acción de protección”, se lee en el resuelve del documento.
Por esa razón, el magistrado Lorduy avocó conocimiento de la petición de Córdoba y elaboró la ponencia que será discutida en la sala plena y que podría suspender el trámite de la reforma pensional, considerar que no hay vulneración alguna o determinar que el debate en el Senado puede continuar sin problema alguno.
Este martes 21 de mayo y en un documento de seis páginas, la Procuraduría pidió de manera urgente suspender el debate de la reforma pensional que se programó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, para este martes 21 de mayo, con el objetivo de debatir la ponencia del Gobierno. Lo particular es que en esa diligencia no se estaría garantizando el ejercicio de la oposición.
En las peticiones del documento del ente de control señalan “decretar como medida provisional urgente la suspensión del debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 433 Cámara, ‘Por la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez’, hasta tanto se resuelva de fondo la demanda de tutela que se coadyuva, con el fin de garantizar la tutela como mecanismo eficaz e inmediato de protección de los derechos fundamentales”.
La posición del Ministerio Público se conoce después de que los representantes a la Cámara, Betsy Pérez, del Partido Cambio Radical, y Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, le solicitaran el pasado 16 de mayo a la presidenta de la Comisión Séptima una prórroga para rendir el informe de ponencia negativa sobre la reforma pensional que propone el gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, la petición fue negada por la Mesa Directiva “con base en criterios distintos a los previstos en la norma antes citada: i) por cuanto dicho proyecto es de interés nacional. ii) el proyecto de ley está próximo a cumplir sus dos legislaturas y ningún proyecto será considerado en más de dos legislaturas”, explicó la Procuraduría.
Por esa razón es que todo ese lío terminó en una tutela de la oposición para que se respeten los tiempos de trámite, al considerar que el debate de un tema tan crucial como es cambiar el sistema pensional colombiano se estaría haciendo a las carreras y también se estaría incumpliendo con los tiempos de ley para presentar una ponencia alternativa a la del Gobierno nacional.
La petición de la Procuraduría para suspender de manera urgente el debate de la reforma pensional en el Congreso de la República, se basa en que se violaron los derechos fundamentales de los representantes Pérez y Corzo sobre su participación efectiva y política, a ejercer la oposición política y al debido proceso en el trámite legislativo, al negar la prórroga al plazo establecido para presentar la ponencia negativa en su condición de integrantes de partidos de oposición.