El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme este lunes 9 de octubre las inhabilidades en contra de la candidatura a la Gobernación del Valle de Tulio Gómez y la de la Alcaldía de Santa Marta, de Carmen Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.
SEMANA conoció que en ambos casos la decisión fue de 6 votos en favor de las inhabilidades contra ambos candidatos y 2 en contra.
Las decisiones se conocerán de fondo hasta el 12 de agosto, cuando el Consejo Nacional Electoral cite a las partes y a sus abogados y les notifique oficialmente las resoluciones en su contra.
En el caso del empresario y dueño mayoritario del América de Cali, el CNE insiste en que hay inhabilidad porque suscribió contratos con la Alcaldía de Cali, lo que le genera una inhabilidad.
Uno de ellos es el Contrato 4162.010.26.1.3400-2022 con la Secretaría del Deporte de la ciudad de Cali por un valor de 34.886.380 pesos para el aprovechamiento económico del local comercial #4 en la Tribuna Occidental del estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Otro es el Contrato 4162.010.26.1.0004 de 2023 suscrito por Tulio Gómez, en calidad de representante legal del América de Cali, su hija Marcela Gómez, como representante legal suplente, con la Secretaría del Deporte de la ciudad de Cali, por un valor de 607.835.789 pesos para el aprovechamiento económico del estadio Pascual Guerrero entre el 20 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de 2023.
Uno más es el Contrato 4162.010.26.1.3399-2022 con la Secretaría del Deporte de la Ciudad de Cali, por un valor de 43.427.528 pesos, para el aprovechamiento económico del local comercial #5 en la Tribuna Occidental del estadio Olímpico Pascual Guerrero.
En el caso de Carmen Caicedo en la Alcaldía de Santa Marta, el CNE insiste en que hay inhabilidad porque su hermano es Carlos Caicedo, hoy gobernador del departamento.
SEMANA conoció que, aunque Caicedo, un gobernante cercano al presidente Gustavo Petro, no ha escondido su molestia con la decisión y, al parecer, sus líderes han intentado defender la aspiración de su hermana, el Consejo Nacional Electoral basó la motivación de la revocatoria de la candidatura, entre otros argumentos, en un concepto que le remitió directamente la Procuraduría General de la Nación.
El oficio lo emitieron las procuradurías Cuarta y Once Judicial II Administrativa de Bogotá, el 18 de septiembre de 2023.
En él dejan claro que, después de analizar el caso concreto y la relación de familiaridad que existe entre la candidata a la Alcaldía y el gobernador en ejercicio, “es claro que la inhabilidad por parentesco se orienta a la búsqueda de importantes propósitos relacionados con el equilibrio en los procesos electorales y la evitación del nepotismo”, se lee en el documento.
En tal sentido –agrega el organismo disciplinario–, la Corte Constitucional ha reconocido que “la interdicción a las dinastías electorales familiares –propósito de la inhabilidad por parentesco–, es una forma de asegurar la igualdad real y efectiva entre los diferentes aspirantes a ocupar cargos de elección popular”.
Igualmente, la Corte ha señalado que este tipo de inhabilidades “pretenden establecer una situación de paridad respecto de las condiciones de ejercicio de la actividad política, sin desconocer, desde luego, las diferencias que existen entre los distintos cargos de elección popular”, destacando además “que el peligro del nepotismo y del uso de las influencias y poder familiar, se predican tanto de las elecciones de congresistas como de concejales y alcaldes municipales”.
Por eso, la procuradora 11 judicial, Magda Romero, y la procuradora 4 judicial, Diana Amézquita, concluyeron “que se considera configurada la existencia de una inhabilidad en cabeza de la aspirante a la Alcaldía de Santa Marta, la señora Carmen Caicedo, con ocasión de su vínculo de consanguinidad con el señor Carlos Eduardo Caicedo, hoy gobernador del Magdalena”.
Ambos candidatos ya acudieron a la justicia penal para defenderse.
En el caso de Carmen Patricia Caicedo, ya ganó un primero round tras una tutela a su favor, donde un juez de Santa Marta le ordena a la Registraduría garantizarle sus derechos políticos, al menos mientras toma una decisión de fondo.