El desgarrador caso de una colombiana de 46 años de edad, que fue abusada sexualmente en Ciudad de México, tiene asombrado al país entero, no solo por los vejámenes a los que fue sometida por el arrendatario de su apartamento ―con quien había sostenido una relación sentimental―, sino también porque la mujer denuncia que no recibió apoyo del Consulado de Colombia en el territorio mexicano, pese a que el Ministerio Público reportó su caso a la Cancillería.
De acuerdo con el relato de la víctima, su situación fue reportada por el Ministerio Público al consulado de Colombia en Ciudad de México, y ese despacho, que dirige el cónsul Andrés Hernández, jamás se comunicó con ella para monitorear su caso. Entonces, quien la defiende es un abogado de oficio de la justicia mexicana, y la atención psicológica se la ha dado ese país dentro del programa de víctimas Código Águila.
“El Ministerio Público puso en conocimiento al Consulado y no me contactaron. No he tenido apoyo, no he tenido el acompañamiento que deberían dar a los colombianos. A las representaciones diplomáticas, les pido que cumplan con su trabajo, deberían dejar la vida social y dedicarse a lo que tienen que hacer”, sostuvo.
Como se logró establecer, su caso es un cruce de trámites que quedaron sin doliente. El 24 de agosto, exactamente un día después de que ella interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, ese despacho le notificó del expediente al Consulado en Ciudad de México, poniendo a su personal a disposición para la información y apoyo en el proceso.
La comunicación llegó a través de una carta de dos páginas dirigida al correo oficial de ese despacho diplomático, que, según la denunciante, no fue respondida, pues más de tres meses después de ese reporte sigue sin recibir una llamada del consulado para acompañar su caso.
Tras hacer público el caso, el cónsul Andrés Hernández, en diálogo con SEMANA, explicó por qué desde el Consulado no pudieron contactar a la mujer y entregó más detalles del proceso.
“Las autoridades mexicanas, o todas las autoridades, tienen la obligación de notificar a los consulados las actuaciones o carpetas investigativas donde esté inmerso un colombiano, ya sea como víctima o victimario, lo que hizo la Fiscalía fue notificarnos que se había abierto una carpeta investigativa, efectivamente, por una connacional de 46 años por el delito de violación, pero eso no significa que sea la activación de una atención consular”, explicó Hernández.
Así mismo, el diplomático señaló que el consulado recibió la notificación el 24 de agosto. “Nosotros el 25 le respondimos a la Fiscalía solicitándole que hubiese una protección a sus derechos como persona, a la integridad física, al debido proceso, a las garantías judiciales y procesales, y que se le brindará atención psicosocial y al mismo tiempo se le brindará compañía jurídica”.
En todo caso, Hernández manifestó desde su oficina se le solicitó a la Fiscalía que le diera a la víctima los datos de contacto del consulado, toda vez que desde el cónsul, ni ningún otro funcionario podía ponerse en contacto con ella, sin su autorización.
“La atención consular es a ruego, porque nosotros en nuestro ordenamiento jurídico interno en Colombia tenemos leyes que protegen los datos personales y protegen la intimidad de las personas, entonces nosotros por eso no podemos transgredir esa pequeña línea de comunicarnos directamente con el connacional, porque estaríamos violando sus derechos a la intimidad, sus derechos a la protección de datos”, enfatizó Hernández.
El cónsul indicó, además, que como la atención consular es a ruego, “es la persona víctima o su familiar, los que deben solicitar que se active la atención consular” y agregó que, en estos casos, la colombiana abusada sexualmente “conocía muy bien cómo funciona la atención consular porque días anteriores se le había prestado una atención a ella porque porque encontró un familiar muerto en su casa”.
“No damos representación jurídica”
Por otro lado, Hernández puntualizó que desde el Consulado no es posible dar asistencia jurídica a los connacionales, dado que solo se les puede brindar asesoría.
“Nosotros solamente brindamos asesoría jurídica. A mí me prohíbe la Convención de Viena y las normas colombianas poder representar a alguien en un proceso. Nosotros lo que hacemos es buscar los contactos con las autoridades y tratamos de facilitar todo para que la persona pueda interponer las denuncias, ver las investigaciones y demás, pero nosotros no podemos dar representación jurídica”, comentó el funcionario.
El desgarrador relato de la colombiana
“Comenzó a desvestirme de manera agresiva, me sentí vulnerable porque veía el arma de fuego. Yo no quería, pero tuve que acceder por miedo”. Lo demás son momentos que prefiere no recordar, tampoco hablar de ello. La única persona que sabía de su caso era su cuñado, quien falleció, y las autoridades mexicanas, a las que acudió el 23 de agosto para presentar una denuncia formal después de ocho semanas en las que buscó fuerzas para acercarse.
El victimario es un sujeto de 48 años, de 1,80 metros de estatura, calvo, de ojos color café y contextura acuerpada. Desde ese día de junio en el que él la accedió carnalmente sin su consentimiento no lo ha visto, pero tiene miedo: no entra al apartamento si sabe que estará sola, cambió la ruta para salir de casa a fin de evitar encontrárselo y no se va de ahí porque el contrato de pago vence hasta enero de 2024.
Han pasado casi seis meses desde que fue abusada y su proceso sigue abierto. Desde su anonimato, le hace un llamado a las autoridades: “No somos cifras, somos casos reales. Entonces, ¿por qué solo voltean a mirar cuando hay un feminicidio? Una denuncia tiene que ser una alerta roja”.