Este miércoles, 30 de agosto, Carlos Mario Zuluaga, contralor general encargado, anunció que la entidad abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Olmedo López, actual director de la misma, por ineficiencia en la reconstrucción de Mocoa después del trágico deslizamiento en 2017.
Seis años y cinco meses después del desastre en el que murieron más de 300 personas, las obras de mitigación del riesgo, reconstrucción de viviendas y alcantarillado, contratadas por la UNGRD, se encuentran paralizadas.
“Después de seis años, lo que debería estar resuelto son las obras de mitigación, que deberían proteger la vida y la integridad de los habitantes de esta zona. En el proyecto de vivienda, que ya visitamos, de las más de 900 viviendas que se deberían construir, están las mismas 168 viviendas sin ningún tipo de adecuación. Un proyecto y contrato siniestrado, con dificultades de ejecución y controversias jurídicas”, dijo Zuluaga desde Mocoa.
De acuerdo con Zuluaga, la responsabilidad recae en el director y exdirector de la UNGRD por no atender los llamados de la Contraloría en torno a los riesgos que corren dichas obras.
“Se han creído con privilegios institucionales al no responder y dar la información que la Contraloría necesita. Al no asistir a las reuniones que la Contraloría solicita”, explicó el funcionario.
Zuluaga aseguró que la Contraloría puede imponer sanciones de hasta 150 salarios diarios devengados por quien recibe la sanción, o 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También resaltó que se puede imponer una suspensión, que consiste en la separación temporal del cargo hasta por 180 días.
El contralor encargado dijo que los funcionarios a quienes se les abrió el proceso sancionatorio podrán defenderse ante la Contraloría, pero resaltó que “no responden los comunicados, no atienden los llamados, no dejan monitorear los avances de las obras y hoy tampoco están presentes en esta conversación que hemos preparado para ustedes”.
Este proceso sancionatorio se suma a la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al Estado colombiano por la tragedia de Mocoa de 2017 por las graves omisiones que hubo para prevenir lo sucedido.
El saldo de esta tragedia fue aterrador: 333 personas fallecieron, otras 398 resultaron gravemente heridas y 71 se reportaron como desaparecidas. La fuerza de la naturaleza arrasó con todo a su paso en medio de una de las peores olas invernales que se han vivido en ese territorio.
Precisamente, en el fallo de segunda instancia, el Tribunal cuestionó la actitud y el comportamiento de la Gobernación del Putumayo, la Alcaldía de Mocoa y la Unidad Nacional para la Gestión de Riegos y Desastres (UNGRD) y que habrían incurrido en una actitud negligente, ya que tenían pleno conocimiento de la alerta que se presentaba y lo que podía suceder.
El Tribunal concluyó que hubo una “conducta pasiva” frente a los hechos para proteger a los habitantes del municipio. Como decisión del proceso, se ordenó el pago de una indemnización a diez de las familias afectadas por la avalancha en Mocoa, las cuales fueron parte de la demanda contra el Estado por lo ocurrido aquel 31 de marzo de 2017.
Los barrios que terminaron arrastrados por la potencia del agua fueron San Miguel, Laureles, Los Pinos, Altos del Bosque, San Antonio, además de otros que resultaron afectados: Modelo, El Carmen, San Agustín, La Esmeralda, El Libertador, La Independencia y San Fernando.
En esta tragedia también se desplomaron dos puentes y se ocasionó un colapso en las telecomunicaciones del lugar. Las redes eléctricas cayeron, la energía se perdió en varias zonas del departamento, además de los daños que sufrió el acueducto.