Aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, celebró que el proyecto quedara a un solo debate para convertirse en ley, y lo calificó como “un útil conjunto de instrumentos para perseguir la corrupción”, en el ambiente quedó la sensación que los objetivos iniciales del proyecto fueron trasquilados. El tercer debate del proyecto fue quizás el más álgido. Tres semanas para discutir los más de 150 artculos Y en esa instancia la Comisión Primera de la Cámara de Representantes minó parte de los alcances que contemplaba el proyecto, tal como fue aprobado por el Senado. Por ejemplo, una de las decisiones adoptadas por la Cámara es dejar viva la posibilidad de que contratistas continúen financiando campañas políticas. Es cierto que le impusieron controles y vigilancia por parte de la Procuraduría, pero el fantasma de los llamados ‘dineros blancos’ podrían seguir vivos en las campañas electorales. El proyecto, tal como fue aprobado en el Senado, prohibía que aquellos que hubiesen financiado a candidatos a cargos de elección popular (alcaldes, concejos, gobernaciones y asambleas) pudieran contratar con las administraciones municipales y departamentales, más aún si estuvieran en cabeza del candidato al que auspiciaron. Lo que decidió la Cámara es que en los procesos de licitación pública los contratistas tienen que hacer pública esa financiación y será vigilada por la Procuraduría, tal como lo explicó el coordinador de ponentes Germán Varón. El ministro del Interior también mencionó que el estatuto incluyó un régimen de inhabilidades de hasta 18 meses para aquellos exfuncionarios de la rama ejecutiva que quieran contratar, posteriormente, con el Estado. Lo que sí se consignó como un avance fue la aprobación de la propuesta de la contralora Sandra Morelli de modificar el mecanismo de elección de contralores distritales y departamentales. Actualmente, los magistrados del tribunal superior de cada municipio o departamento postulan una terna para que concejos y asambleas designen. En adelante, si el estatuto se convierte en ley, los contralores serán escogidos mediante un concurso de méritos. El proyecto de ley también incluyó algunos avances como el incremento de penas para algunos delitos contra la administración pública, supresión de la detención domiciliaria para el 80 por ciento de los delitos contra los recursos del Estado, y la prohibición de la prórroga automática de las concesiones. También fueron aprobados una serie de instrumentos que permitirán mayor agilidad en las investigaciones que se adelanten en la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, de igual forma se prohibió que sean elegidos gobernadores y alcaldes aquellos que tengan familiares en el Congreso. Pero la Cámara de Representantes también impidió que se aumentaran los términos de prescripción de la acción disciplinaria “Los temas en que el congreso quedó en deuda serán trabajado en la plenaria que arranca el próximo martes y que es el último debate” explicó Germán Varón, coordinador ponente del proyecto.