Apenas va una semana de 2024 y el Gobierno ya desató controversias con el sector privado que pasan por las propias declaraciones del presidente Gustavo Petro hasta las decisiones de la Dian y el Ministerio de Trabajo.
El jefe de Estado llama a los empresarios a que “por favor paguen impuestos”, mientras que desde la Dian apelan a los tecnicismos y señalan que las decisiones que han tomado en los últimos días contra establecimientos comerciales de renombre son resultado de procedimientos jurídicos. Incluso, el año anterior cerró con una polémica: la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló a la empresa Van Camps de presunto acoso laboral a sus trabajadoras, presentando como única prueba el acta de la visita que su despacho hizo a la compañía ubicada en Cartagena en octubre de 2023.
Las tensiones entre el sector empresarial y el Gobierno Petro, que ha sido un crítico de este, están en el menú del día y pasan por varias oficinas del Estado. Los números hablan por sí solos. Durante todo 2023, la Dian cerró de manera temporal 355 establecimientos comerciales por diferentes causas, entre las que hubo un motivo recurrente: la no entrega de la factura electrónica a todos sus compradores.
En esa lista de sancionados está el almacén Éxito ubicado en Unicentro de Bogotá y también el Cencosud del Centro Comercial Santafé de la capital, dos casos que terminaron siendo visibles por la alta confluencia de público que tienen esos establecimientos. Pero no fueron los únicos. En el catálogo también se cuentan 25 almacenes tipo San Andresito en la 38 y en el sector de San José en Bogotá, así como otros 61 cierres en El Hueco de Medellín, una tradicional zona comercial ubicada en el centro de la capital antioqueña.
Y el que inició ese mismo listado de este nuevo año fue otro emblemático: el Olímpica del Centro Comercial Portal 80, que, dicho sea de paso, es propiedad de la familia Char, que acaba de llegar al poder en la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.
SEMANA buscó a la Dian para conocer los pormenores de esas decisiones, pero desde la entidad no se concretó la entrevista. En todo caso, en un comunicado afirmaron que “las sanciones de cierre no ocurren de manera deliberada. Al contrario, son el resultado de una serie de etapas y tiempos establecidos que la entidad cursa con riguroso sustento jurídico y probatorio”.
A expedir factura El meollo del asunto con Olímpica y con el Éxito está en la factura electrónica. Su director, Luis Carlos Reyes, afirma que la no expedición o expedición irregular de la factura electrónica “va de la mano de la evasión de impuestos”.
Mejor dicho: lo que está pidiendo la entidad es que en cada compra, por pequeña que sea la cuantía, esos almacenes entreguen automáticamente la factura electrónica a todos los tipos de clientes (inscritos o no el sistema de la empresa) tal y como lo reclama la Resolución 000042 de 2020.
El problema, dice la entidad, es que en algunos casos los clientes se quedan sin ese documento o tienen que diligenciar formularios de manera autónoma para obtenerlo. En esos dos casos recientes, tanto el Éxito como Olímpica defienden la misma premisa: ellos sí están pagando impuestos, respetan la decisión de la Dian, mas no la comparten.
Grupo Éxito escribió que “la compañía precisa que la sanción impuesta por la Dian no se origina por la desatención de obligaciones de liquidación o pago de impuestos. Éxito siempre ha sido y continuará siendo una compañía comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.
A su vez, Olímpica respondió que “el procedimiento desarrollado por la Dian corresponde a una diligencia relacionada con el aparente incumplimiento por parte de la compañía en los procedimientos de facturación electrónica y no a algún tipo de falta en el pago de las obligaciones tributarias u otro tipo de procedimiento”.
Ambas empresas le dijeron a SEMANA que esas palabras publicadas como respuesta a los cierres hechos por la Dian resumen claramente la posición de la entidad, una postura a la que se sumó el presidente nacional de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, pidiéndole al presidente Petro “no confundir” a la opinión pública: una cosa es que la Dian cierre un establecimiento comercial particular por problemas con la expedición de la factura electrónica y otra que esas empresas no paguen sus impuestos.
¿Acoso laboral?
Las controversias del Gobierno Petro con las empresas pasan de los asuntos de facturación por las delicadas acusaciones sobre el pago de impuestos y llegan hasta lo que se convirtió en todo un escándalo de fin de año.
La ministra Gloria Inés Ramírez señaló y se ratificó en que la compañía Seatech International Inc., propietaria de la marca Van Camps, está acosando laboralmente a sus empleadas.
Lo que señala la ministra de Trabajo es que a las operadoras de la planta donde se procesan los pescados les descuentan de su salario el tiempo que se ausentan del puesto de trabajo para ir al baño, por lo que ellas estarían usando pañales para hacer sus necesidades fisiológicas en estos y no arriesgarse a recibir menos dinero.
El caso es todo un cruce de versiones. En el acta de la visita del Ministerio de Trabajo a la compañía obtenido por SEMANA sí se lee que las trabajadoras presentaron esa queja, pero la denunciante Alicia Cardiles luego salió a medios a decir que no tiene pruebas de esa afirmación y que ella tampoco fue víctima de esa conducta de acoso.
Marta Lucía Guardado Castro, otra empleada de Van Camps, salió en cámaras a desmentir a su compañera de trabajo y la respuesta de la compañía ha sido anunciar una demanda contra el Gobierno por presentar esas declaraciones.
Lo particular es que el sindicato de la empresa, que agremia a 1.200 de sus 1.600 trabajadores, fue el que terminó publicando los testimonios en defensa de la atunera, poniendo en la cuerda floja el informe presentado por la ministra Ramírez y abriendo un nuevo boquete en los enfrentamientos entre el sector productivo y el poder ejecutivo.