El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó de manera categórica la amenaza de la que fueron víctimas dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por parte del Clan del Golfo en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia.
Se trata del magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, a quienes las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo les hicieron llegar un arreglo floral fúnebre, acompañado con un mensaje de texto declarándolos “objetivo militar”.
Luego de lo sucedido, el jefe de Estado aseguró que “la búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz”, y de manera tajante le hizo una fuerte advertencia a este grupo delincuencial: “Si el Clan del Golfo no entiende que la paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo”.
Horas antes, la Jurisdicción Especial para la Paz también rechazó este lamentable suceso. “Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales, investigar los hechos y sancionar a todos los responsables. Al Gobierno nacional le pedimos que desarticule los grupos armados ilegales que atentan contra la paz de todos los colombianos”, señaló la JEP.
La ONU Derechos Humanos Colombia también rechazó las amenazas en contra de los magistrados de la JEP. “Nos unimos a las voces de condena por las amenazas en contra de magistrados de la JEP. Reiteramos nuestro respaldo a su labor para garantizar los derechos de las víctimas, y asegurar la justicia en el camino a la paz”, precisó la ONU Human Rights.
Y agregó: “Urgimos al Estado a que tome todas las medidas necesarias para su protección e instamos al desmantelamiento de grupos armados como lo señala el Acuerdo de Paz”.
Es de mencionar que la JEP fijó para el 27 de junio la audiencia en la que ocho miembros del Ejército Nacional aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por participar en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006, que fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en Antioquia.
A la diligencia judicial fueron convocados el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; el sargento viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).
Así mismo, tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado. La audiencia se dará en el marco del macrocaso nacional (03), que investiga los antiguamente llamados ‘falsos positivos’, con el caso territorial (04), que priorizó la región del Urabá antioqueño y chocoano.
En presencia de organizaciones de víctimas que han participado en el proceso investigativo de la JEP, las instituciones del Estado y la sociedad civil, los máximos responsables deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura de la JEP, a uno público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
De acuerdo con el auto de determinación de hechos y conductas sobre el caso emblemático de Dabeiba, en su inmensa mayoría se trataba de hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años, y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación.
La Sala encontró, igualmente, hechos representativos de este patrón en 1997 en Dabeiba, con participación de las tropas del Batallón de Infantería No, 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’.
En la diligencia, los comparecientes realizarán públicamente su reconocimiento de verdad y de responsabilidad frente a los familiares de las víctimas, quienes, además, participarán en un espacio al que también fueron vinculadas las organizaciones acompañantes, así como las instituciones del Estado del orden local, regional y nacional e internacional para que respalden y blinden el proceso restaurativo que empezó en diciembre de 2022.
A lo largo de 7 meses, un grupo de expertos profesionales de la JEP trabaja en la preparación de la Audiencia Pública de Reconocimiento, tanto con víctimas como con comparecientes. Este es un proceso que conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general, para el restablecimiento del tejido social fracturado en Dabeiba y, por conexidad, en Medellín, Ituango y Turbo.