El expresidente César Gaviria envió una contundente carta al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, en la que habla de “rebeldía” e incumplimiento de los fallos judiciales de parte del presidente Gustavo Petro y algunos de sus ministros. En el documento de siete páginas expone las salidas en falso del gobierno y habla de las reformas (especialmente la salud) y la manera como la Casa de Nariño ha intentado hacerles el quite a los fallos judiciales.
“He constatado con enorme preocupación que, a lo largo de estos dos años, el gobierno del presidente Petro ha incrementado sus posturas contrarias a la Constitución y al debido respeto a las instituciones democráticas. He expresado mi desacuerdo con las tendencias autoritarias del presidente Petro. El gobierno ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones ya aprobadas por comisiones constitucionales del Congreso”, se lee en el encabezado de la misiva.
Gaviria dijo que la Corte tiene la función de salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución.
“Los demás poderes públicos, en especial el Ejecutivo, deben no solo respetar, sino también cumplir sus fallos. Sin embargo, el actual Gobierno nacional ha cumplido las decisiones de la Corte Constitucional de manera parcial. El ministro de Hacienda ya informó que no pagará las deudas del 2022, y el gobierno tampoco parece dispuesto a acatar las decisiones tomadas por las comisiones constitucionales del Congreso. En el caso de la salud, las decisiones de la Comisión Séptima del Senado disponen conservar lo que resta del actual sistema”, expresó textualmente el exmandatario.
Sin embargo, según el líder del liberalismo, ante varias decisiones judiciales, “la reacción del Gobierno Petro ha sido incumplir las sentencias y atacar a la Corte Constitucional. Cada vez que la Corte emite un fallo contrario a sus ideas, el presidente Petro expresa y acusa que le dieron un golpe blando. En realidad, cada vez que desacata una sentencia judicial, él es quien da un golpe blando a la Constitución, al Estado de derecho y a nuestras instituciones democráticas. Por ejemplo, ha afirmado que la Corte ‘regala impuestos’ a las empresas y ha amenazado con reducir el presupuesto de la Rama Judicial en represalia por fallos que no le son favorables. Estas acciones son, en realidad, los verdaderos golpes blandos contra la Constitución”, expresó.
Y añadió: “Las posiciones del gobierno van en contravía de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se han materializado de dos maneras: en el desconocimiento de los fallos y en el incumplimiento de órdenes específicas. En primer lugar, en las discusiones sobre la reforma a la salud y las acciones que debe implementar el gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema, se han desatendido y distorsionado las sentencias de la Corte. El gobierno ha sostenido que la participación de particulares en el sistema de salud es incompatible con el carácter fundamental de dicho derecho, una tesis que nunca ha sido sostenida por la Corte y que, de hecho, no podría serlo, ya que el artículo 49 de la Constitución contempla expresamente la participación de entidades privadas en la prestación de servicios de salud”.
César Gaviria puso ejemplos en su carta, entre ellos, la propuesta del gobierno de estatizar el servicio de salud y acabar con las EPS fue derrotada en un fallo de la Corte Constitucional.
“Sin embargo, en lugar de acatar y respetar esta decisión democrática, el gobierno optó por propiciar deliberadamente el colapso anunciado desde los inicios de su administración por la exministra de Salud. Ante la imposibilidad de estatizar la salud mediante una ley de la República. Desde 2023, no se ha actualizado correctamente la Unidad de Pago por Capitación ni se han desembolsado los recursos correspondientes a los Presupuestos Máximos, lo que ha llevado a una progresiva desaparición de las EPS”, añadió textualmente Gaviria.
Además -recordó el expresidente- “el gobierno ha intervenido arbitrariamente las EPS por no cumplir con los índices de solvencia financiera, una situación que, en muchos casos, ha sido provocada por el incumplimiento de las obligaciones financieras del Estado”.
“El gobierno ha ignorado su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud. Ha retrasado repetidamente el pago corriente de los Presupuestos Máximos a las EPS, acumulando entre tres y cuatro meses sin realizar los respectivos giros, lo que representa un déficit de casi un billón de pesos. Además, hasta el 29 de febrero de 2024, aún no se habían saldado las deudas correspondientes a los ajustes de 2022 y 2023, que ascienden a 820.000 y 900.000 millones de pesos, respectivamente. Gracias a la intervención de la Corte Constitucional, que ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social realizar estos pagos en un plazo de 45 días, como lo disponía la sentencia original, el sistema ha logrado evitar su colapso total ante esta situación injustificada e ilegal”, advirtió.
Después de hacer un análisis sobre el sector salud hoy, César Gaviria remató: “La palabra sobre la importancia de alcanzar consensos son borrados por mensajes pugnaces. Hay que decirlo de manera vehemente: cualquier acuerdo político debe suponer el acatamiento a todas la sentencias judiciales y el respeto por el pluralismo democrático. Otra cosa bien diferente es concurrir en asuntos donde pueda haber un interés común, pero para que haya posibilidad de acuerdo político la premisa es el cumplimiento de las providencias judiciales y la pluralidad de ideas que enriquece el debate democrático”.