El cese bilateral al fuego con cinco de los más temidos grupos criminales y narcotraficantes de Colombia, anunciado por el presidente Gustavo Petro casi a la medianoche del pasado 31 de diciembre, fracasó. Tres meses después, no se evidencian los resultados que el Gobierno esperaba. Así queda claro en un preocupante informe que consolidaron más de 700 organizaciones de la sociedad civil y que se será divulgado en los próximos días.
La Coordinadora Humanitaria, un espacio de convergencia que une a múltiples grupos sociales de zonas golpeadas por la violencia en torno al respeto del derecho internacional humanitario (DIH), reporta al menos 219 posibles violaciones al cese al fuego bilateral en 15 territorios.
La organización alerta sobre la vulneración de derechos por parte de las estructuras en tregua, cuyos frentes continúan sus operaciones criminales, llevando a cabo asesinatos, atentados, hostigamientos, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamientos y tomas territoriales.
SEMANA accedió al documento en el que se asegura que hubo un aumento de hechos violentos en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caribe, Chocó, Guaviare y Nariño, si se compara con el panorama en diciembre de 2022, antes de que el Gobierno Petro anunciara el cese. De acuerdo con el informe, las afectaciones más frecuentes son los desplazamientos masivos y confinamientos, los cuales son producto de los enfrentamientos entre los actores armados y demás acciones hostiles en Nariño, Caquetá, Chocó, Arauca y Cauca.
“Para enero de 2023 se registró un incremento en las amenazas individuales y colectivas, así como restricciones a la movilidad de la población, especialmente en Guaviare, Santander, Bolívar, Cauca y Norte de Santander, y que ha derivado en una mayor afectación a la población civil, en especial, niños, niñas y adolescentes, liderazgos sociales, y comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas”, denuncia la Coordinadora Humanitaria.
La estructura que más hechos violentos ha perpetrado, según el reporte, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, con más de 101 ataques en el país. Dicho grupo criminal estuvo casi todo el trimestre en cese al fuego bilateral con el Gobierno, el cual fue suspendido el pasado 20 de marzo.
El segundo grupo que más perpetró acciones violentas fue el estado mayor central de las Farc, nombre que adoptaron las disidencias de Iván Mordisco desde el decreto de cese al fuego. Se les señala de ser los presuntos responsables de 77 violaciones al cese al fuego.
Por otro lado, está el ELN que desde el principio se distanció del cese al fuego, con 59 actos de violencia en lo que va del año. Le sigue la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, que supuestamente estaría detrás de 15 violaciones a la tregua con el Gobierno. Según el informe, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada no registran violaciones al cese al fuego.
De acuerdo con la Coordinadora Humanitaria, la región Caribe ha sido la más golpeada por estos ataques (concentra el 18,3 % de las violaciones al cese al fuego). Les siguen Cauca (10,5 %), Antioquia (9,6 %), Arauca (8,2 %) y el Catatumbo (7,8 %).
Frente a esta situación, los líderes sociales que conforman la Coordinadora Humanitaria piden que el Gobierno Petro tenga en cuenta su seguridad y derechos en medio del proceso de diálogo de la paz total.
“Ha habido una continuidad de los eventos violentos que se esperaba que se desescalaran con el cese al fuego bilateral, y eso evidentemente no pasó. Existen unos decretos que no se están cumpliendo y se necesita, sí o sí, anteponer el tema humanitario. Se debe avanzar en puntos humanitarios porque están matando a la gente. Debe ser el primer factor, antes de cualquier negociación o como precondición”, advirtió Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos en la corporación Vivamos Humanos, que hizo parte del informe.
En entrevista con SEMANA, Mejía advirtió que la violencia puede aumentar aún más en los próximos meses por las negociaciones. “Habrá un incremento de eventos violentos porque los grupos armados van a medir fuerzas. La gente está preocupada porque, evidentemente, cuando se ponen a ver quién llega más fuerte a la mesa, nosotros vamos a ser los más afectados. Además, tendremos un contexto electoral que siempre aumenta la violencia”, agregó.
Hablan líderes sociales
SEMANA conversó con líderes sociales de los territorios más golpeados por la violación del cese al fuego, quienes manifestaron una profunda preocupación por la presencia y hostilidad de los grupos criminales.
Anny Páez Martínez, lideresa de la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio, manifestó que saludan la intención del Gobierno de llegar a una paz total, pero aseguró que es urgente que se tenga en cuenta la seguridad de las comunidades en medio del proceso.
“Desde enero para acá se mantienen los hechos violentos. En algunos casos y regiones, se ha venido agudizando y hay que destacar que la mayoría de los hechos vienen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, dijo Martínez.
Por otro lado, denuncia hechos violentos en territorios que antes no eran objeto de ese tipo de acciones y hostilidad contra el campesinado, que van desde la instalación de minas antipersona en sus terrenos hasta la desaparición forzada de al menos 15 habitantes de la zona.
“La fuerza pública hace presencia, pero no actúa frente a lo que nos ocurre. Nadie se ha pronunciado, es como si todos tuvieran oídos sordos”, agregó.
José David Vega, líder de Córdoba, habló sobre el impacto de la violación del cese al fuego en el departamento, denunciando asesinatos a campesinos. “No fue pertinente decretar un cese al fuego y no tener protocolos para el seguimiento. Si no hay protocolos, obviamente se pueden cometer violaciones porque no hay reglas claras”, indicó el líder campesino.
Desde el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano denuncian que el Gobierno no ha tenido en cuenta a las comunidades de la región Caribe en el proceso de la paz total.
“No somos llamados o tenidos en cuenta. Necesitamos estar en esas mesas de negociación y nada, no hay forma. Uno se siente triste, porque teníamos esperanzas. No estamos viendo ni cese al fuego ni paz total, porque sin nosotros no puede haber”, manifestó un líder social de Magdalena, que prefiere no revelar su nombre.
Rubén Zamora, líder de la región del Catatumbo, señala que se ha sentido la tregua de los grupos que aún continúan en el cese al fuego, pero denuncia que el ELN atemoriza a la comunidad. “Ataques a la fuerza pública, hostigamientos, asaltos como el del municipio del Carmen, campos minados y detonaciones de bombas. Esto también afecta a la población civil. La implementación de los mínimos humanitarios y mecanismos de verificación son una necesidad para el territorio”, solicitó.
Si bien la Coordinadora Humanitaria apoya al Gobierno en su intención de construir la paz total, hace solicitudes de carácter urgente para que se vigile el cese al fuego, se pacten mínimos humanitarios para proteger a las comunidades y se incluyan a los líderes en las conversaciones.
La Coordinadora Humanitaria publicará el informe el próximo martes 25 de abril en un acto que contará con la presencia del Ministerio de Justicia. Allí se recibirán las peticiones de los líderes que viven en las zonas golpeadas por el conflicto. Con las denuncias, es claro que el Gobierno se olvidó de las comunidades, quienes piden ser el centro de los diálogos de paz y que se le ponga fin a la violencia.