Sigue creciendo la polémica por la millonaria licitación, cercana a los 600.000 millones de pesos, que abrió la Cancillería para garantizar la elaboración de los pasaportes en Colombia y que por estos días tiene distanciados a dos de las dependencias más poderosas del Estado: la Casa de Nariño y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Aunque la Cancillería ha intentado demostrar que el proceso cuenta con todas las garantías, lo cierto es que cada vez aparecen más peros a la licitación y todos los oferentes concluyen que el ministro Álvaro Leyva estaría favoreciendo a la empresa Thomas Greg & Sons, que lleva más de 15 años con ese contrato.
Después de suspender el proceso y reanudarlo con unos supuestos cambios, los oferentes insistieron en que la Cancillería no hizo modificaciones de fondo y, así como están las cosas, la única empresa que podrá cumplir con todos los requisitos es Thomas Greg & Sons, lo que en Colombia se llamaría un pliego sastre o hecho a la medida.
Eso fue justamente lo que ocurrió el pasado 12 de julio, cuando solo aparecieron dos oferentes a la audiencia de entrega de propuestas: el grupo de Thomas Greg y el llamado grupo Cadena. Pero este último alegó que existiría un presunto direccionamiento de la licitación y se negó a entregar toda la documentación, lo que llevaría a que el proceso tenga un solo oferente: Thomas Greg & Sons.
SEMANA tuvo acceso a las comunicaciones que enviaron algunos oferentes interesados en la licitación, donde opinan en la misma línea sobre una serie de presuntos favorecimientos e irregularidades en el proceso de contratación, incluso después de la suspensión y las modificaciones de que fue objeto el proceso.
Uno de los que se pronunció fue IN Group, que a través de su representante legal dejó constancia del tema con una carta enviada al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con las observaciones al proceso de licitación de los pasaportes.
“Nos preocupa que a pesar de la intervención de los órganos de control y del eco que hemos encontrado en ellos con cada una de nuestras observaciones, se mantengan los condicionamientos enunciados que han sido ampliamente difundidas en distintos medios de comunicación colombianos, en donde se ha dado a entender que existen presuntos favorecimientos e irregularidades en el proceso de contratación”, señaló.
Entre los condicionamientos resaltan el plazo de implementación y la entrega de muestras con condiciones difíciles de satisfacer por oferentes distintos al prestador actual, así como el otorgamiento de puntajes adicionales a requerimientos, que, a su parecer, violan los tratados internacionales, como lo es la sede de contingencia en Estados Unidos.
Mühlbauer ID Services GmbH también envió una misiva al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha del 7 de julio de 2023, con el fin de entregar sus observaciones y las solicitudes en el proceso de licitación para la expedición de los pasaportes en Colombia.
“Las condiciones que se incluyen en el pliego de condiciones, sus anexos y las respuestas dadas por la entidad resultan imposibles de cumplir incluso para las empresas más reconocidas del mercado internacional y obstaculizan deliberadamente la pluralidad de oferentes y la libre competencia”, señalaron en la misiva.
Todo lo sucedido con esta licitación ha generado incomodidad en la oficina jurídica de la Presidencia, a cargo de Vladimir Fernández, quien incluso envió mensajes a la Cancillería comentando sus inquietudes, especialmente por la falta de pluralidad de oferentes en el proceso.
No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que todo se ha llevado de manera transparente y objetiva, según los principios de contratación.
Fuentes de la Cancillería le confirmaron a esta revista que sí ha habido comunicación con la Casa de Nariño sobre esta licitación, pero que todo ha sido dentro del respeto y por los canales establecidos.
Distanciamiento por Benedetti
Apenas 15 días antes de este suceso, se produjo otra tensión entre la Cancillería y la Presidencia de la República, que involucró directamente al canciller Álvaro Leyva y al presidente Gustavo Petro.
Todo se dio por cuenta de la decisión que se tomó en el Gobierno nacional de ampliar el plazo de entrega del cargo del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hasta el 19 de julio de 2023.
Uno de los principales argumentos para tomar la decisión es que, “con posterioridad a la aceptación de dicha renuncia, el señor Armando Alberto Benedetti Villaneda manifestó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto, debido a la multiplicidad de asuntos pendientes que incluyen temas administrativos, presupuestales, de organización e implementación relacionados con la reapertura de la embajada y todos aquellos que se relacionen con su cargo diplomático”, señala el decreto.
Lo que más llama la atención es que, desde el pasado 2 de junio, Benedetti presentó su renuncia al cargo, en medio del escándalo de los audios revelados por SEMANA en los que el embajador y la exjefa de gabinete Laura Sarabia conversan sobre un supuesto dinero que habría ingresado a la campaña presidencial de Petro.
No obstante, llamó la atención que este decreto no estaba firmado por el canciller Álvaro Leyva. Según conoció SEMANA, el ministro se negó a firmar el documento al considerar que Benedetti no es una persona idónea para un cargo diplomático; incluso, lo llamó “drogadicto” en su momento.
El asunto es que la orden de prolongar el período de Benedetti vino directamente del presidente Petro, por lo que fue el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, quien tuvo que firmar el documento. Se aprovechó que ese 20 de junio Leyva estaba con Petro en Francia para que Salazar firmara el decreto.
El embajador de Colombia en Nicaragua y su polémica
El otro episodio que demostró las diferencias de criterios que existen entre las dos entidades fue lo sucedido con el embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien enfureció a gran parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro porque apareció en una marcha de respaldo a la dictadura de Daniel Ortega y mostró su apoyo al régimen de Daniel Ortega.
A pesar de que el ministro Leyva estaba muy molesto e incluso se pensó en sacarlo del cargo, desde la Casa de Nariño pidieron revisar con más calma la situación, por lo que Muñoz, si bien fue reconvenido, no saldrá del cargo, por ahora.
A Muñoz le redactaron un memorando en su contra con copia a la hoja de vida y lo sometieron a una reinducción diplomática. Recordemos que todos los funcionarios, antes de posesionarse en embajadas y consulados, deben hacer un curso que les orienta ciertas normas de conducta en sus países de destino. En el caso de Muñoz, deberá nuevamente someterse a los talleres. Pero seguirá en su cargo como diplomático en Nicaragua.