Aunque la seguridad en el país está fuera de control y los grupos criminales tienen atemorizados a los colombianos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió suspender un debate de control político en la Cámara de Representantes, donde se le estaban pidiendo explicaciones al Ejecutivo sobre el recrudecimiento de actos terroristas en todo el país.
Velasco no tuvo problema en decirles a los congresistas que el debate podía continuarse sin problema alguno la próxima semana y que se hiciera una condecoración que estaba programada en la Cámara de Representantes.
“Quiero hacer una solicitud y estoy seguro de que nos vamos a unir todos los colombianos. Suspendamos el debate aquí, lo continuamos el jueves y dediquémonos a agradecerles a nuestras campeonas de fútbol como lo merecen”, dijo el ministro del Interior.
Velasco hizo referencia a un homenaje que estaba programado para las jugadoras de la selección femenina de fútbol tras su exitosa participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
Aunque nadie refutó al ministro porque las futbolistas merecen la condecoración, lo que se cuestionó fue que haya pedido suspender el debate en su totalidad cuando se hubiera podido hacer una pausa y reanudarlo tras el homenaje.
Varios congresistas indicaron que el ministro Velasco está fuera del lugar y que no le está dando la importancia necesaria a la seguridad de Colombia, a pesar de los llamados de todos los gobernadores y ciudadanos en el país que están cansados de que los criminales estén mandando en las regiones.
Incluso en el debate que se estaba adelantando, se pidió la renuncia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, al considerar que no ha dado resultados y está permitiendo que los grupos criminales se fortalezcan en Colombia. Esta petición la hizo el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
La molestia en el Congreso radica en que el ministro Velásquez no asiste a los debates de control político para hablar de la inseguridad en el país y porque se siente que nadie del Gobierno Petro está escuchando en medio de asesinatos, masacres, secuestros, extorsiones y otros delitos que se están cometiendo a diario.
A juicio de los congresistas, Velasco está dando muestras de que no le interesa la situación de orden público en Colombia y que no hay nadie en el Ejecutivo que responda por este asunto.
El debate fue citado por los representantes a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical; Duvalier Sánchez, del Partido Verde, y José Jaime Uscátegui y Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático.
En esta sesión, los congresistas quisieron abordar las principales problemáticas que hoy enfrentan los colombianos: incremento en la inseguridad ciudadana, fortalecimiento de grupos criminales, legitimidad de los diálogos que se están adelantando con estructuras al margen de la ley, implementación de la política de ‘paz total’ y amenazas que existen frente a las elecciones de octubre y que han generado una alerta electoral.
Frente al debate de control político, el representante a la Cámara Julio César Triana afirmó: “Colombia está viviendo un incremento alarmante en delitos como extorsión, hurto y secuestro. Solo por mencionar un dato: la extorsión ha aumentado en un 43 %, frente a las cifras del primer cuatrimestre de 2022. Entre enero y abril de 2023 hubo 3.523 casos de extorsión, convirtiéndose en la estadística de criminalidad más alta en ese mismo periodo en la última década”.
Y puntualizó: “Es increíble que el presidente de la República siga diciendo que el país va bien, cuando las cifras sobre criminalidad, que no mienten, están disparadas”.
Para el congresista, ya es momento de que los jefes de las carteras de Defensa y del Interior asuman su responsabilidad por la falta de una estrategia clara para combatir la delincuencia en las regiones.
Al debate de control político también fueron llamados en condición de invitados el defensor del Pueblo, Carlos Camargo; el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez; el director general de la Policía, general William Salamanca Ramírez, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.