El presidente Gustavo Petro advirtió que hay una “ruptura institucional” en Colombia. Desde su cuenta en X lanza trinos constantemente en los que denuncia que se está orquestando un “golpe blando” en su contra desde otras instituciones. Es más, ha dicho que algunos quieren que se vaya antes de que termine su periodo presidencial en 2026.
¿Hasta dónde es cierto lo que dice el mandatario, reconociendo que es dueño de sus prevenciones? SEMANA conversó con expertos, quienes señalaron que no hay tal golpe en marcha y, por el contrario, afirman que los organismos de control, como la Procuraduría o la Fiscalía, han tomado decisiones en el marco de sus funciones que han afectado a la Casa de Nariño o al entorno más cercano de Petro. Dichas actuaciones, eso sí, no han sido del agrado del presidente ni tampoco de sus seguidores.
Por ejemplo, la procuradora Margarita Cabello tuvo que ratificar en tres ocasiones la suspensión de Álvaro Leyva del cargo de canciller por las presuntas irregularidades que permearon la licitación del contrato de pasaportes. Por su parte, la Fiscalía investiga la financiación de la campaña presidencial de Petro y avanza el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El constitucionalista Juan Manuel Charry señaló: “Lo que hay es el ejercicio de las funciones de control por parte de la Procuraduría y la Fiscalía. Lo que hay es un sistema de pesos y contrapesos, de independencia de poderes que, en mi opinión, se da en un contexto de polarización política de un Gobierno que proviene de la oposición, que tienen una alta prevención frente al ejercicio de los controles y que debería afrontarlos por los canales institucionales. No hay rupturas institucionales y debemos dejar que las instituciones funcionen”.
Pero la visión del presidente Petro es ajena a esa perspectiva. Él asegura que en el país se está dando una seria “ruptura constitucional” por el hecho de que la Fiscalía investiga las cuentas de su campaña (los 15.000 millones de pesos de los que habló Armando Benedetti y los 500 millones de pesos de Fecode) y asevera que desde el ente acusador estarían buscando su salida de la presidencia.
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que en Colombia no hay un golpe de Estado: “El presidente sigue en ejercicio de sus funciones. La Fiscalía viene recogiendo presuntas irregularidades que se cometieron en su campaña, pero eso es algo elemental que deben hacer las autoridades.
La Fiscalía está en la obligación de investigar esas conductas y el hecho de que actúen las autoridades judiciales no demuestra un golpe, sino que estamos en un Estado de derecho donde hay pesos y contrapesos. No veo fundamento para decir que hay un golpe blando; al contrario, se desconocieron las funciones de la Procuraduría”.
La ‘ficción’ del golpe
Justamente, la Corte Suprema fue blanco del asedio de los manifestantes que intentaron presionar la votación de los magistrados a la terna de candidatas a fiscal, desconociendo que ha sido habitual que ese recinto se tome su tiempo para estudiar y elegir al encargado del ente acusador.
Sin ir muy lejos, durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la transición al Gobierno de Juan Manuel Santos, la Fiscalía tuvo 16 meses de interinidad. Para el jefe de Estado, la no pronta elección de fiscal es un golpe blando, pero esas demoras son habituales dentro de un sistema en el que los magistrados se han tomado su tiempo en dirimir.
El exprocurador Jaime Bernal señaló que el golpe blando “es una ficción que ha montado el señor presidente para justificar un sinnúmero de errores que ha cometido, como la violación a las demás ramas del poder público, lesionando un poco la autonomía de la rama judicial e invadiendo las competencias de la rama judicial. Se está intentando asediar la autonomía de las cortes y trata de entrometerse en las competencias de las cortes, ha montado la idea totalmente injustificada de un golpe blando”.
Sin embargo, el presidente Petro lleva ocho días sin soltar su teoría de que la Fiscalía, a su juicio, está articulando una ruptura institucional. En palabras del jefe de Estado: “La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”.
Ante la pregunta de si hay un golpe en Colombia, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez respondió: “No se puede decir que hay un golpe, inclusive con ese agregado de golpe blando que nadie ha definido, por el hecho de que existían investigaciones disciplinarias o penales contra funcionarios del Gobierno. Hay unas investigaciones dentro de los canales normales de la Constitución. No veo riesgo de una ruptura institucional, lo único que hay que pedir es que cada quien haga lo que debe aplicando la ley”.
El presidente Petro cumple una semana sosteniendo la hipótesis de que las decisiones proferidas (y las que se tardan) por la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia son un intento de golpe contra su administración.
Pero esa hipótesis no cala entre exprocuradores, exfiscales y exmagistrados, que en medio de todas las decisiones de los últimos días no ven una ruptura institucional, sino a las instituciones trabajando y cumpliendo con la Constitución. Ningún demócrata en el país podría apoyar un golpe de Estado contra Petro o cualquier otro Gobierno. Si Palacio tiene pruebas sólidas, debe hacer la denuncia por las vías legales.
Basta recordar, por ejemplo, que el exgerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, fue condenado, o que el expresidente Samper tuvo que enfrentar el proceso 8.000. Duque también se sometió al escrutinio de la justicia durante su mandato, al igual que Uribe, Pastrana y Gaviria. La ley es para todos.