El 10 de febrero, sobre las 6:30 p. m. en el Hospital Militar, falleció a la edad de 62 años el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Su defunción ocurrió por una falla cardiaca mientras él estaba cumpliendo su condena, ¿por qué lo judicializaron?
Como tal, el exalcalde estaba privado de la libertad por tres condenas: delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en el contrato. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia rebajó dos de estas penas.
Moreno fue alcalde de Bogotá desde 2008 hasta 2011. Luego de ser el vencedor de la consulta interna realizada en el Polo Democrático Alternativo, fue el candidato de aquel partido para las elecciones regionales de 2007. En ese entonces, contó con el apoyo del actual presidente Gustavo Petro y de Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.
Durante su campaña, tuvo más de una polémica, como lo fue el debate del 22 de octubre en el cual afirmó que no dudaría en comprar 50 votos para salvar de la ciudad de alguien que haya comprado 50 mil. También se recuerda el recelo que tuvo por ser un candidato catalogado de pertenecer a una corriente política de izquierda.
Sin embargo, Moreno fue electo el 28 de octubre como alcalde de la capital, tras obtener más del 43% de las votaciones. El candidato por el Polo tuvo 300 mil escrutinios de ventaja sobre los de su homólogo, Enrique Peñalosa, quien quedó en la segunda posición. Para ese momento, fue la votación más alta en la historia de Bogotá.
Entre sus diferentes proyectos, decretó el acceso gratuito a la educación en las instituciones públicas de colegio de primaria y secundaria. En relación a esto, también se construyeron cuatro colegios y se terminaron de desarrollar 14 que estaban adjudicados desde la administración anterior. Por otro lado y en el marco de la Copa Mundial Sub-20, se encargó de llevar a cabo remodelaciones para el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
Cabe mencionar que, al igual que otras alcaldías, también invirtió gasto público en los estudios para la construcción del Metro. El dinero dispuesto a esto fue de aproximadamente 20 mil millones de pesos, pero cuando se tenía pensado iniciar con su construcción, las inconsistencias en el proyecto generaron que se aplazara. No obstante, el momento en el que su administración se hizo conocida fue por uno de los mayores escándalos de corrupción que ha tenido Bogotá, el ‘Carrusel de la contratación’; el cual fue el que lo tuvo privado de la libertad hasta su fallecimiento.
El carrusel de la contratación surgió de una denuncia que llevó a cabo el concejal Carlos Fernando Galán, en la cual habían presuntas irregularidades en una de los principales obras que se estaban ejecutando en la ciudad en esa época. Bajo la administración de Moreno, se llevó a cabo la construcción de la troncal de TransMilenio por la calle 26, adjudicada ese año y prevista para terminar en 2011.
Sin embargo, el problema de la construcción era que no se entendía porque durante varios meses estuvo quieta, sin ningún avance y con la obra con aparente retraso. Con esa denuncia en curso, la empresa del Grupo Nule - de los hermanos Miguel, Manuel y Guido- era la principal contratista de la obra y afirmó a finales de 2009 que se encontraba en serias dificultades económicas, las cuales estaban impidiendo la correcta ejecución de la construcción.
El detonante o la caja de Pandora de esa situación se expuso en 2010, cuando se dieron a conocer pruebas en las cuales más de 80 mil millones provenientes de anticipos para la obra de la calle 26 fueron desviados para otros intereses de la empresa contratista. Es por ello que, en sus funciones como autoridad distrital, Moreno ordenó la cesión del contrato a las empresas Transvial y Conalvías.
El 20 de marzo del mismo año, el contratista Alejandro Botero denunció ante la Contraloría y la Fiscalía un serie de adjudicaciones de contratos irregulares encabezados por el empresario Julio Gómez, y el abogado Emilio Tapia, quienes supuestamente estaban detrás una red de corrupción que se estaba apoderando de los contratos de construcción en Bogotá valorizados en 289 mil millones de pesos.
También reveló los nexos de los responsables con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano y de Leonardo Echeverri, asesor de Moreno. Ese mismo año, el contralor Miguel Ángel Moralesrussi reveló un hueco fiscal generado desde la Alcaldía sobre las obras, el cual superaba los 500 mil millones de pesos. Además, reveló intensiones por parte del senador Iván Moreno Rojas (hermano del alcalde) de sacar provecho del dinero para la construcción de una autopista que conectara Bogotá con Girardot, la cual también estuvo en retraso y bajo la responsabilidad de los Nule.
Adicionalmente, Botero declaró que Moralesrrusi también estaba relacionado con el llamado ‘Cartel de la contratación’. Aunque destapó los intereses ocultos del hermano de Samuel Moreno, se mencionó que siendo contralor obtuvo comisiones del 2% por todo el proceso legal contra los empresarios. Quien se encargaba de adjudicar esa comisión fue German Olano, congresista de la República. Con todo esto, ¿Qué tuvo que ver el alcalde fallecido? Resulta que este situación puso en duda la cesión del contrato, la cual fue ordenada por Moreno y también se sospechó que tuvo responsabilidad de todo el carrusel, debido a que ocurrió durante su administración.
Desde enero de 2010 empezaron las capturas y judicializaciones contra los responsables. En noviembre Miguel Nule declaró ante la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. También se abrió un pliego de cargos contra funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano e Iván Moreno fue detenido y acusado.
Ese mismo año, el procurador Alejandro Ordóñez suspendió a Moreno de la Alcaldía, debido a que se encontraron pruebas que demostraban un incumplimiento en la vigilancia de la gestión de recursos públicos en el cumplimiento de los contratos. Acto seguido la Fiscalía formuló un pliego de cuatro cargos contra él: prevaricato por omisión, concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación.
Seis años después, Moreno fue condenado a 24 años de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. Las pruebas en su contra fue que él fue el responsable de entregar comisiones superiores a más de seis mil millones de pesos a concejales y congresistas, provenientes de un contrato de ambulancias.
Tan solo tres años después, fue sentenciado a 39 por su participación en los contratos de la reparación de la malla vial del tramo de la fase III de TransMilenio. Además, fue condenado a 30 años por la apropiación de 30 mil millones de pesos de la concesión de los contratos de TransMilenio para la calle 26. De las tres condenas, la tercera era la única directamente ligada con el escándalo con los Nule; pero las otras dos también tuvieron que ver con contratos.
No obstante, el 16 de noviembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SP3807-2022 ratificó una de sus condenas y redujo las otras dos. En primer lugar, las condenas relacionadas con los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos tuvieron una rebaja, quedando de 11 años y diez meses. Sin embargo, la condena del delito de peculado se mantuvo en firme.