En octubre de 2021, en el gobierno de Iván Duque, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022. Uno de los detalles más llamativos de la propuesta es que incluía una modificación a la Ley de Garantías, la cual prohibe, entre otras cosas, que las entidades estatales y territoriales celebren ciertos contratos directos durante cuatro meses antes de una elección como medida anticorrupción.
Sin embargo, bajo el argumento de la reactivación económica después del covid-19, el presidente logró aprobar que la nación pudiera celebrar contratos interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al PGN.
En medio de su trámite por el Congreso, la iniciativa del Gobierno fue ampliamente criticada por la oposición, liderada por el entonces senador Gustavo Petro. Uno de los argumentos en contra fue que se tramitó una modificación a una ley estatutaria por medio de una ley ordinaria.
Se trata de un debate similar al que actualmente envuelve la reforma a la salud propuesta por la administración de Gustavo Petro. Mientras el mandatario argumenta que se trata de una ley ordinaria, opositores, independientes y miembros de la bancada oficialista advierten que se debe tramitar como ley estatutaria.
Si bien ahora defienden que la reforma a la salud se tramite como ley ordinaria, en su momento, toda la izquierda reprochó el vicio de trámite cometido por el Gobierno Duque. Uno de ellos fue David Racero, quien ahora es el presidente de la Cámara de Representantes.
“Los jueces nos darán la razón. La modificación de la Ley de Garantías (reforma estatutaria) no pudo ser modificada en la ley de presupuesto (ley ordinaria). Vicio de trámite. Es inconstitucional”, manifestó el parlamentario en 2021.
Roy Barreras, por su parte, demandó la eliminación de la Ley de Garantías por, entre otras cosas, haber sido tramitada y aprobada como ley estatutaria. Esto también lo hizo Luis Fernando Velasco, ahora alto consejero para las Regiones.
Gustavo Petro, quien ahora está del otro lado de la situación, aseguró que la ley debía ser revisada por la Corte Constitucional, dado que modificaba la ley estatutaria.
“Cualquier aplicación del levantamiento de la ley de garantías sería ilegal. Al ser una norma estatutaria debe ir a control previo de la Corte Constitucional, si lo aplican sin este trámite, los funcionarios estarán prevaricando. El presidente del Congreso debe, de inmediato, enviar los artículos que son normas estatutarias, aprobadas en la ley del presupuesto a revisión previa de la Corte Constitucional, sin veredicto de la Corte, no tienen aplicación legal”, manifestó el entonces senador.
Luego, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la modificación de la Ley de Garantías, avalada por el Congreso y sancionada por el expresidente Iván Duque. Todo por una falla en el trámite por haberla tramitado por ley ordinaria y no estatutaria.
A pesar de que la izquierda se opuso ferozmente a la modificación de la Ley de Garantías por los vicios de trámite, hoy en día defienden que la reforma a la salud sea tramitada como ley estatutaria. Todo esto a pesar de que la Corte Constitucional sea clara al recalcar que una ley orgánica no puede ser modificada por una de menor jerarquía.
Mientras David Racero, presidente de la Cámara, intentó continuar con el trámite, varios congresistas apelaron a la decisión, pidiendo que se tramite como estatutaria y por medio de la Comisión Primera de la corporación. Algunos conocedores temen que, de no realizarse el debido trámite, la reforma puede caerse de la misma forma en la que la Corte Constitucional tumbó la modificación de la Ley de Garantías del expresidente Iván Duque.