En Colombia siempre se ha dicho que la democracia no tiene precio y que los procesos electorales deben asumir los altos costos que acarrea la convocatoria a las urnas de los ciudadanos. Sin embargo, este camino está claro cuando se hacen procesos electorales para elegir cargos de elección popular o hacer uso de algunos de los mecanismos de participación ciudadana como: el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa o normativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto.
Con la propuesta del Gobierno Petro de adelantar una constituyente, idea que será impulsada por Juan Fernando Cristo desde el Ministerio del Interior, ha surgido la duda sobre los costos que tendría esa propuesta que se hizo, por última vez, en 1991.
SEMANA consultó a la Registraduría General de la Nación por el costo de este proceso, si se llegara a dar, por lo que la entidad contestó que sería prácticamente el valor de la primera vuelta presidencial de 2022, es decir, 860 mil millones de pesos aproximadamente.
Sin embargo, para que el proceso salga adelante, se necesita que sea aprobado en las urnas con la participación de la tercera parte del padrón electoral (que es de 40.574.168 personas, según el censo con corte 2 de julio de 2024). Es decir, el Gobierno tendría que sacar al menos 13.524.723 votos en las urnas en ese proceso para seguir adelante.
Antes, el Congreso deberá aprobar que se lleve a cabo esa consulta a la ciudadanía en las urnas, lo que significa otra dificultad para el Gobierno, aunque como ya lo ha expresado el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta será una de las prioridades para la nueva legislatura que comenzará el próximo 20 de julio.
Si estos pasos llegaran a aprobarse, nuevamente se convocaría a los colombianos a las urnas para elegir a los constituyentes de planchas que presentarían los diferentes sectores del país y ese costo estaría alrededor de unos 600 mil millones de pesos, costo similar al de las elecciones al Congreso en 2022.
Adicionalmente, habría otros gastos como los honorarios de los constituyentes y otros temas económicos que deben ser contemplados, por lo que el proceso de la constituyente puede superar perfectamente los 1,5 billones de pesos para su ejecución.
El dinero, por supuesto, saldría de lo que pagan todos los colombianos en sus impuestos y el Gobierno Petro debería asignar los recursos para la organización electoral. No obstante, al margen de la discusión política, el asunto de fondo es si vale la pena hacer una inversión tan grande en un proceso que seguramente no prosperaría en las urnas.
Además, 2026 será un año electoral en el cual también se deberán usar unos dos billones de pesos para las elecciones al Congreso y, posteriormente, las presidenciales.
Por ahora, todo es incertidumbre porque nadie tiene claro sobre qué realmente es lo que tiene en la cabeza el presidente Gustavo Petro y el 20 de julio, fecha en la que se instalará la tercera legislatura, se sabrá si el Ejecutivo radicará el proyecto de ley que le daría vida a la constituyente.
Mientras todo esto ocurre, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, empezará a concretar una serie de reuniones con los diferentes sectores políticos, económicos y sociales para intentar consolidar el denominado acuerdo nacional que daría impulso a dicho proceso constituyente.