Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, denuncia dos contratos del Ministerio de las TIC que, a través de contratación directa, entregan más de 10.000 millones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), uno de los actores más fuertes dentro de las protestas sociales a favor del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El primero se suscribió el 9 de julio de este año, por $ 8.289.594.500 y con una duración de 540 días, culminando el 31 de diciembre de 2025.

Este tiene como objetivo “aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para facilitar espacios de participación ciudadana y la creación de contenidos multiformato para la inclusión social digital, en cumplimiento de los compromisos concertados entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

Uno de los compromisos del Cric, luego de recibir los recursos, es “dar reconocimiento” al Ministerio de las TIC en las piezas creadas.

Con esos recursos deberán presentar 165 piezas promocionales para difundir las “premingas de arte indígena”. También deberán hacer 14 eventos regionales y producciones sonoras, así como informes técnicos de que se llevaron a cabo estos requisitos.

El segundo contrato, suscrito el 20 de agosto de este año, entrega al Cric $ 2.214.300.000 por contratación directa, con una duración de 715 días, que terminan el 31 de julio de 2026.

El objetivo de este es “aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para facilitar acciones de capacitación y producción de contenidos TIC desde la voz y la perspectiva de los jóvenes indígenas del Cauca, en cumplimiento de los compromisos concertados entre el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

Briceño criticó los contratos entregados por el ministro Mauricio Lizcano al grupo indígena, que apoya de forma abierta al presidente de la República.

“$10.302.000.000 a dedo le entregó Mauricio Lizcano al Cric para la capacitación en creación de contenido en redes sociales a algunas organizaciones indígenas del Cauca. Tantas necesidades que tienen las organizaciones indígenas y así derrochan la plata”, escribió el cabildante y veedor del Gobierno nacional en su cuenta de X.

En días anteriores, el cabildante denunció nuevas irregularidades en el proceso de contratación relacionado con servicios tecnológicos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que tiene un valor que supera los 161.000 millones de pesos.

Briceño recordó que el Comité Distrital de Lucha contra la Corrupción citó a Natasha Avendaño, gerente del acueducto, para que explicara las irregularidades en dicho proceso. Esta audiencia pública tuvo lugar el 4 de septiembre de 2024, la misma fecha en que la EAAB recibió propuestas para la licitación del contrato mencionado.

El concejal presentó varios puntos clave que sustentan su denuncia:

1. “Modificación irregular de las reglas de contratación: la EAAB habría añadido requisitos no contemplados en sus lineamientos habituales.

2. Incumplimiento en la publicación de propuestas: las propuestas no fueron subidas al Secop, en contravención con lo estipulado por la ley.

3. Certificaciones laborales cuestionadas: la empresa Colsof S. A. incluyó certificaciones laborales firmadas por funcionarios que hoy trabajan en el Acueducto.

4. Conflicto de interés en la experiencia acreditada: Colsof S. A. utilizó un contrato estructurado por Andrés Francisco Boada, actual director de Informática de la EAAB, para acreditar experiencia. Boada estructuró dicho contrato con la Dian entre 2015 y 2019, y su supervisora en la Dian era Natasha Avendaño, actual gerente del Acueducto.

5. Relación laboral cuestionable: Daniel Rodríguez Morales, actual gerente de Tecnología de la EAAB, también certificó la experiencia de Colsof S. A. en un contrato con la Superintendencia de Servicios Públicos, justo en el periodo en que Natasha Avendaño fuer Superintendente de Servicios Públicos.

6. Vínculos anteriores entre funcionarios: “Natasha Avendaño fue superior jerárquico de Andrés Francisco Boada durante su gestión en la Dian (2012-2018) y de Daniel Rodríguez Morales durante su periodo en la Superintendencia de Servicios Públicos (2018-2022)”.

Briceño sostiene que el “cambio en las reglas del proceso de contratación”, junto con las certificaciones firmadas por funcionarios del Acueducto, “han favorecido” a la empresa Colsof S. A. en la licitación del contrato.

Ante estos hechos, el concejal exigió la suspensión inmediata del proceso y solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán la renuncia de Natasha Avendaño, argumentando que sus acciones son contrarias a los “principios de transparencia, honestidad y sensatez que la administración debería representar”.