El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, uno de los principales alfiles del petrismo, se mostró en contra de un proyecto que impulsa el Gobierno nacional. Se trata de una propuesta que busca regular la maternidad subrogada en el país, es decir, el alquiler de vientres.
“No apoyaré este proyecto que reafirma lógicas de mercantilización del cuerpo de las mujeres. Hoy, en el día de la mujer trabajadora, hago un llamado al gobierno del cambio a replantear esta iniciativa que, de lejos, va en detrimento de las luchas históricas de las mujeres”, aseguró Racero.
Racero hace referencia a un proyecto de ley que presentó el Gobierno al Congreso y que ha levantado una profunda polémica. Está liderado por el Ministerio de Justicia y, según han argumentado desde esa cartera, busca cumplir un concepto de la Corte Constitucional sobre la maternidad subrogada. El principal fin sería evitar la explotación de las mujeres con fines reproductivos.
Por ejemplo, desde el Viceministerio de Promoción de esa cartera han señalado que la prohibición de esa práctica no generará que sea erradicada y que se abre la puerta a que las menores de edad sean víctimas. Consideran que regulándola evitarán que se cometan esos delitos. Además, argumentan el derecho de libre elección de la mujer de llevar a cabo esa práctica.
La viceministra de Promoción de la Justicia, Johana Delgado, encargada de la iniciativa, afirmó que si se prohíbe no va a dejar de existir y que es una realidad que se debe reconocer. Delgado señaló que el Ministerio de Salud es coautor de la iniciativa y que se ha tenido en cuenta a la academia y asociaciones de mujeres. Aclaró que no se va a “legalizar” esa práctica, sino que se busca “reglamentar”.
Dijo que para llevar a cabo ese proceso se plantean algunas condiciones, entre ellas, que la mujer sea mayor de 25 años, entre otros.
Uno de los argumentos de la Corte Constitucional para pedirle al Gobierno que presente la iniciativa es que existe un vacío legal sobre el tema que debe ser reparado. Recalcan que desde 1988 se han presentado 16 proyectos de ley referentes a la práctica, pero ninguno ha prosperado.
Sin embargo, el tema de fondo para muchos sectores es que ese proceso de por sí ya sería violento en contra de las mujeres y muchas tendrían que aceptarlo por distintas realidades en su contexto, cultural, económico, entre otros.
“Al considerar a las mujeres como simples medios o técnicas de reproducción asistida, se las cosifica (como si el útero se separara del cuerpo) y se desconoce el principio de inalienabilidad de sus derechos. Por esto mismo puede ponerse al servicio de otras personas o parejas que no quieren o no pueden concebir por razones médicas, biológicas, personales o egoístas”, escribió la abogada María Cristina Hurtado en Razón Pública.
Varios sectores y expertos también han criticado que la propuesta haya surgido en medio del Gobierno que prometió un “cambio” y que alega tener un enfoque “feminista”. Precisamente, uno de los sectores que más se ha manifestado en contra de la posibilidad de que esta práctica se regule en el país —y en el mundo— son las feministas.
La maternidad subrogada, popularmente conocida como “alquiler de vientres”, hace referencia a la práctica en la que una mujer, supuestamente por voluntad propia, decide ‘alquilar’ su vientre para que una pareja u otras personas puedan tener un hijo a través de ella, y por ese proceso recibir un pago.
Sin embargo, eso ha llevado a profundos debates no solo morales sino éticos alrededor de ese proceso, además de que algunos sectores lo consideran “violento” en contra de las mujeres, por más que parezca que están de acuerdo en llevarlo a cabo.